La Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) le solicitó recientemente a la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, que entable una demanda formal ordinaria contra las empresas que promueven y brindan de manera no autorizada el servicio público de transporte remunerado de personas, mediante aplicaciones móviles y plataformas tecnológicas.
Otro de los puntos acordados por la Junta Directiva del CPT es solicitarle al Regulador General de los Servicios Públicos que le ordene a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), proceder a bloquear en nuestro país Uber Technologies Inc. (bajo la aplicación “Uber”), In Driver (bajo la aplicación “In Driver”) y Didi Chuxing Technology Co (bajo la aplicación “Didi”).
El CTP expone dos razones para hacer tales solicitudes:
- Las personas que se transportan en Uber y otras plataformas corren riesgos porque estos vehículos no realizan dos revisiones técnicas al año de sus vehículos.
- Se están viendo afectadas 11.400 personas concesionarias de taxi.
Las plataformas tecnológicas de transporte público (PTTP), como Uber, In Driver y Didi, están amparadas en la Constitución Política de la República en el artículo 28 que dice:
“Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”.
Es evidente que las PTTP no dañan la moral ni el orden público.
Se podría argumentar que el orden público requiere regulación mínima para garantizar normas de seguridad básicas, sanidad, cantidad de revisiones técnicas al año, etc. Sin embargo, la regulación no puede menoscabar el espíritu de este artículo constitucional en favor de la libertad de comercio, de la libertad para trabajar y de la libertad de escogencia del consumidor. Ergo, el CTP no debe tener injerencia alguna en las PTTP y, si la tuviera, su petición excede lo necesario para mantener el orden público.
Pretender regular a Uber también es contrario a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece en su artículo 23: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, …”. Por tanto, defender a las plataformas digitales de transporte público, es defender el derecho humano al trabajo.
Nadie tiene por qué pedirle permiso al gobierno para trabajar. A ninguna persona se le debe restringir su libertad para ganarse el pan con el sudor de su frente. Si somos libres, el gobierno no tiene derecho a limitarle a nadie la libertad de escoger, la libertad de trabajar, ni la libertad de disponer de su capital como mejor le convenga. Es inmoral y corrupto que un gobierno limite la cantidad de personas que deseen abrir una pulpería, importar hidrocarburos, vender divisas o trasportar personas.
Si un ser humano no está violando la libertad individual de un tercero, no hay razón alguna para que el gobierno meta sus narices. ¡Sepamos ser libres!
Es de tiranos controlar cada aspecto de nuestras vidas y de violar las libertades individuales de manera arbitraria tal y como lo propone el CTP. En este sentido, la propuesta del CTP me recuerda al fascista Benito Mussolini quien decía: “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”.
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Los taxis y el clientelismo político
El CTP fundamenta su petición argumentando que las PTTP afectan al gremio de los taxis. En otras palabras, la petición del CTP, en sus propias palabras, busca favorecer a un grupo de presión.
El clientelismo político es un acto de corrupción que se define cuando el gobierno aprueba leyes para crear privilegios en favor de los grupos de presión a costa del consumidor. En Economía, al clientelismo se le llama rent-seeking o buscadores de renta.
El mismo comunicado del CTP nos dice que fue la representante de los taxis ante la Junta Directiva del CTP, Leda Mora, quien sometió la petición a la Directiva.
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Es contrario al bien común que los gobiernos usen su poder para proteger y defender a los grupos de presión a costa del sacrificio del pueblo. Cuando el gobierno protege a un gremio, inevitablemente le pasa la factura al resto de la población porque la protección nunca es gratis. Las consecuencias del clientelismo político son: corrupción, precios más altos, menos inversión, menos empleo, menor calidad en el servicio y peor distribución de la riqueza.
Una de las maneras con las cuales los grupos de presión buscan obtener ganancias extraordinarias es promoviendo regulación que restrinja el ingreso al mercado; es decir, limitando la libre competencia. Cuando se limita o se reduce la oferta de cualquier bien o servicio, el precio siempre sube y la calidad cae.
Ejemplo de ello lo podemos observar con las medidas que toman los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Cuando ellos quieren que suba el precio del crudo, la estrategia no es fijar el precio del petróleo, sino que consiste en restringir la oferta para que el precio suba.
