En Canadá, Uruguay y en muchos estados de los EE. UU. ya está regulada la producción y consumo de cannabis. México está a punto de incluirse en la lista.
El pasado 19 de octubre la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley, bajo el expediente 21.3888, Ley del Cannabis para Uso Medicinal y Terapéutico y del Cáñamo para Uso Alimentario e Industrial.
En muchas regiones, la legalización del cannabis viene acompañado de muchos sin sentidos. Por ejemplo: la creación de entidades públicas encargadas del proceso de comercialización o del control de calidad; con la creación de licencias o cuotas de producción o comercialización y con límites a la posesión para el consumo.
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El proyecto de ley en cuestión no es excepción y viene acompañada de toda una telaraña de legislación absurda. Según dice el proyecto de ley, su objetivo es: 1) regular y permitir el acceso y la utilización del cannabis y sus derivados exclusivamente para uso medicinal y terapéutico; 2) autorizar la producción, industrialización y comercialización del cáñamo con fines exclusivamente medicinales y terapéuticos y 3) promover el desarrollo económico y social.
El artículo 4 del proyecto de ley le otorga al Poder Ejecutivo amplias potestades para regular y limitar el número de licencias que podrán otorgarse, así como establecer limitaciones temporales a la producción, las áreas totales de siembra y los sectores del territorio nacional donde se permiten estas actividades. Asimismo, tendrá la potestad de establecer vedas o restricciones parciales o totales de estas actividades, cuando.
Tal parece que quienes redactaron dicho proyecto de ley se inspiraron en el fascista Benito Mussolini quien decía: “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”.
¿Por qué tiene que haber licencias para la producción de bienes o servicios? ¿Por qué dicha actividad tiene que estar regulada por el gobierno? A la fecha, tanto la producción como la comercialización y el consumo de cannabis han estado al margen de la ley y, por ende, no están regulados y no ha habido problema alguno. ¿Por qué habríamos de regular ahora la producción, comercialización y consumo del cannabis?
Es vergonzoso que este sea el proyecto de reactivación económica del Partido Acción Ciudadana. El Poder Ejecutivo y los diputados del PAC se han encargado de perseguir a todo tipo de emprendedor, desde quienes operan Airbnb, a los choferes de Uber, a los vendedores de lotería, a los trabajadores independientes cobrándoles cuotas abusivas en la CCSS, a los trabajadores formales con la propuesta de renta dual global, etc. Además, el gobierno se ha propuesto destrozar la economía y crear desempleo con la imposición de restricciones sanitarias que han destrozado a decenas de miles de negocios. Sin embargo, vez de promover el rompimiento de los monopolios creados por ley, de reducir el gasto público, desregular la economía, levantar las restricciones sanitarias o reducir impuestos como medidas para reactivar la economía, para la bancada oficialista la solución para el desempleo es legalizar la producción y el comercio del cannabis con fines medicinales.
Como bien dijo Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, “las drogas son peligrosas, pero las políticas contra los narcóticos son una peor amenaza porque al castigo se le da prioridad sobre los derechos humanos y la salud”. En otras palabras, es hora de poner fin a guerra contra todas las drogas, no solo de los derivados del cannabis. Para ello, es necesario despenalizar y descriminalizar la producción, comercialización y el consumo de todas las drogas, no solo el cannabis.
La posición de la Comisión Global de Política de Drogas (Global Commision On Drug Policy) y, en particular la postura de la Comisión latinoamericana sobre democracia y drogas (The Latin American Commission on Drugs and Democracy) es que la guerra contra las drogas no tiene sentido, ni social, ni económico. La Comisión latinoamericana sobre democracia y drogas la codirigen tres expresidentes latinoamericanos: César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México), y Fernando Enrique Cardoso (Brasil) quienes estuvieron al frente de esta guerra.
La guerra contra las drogas es la que más muertes ha causado en lo que va del siglo XXI. Cientos de millones de dólares se han destinado a ello y el consumo no baja ni la oferta disminuye. La guerra contra las drogas no se ganará y, por lo tanto, es necesario replantearse la estrategia sobre este tema.
No se me mal interprete. Creo que lo ideal es que nadie consuma ninguna droga. Es sumamente triste ver a personas que destrozan su familia, su trabajo y su vida por la adicción a las drogas o a cualquier otro vicio. Nadie con buen corazón desea ver a un ser humano padecer el flagelo de la adicción por las drogas. Sin embargo, debemos cuestionarnos y analizar si la guerra contras las drogas empeora las cosas.