El gremio de los taxistas limita la oferta de su servicio siguiendo el mismo principio de la OPEP. Esto lo hacen exigiendo una licencia para poder operar un taxi. El resultado es que las tarifas de los taxis son mucho más altas que los de las PTTP.
El economista sabe que toda regulación, por definición, reduce la oferta, disminuye la inversión, aumenta el desempleo y provoca un aumento del precio. Por tanto, para promover el desarrollo, las regulaciones innecesarias deben evitarse y solo deben hacerse con el fin de estimular más competencia, nunca para restringirla.
La Economía nos dice que con la prohibición de las PTTP, no solo subirían las tarifas de los taxis sino que la calidad de su servicio caería aun más.
Las plataformas digitales ya están reguladas
Es un error creer que las PTTP no están reguladas. La realidad es que éstas se encuentran mucho más reguladas que el gremio de los taxistas. Con las PTTP, el usuario sabe con anticipación la tarifa que se cobrará por el servicio; con el gremio de los taxis no. Con las PTTP el usuario sabe con anticipación el modelo del vehículo (y su respectiva placa) que lo recogerá; con los taxis no. Con las PTTP el usuario se puede quejar eficazmente si recibe un mal trato en el servicio; con los taxis no. Con las PTTP el usuario sabe con anticipación el nombre del chofer; con los taxis no. Un taxista que de un mal servicio no perderá su licencia. Con las PTTP, los choferes que brinden un mal servicio perderán su derecho a seguir brindando el servicio. Con las PTTP el usuario sabe exactamente cuánto tiempo tardarán en recogerlo; con los taxis no.
Si por regulación se entiende un mecanismo que promueve la satisfacción del consumidor, entonces las PTTP lo logran; los taxis no. Es decir, las PTTP están reguladas tal y como lo desea el usuario. Sin embargo, los taxis desean que se prohíban las PTTP de modo que esto redunde en beneficio de los taxistas y en perjuicio de los usuarios.
En el mundo de los negocios se dice que “If its not broken, don’t fix it” (Si no está dañado, no lo arregle). Si el usuario de las PTTP no se queja ¡no hay nada que arreglar, no hay nada que regular! Las PTTP han demostrado que la regulación por parte del gobierno en esta industria es totalmente innecesaria y hace obsoletas instituciones que derrochan el erario en defensa del consumidor o de los habitantes.
La solución es liberalizar el servicio
La solución definitiva en cuanto a Uber, In Driver y Didi, no es prohibirlos sino liberar el servicio de taxis, para lo cual debemos derogar las leyes 7.969 y 8.955. Solo así acabaremos con el vergonzoso negocio del tráfico de las licencias de taxis. Solo así reduciremos el tráfico de favores y el clientelismo político que tiene a Costa Rica sumida en una crisis moral sin precedentes.
Derogando las leyes mencionadas, estaríamos promoviendo la libre competencia. Una de las ventajas de promoverla, es que esta no favorece a ningún grupo de presión. Como no se favorece a nadie, la libre competencia no genera odios, ni pugnas, ni pleitos entre distintos grupos, contribuyendo así al orden, a la paz social y al fortalecimiento de la sana convivencia social. Libre competencia es ausencia de privilegios, ausencia de monopolios y ausencia de mercados protegidos por ley, sea para el burócrata, el sindicalista, el político o el empresario. Libre competencia significa dejar de usar al gobierno como mecanismo para conseguir rentas extraordinarias que son injustas y abusivas.
La libre competencia siempre ha sido buena y promueve el bien común. No solo promueve la eficiencia en el uso de los recursos, sino también la justicia porque favorece al innovador, al emprendedor, al visionario, al que trabaja más horas, al que invierte sanamente para satisfacer las necesidades de la gente, etc. ¡Esto es sano y bueno!
Uno puede entender que cada gremio busque su propio beneficio. Lo que no se puede entender es el odio y la persecución perversa del Poder Ejecutivo y del Partido Acción Ciudadana (PAC) hacia toda iniciativa privada sea PTTP, Airbnb, importadores de ropa americana, vendedores de lotería, etc.
Bien decía el político mexicano Benito Juárez que “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Insto a los diputados a buscar la paz y la justicia social por medio del respeto al derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo y al derecho del consumidor a la libre elección.