Si bien el abuso del consumo de muchas drogas causa daños, debemos reconocer que la prohibición de su producción, comercialización y consumo, también han traído consecuencias sociales nefastas como asesinatos, violencia, corrupción del sistema judicial y hacinamiento en las cárceles. Además, la guerra contra las drogas tiene un costo altísimo en recursos policiacos, equipos de investigación, jueces, fiscales, etc. Estos recursos se le restan a los destinados para combatir los verdaderos delitos, donde sí hay víctimas, como robos, fraudes, violaciones, corrupción u homicidios.
La prohibición provoca que los precios de las sustancias ilícitas se disparen, contribuyendo a la creación de fortunas a las mafias organizadas. Además, la prohibición induce e incentiva la violencia y los asesinatos porque en caso de que existan disputas o diferencias, estos no se pueden resolver mediante los tribunales de justicia y no queda otra más que resolverlos por medio de la amenaza, o del uso de la fuerza, de la violencia o el asesinato. Cientos de miles de personas mueren por ajustes de cuentas como consecuencia de la prohibición.
La solución a los problemas económicos y sociales siempre conlleva respetar el ejercicio de la libertad individual. En el caso de las drogas, esto implica introducir un proceso de despenalización y descriminalización de estas. Con esta medida pondremos fin a la violencia, asesinatos y el crimen organizado asociados al mercado de drogas que hoy son ilícitas. Portugal ha dado paso en esa dirección con resultados muy positivos.
Los vicios no son delitos
Debemos distinguir entre crimen y vicio. Un vicio es una conducta que solo daña a sí mismo. Un crimen es un acto que daña la vida, la propiedad o el ingreso de terceros. El abuso del consumo de drogas cae en la categoría de vicio, pero no de crimen. El Estado debe perseguir al criminal, pero no debe meterse en la vida del vicioso. El Estado debe respetar al vicioso, aunque no aprobemos su conducta.
El ejercicio del poder punitivo del Estado debe estar limitado a los crímenes y delitos. Existe abuso del poder cuando el Estado regula, criminaliza y penaliza los vicios de las personas. Es necesario que prevalezca el principio de que no puede haber delito sin víctima. No hay víctima si quienes consumen drogas lo hacen por su propia voluntad.
En derecho se habla del principio de lesividad que establece que no puede haber delito sin que exista daño a un bien jurídico tutelado; siendo la vida, la libertad y la propiedad los bienes jurídicos por excelencia. Se supone que la lucha contra las drogas se basa en proteger la salud pública como bien jurídico.
Sin embargo, la lucha por la salubridad pública no puede violentar el ejercicio de la libertad individual. En caso contrario, sería lícito entonces que el gobierno prohibiera el uso de vehículos porque así se evitarían las muertes por accidentes de tránsito. También sería obligación del gobierno prohibir las relaciones sexuales con el fin de evitar la transmisión de enfermedades venéreas letales.
Todos los estudios confirman que, lejos de proteger la salud pública, la guerra contra las drogas, la empeora porque esta causa muertes. Además, la guerra contra las drogas no ha reducido su consumo y, debido a la prohibición, los precios de las drogas suben y esto incentiva la creación de nuevas sustancias de menor precio, pero mucho más dañinas para la salud.
No es deber del gobierno cuidar a nadie porque cuando lo hace, viola el derecho fundamental de la libertad individual. Como bien dice el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres …”. Somo adultos, somos libres y cuidarnos es responsabilidad de cada uno, no del Estado.
En una sociedad que respeta la libertad implica, necesariamente, que muchos tendrán conductas que no serán de nuestro agrado y que, por lo tanto, debemos respetar toda conducta siempre y cuando no violen el ejercicio de la libertad de terceros. Consumir drogas puede ser una conducta socialmente censurable, pero al no violar la libertad de terceros, no es un delito. Nos guste o no, una sociedad que no trata a terceros como esclavos, debe respetar que cada uno es libre de consumir drogas.
Aparte de despenalizar y descriminalizar la producción, distribución y consumo de drogas, es indispensable tratar la adicción de las drogas como un problema de salud, siguiendo la propuesta de Kofi Annan. Es imposible que la sociedad trate de curar a un adicto si esta lo considera un criminal. Mientras exista la criminalización de las drogas, sus consumidores no podrán ser atendidos bajo los programas de salud y por tanto no podrán prevenirse muchas enfermedades como hepatitis C, tuberculosis y VIH. Solo despenalizando y descriminalizando las drogas podrán atenderse los adictos.
Insto a que valoraremos sin prejuicios y que estudiemos seriamente las ventajas de un proceso de despenalización y descriminalización del consumo y posesión de sustancias que hoy son ilícitas y que se aborde el asunto de las drogas como un problema de salud.