La libertad de expresión es el derecho a decir lo que uno quiera, sin limitación alguna, a través de cualquier medio o forma de comunicación, sin ser sujeto a ser perseguido o acusado por ello. La libertad de expresión solo cobra sentido cuando permite que se digan cosas que no nos gustan o que quisiéramos que no se dijeran. Precisamente el valor de la libertad de expresión reside en poder decir lo que unos no quieren que se diga.
Es decir, la libertad de expresión pierde su razón de ser cuando solo se puede decir lo que los grupos en el poder, o los grupos de presión, deciden lo que es correcto y tienen el poder de castigar a quien diga lo contrario. No se necesita libertad de expresión para que unos digan lo que quieren escuchar terceros.
La libertad de expresión es un pilar de la democracia. Por eso es por lo que los tiranos, y quienes aspiran a la dictadura, buscan limitarla de la manera que sea. Sin el oxígeno de la libertad de expresión, la democracia muere rápidamente. Coartar la libertad de expresión es parte de principios fascistas donde es el gobernante quien decide qué leer, qué escribir y qué decir.
Uno de los portillos para limitar la libertad de expresión es considerar delito la difamación, las injurias, las calumnias, el uso de lenguaje ofensivo, o soez, e insultos. El problema de estos es que es muy subjetivo y depende del capricho de quien juzga.
Por ejemplo, el 7 de enero del 2015 un grupo islámico terrorista ingresó a las oficinas centrales de la publicación Charlie Hebdo en París y mató a 12 personas e hirió a otras 11. El motivo de tal acto fue que el grupo islámico consideró ofensivo e insultante las publicaciones que dicho medio hizo en el 2006 sobre el profeta Mahoma. Por su parte, es muy probable que un socialista consideraría ofensivo que alguien se expresara mal de Fidel Castro, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Hugo Chávez, o del Che Guevara.
Muchos consideran que el lenguaje ofensivo daña el honor. Sin embargo, no puede haber honorabilidad sin que exista la posibilidad del lenguaje soez. Es decir, si la gente tiene la libertad de ofender, pero no lo hace, es más probable que la honorabilidad de alguien sea genuina. ¿Y qué tal si el honor estuviera montado sobre una farsa como el del personaje Ernesto de la Cruz en la película Coco de Disney? Muchas veces el lenguaje ofensivo es el único desahogo que tiene un pueblo ante la impunidad de los actos de corrupción de sus gobernantes.
Es muy preocupante que en Costa Rica los daños al honor se traten como delitos. En el mundo entero, la corriente es no tratar las injurias, calumnias e insultos como delitos sino como una acción civil.
En los EE.UU. se protege el honor, pero la prioridad es la defensa de la libertad de expresión de modo que quien acusa de difamación debe demostrar que quien lo expresó, lo hizo con dolo y con mala fe. Algo muy difícil de demostrar. Para la Suprema Corte de los EE.UU., no puede haber libertad de expresión si quien se fuera a expresar está intimidado de antemano por una posible causa penal o civil en su contra.
Sin embargo, el insulto ni siquiera debería ser motivo de una acción civil. Bien decía Diógenes de Sinope: “El insulto deshonra a quien lo infiere y no a quien lo recibe”. (Subrayado mío) En otras palabras, quien insulta, no daña la honra de terceros sino solo la de sí mismo. Quien recurre al insulto, es porque obviamente carece de argumento y, con ello, le da la razón (honra) a su interlocutor. Como corolario de lo anterior, quien insulta, carece de la virtud de la humildad pues no quiere reconocer que no posee argumento alguno para debatir.
En Derecho se habla del principio de lesividad que establece que no puede haber delito sin que exista daño a un bien jurídico tutelado. Los bienes jurídicos por excelencia son: la vida, la libertad y la propiedad. El insulto y la difamación son algo censurable, de eso no hay duda alguna, pero no violan ningún bien jurídico y por tanto su regulación y sanción deben quedar fuera del ámbito de las funciones del gobierno.
Por eso el proyecto de ley presentado por el diputado Jonathan Prendas, del Partido Restauración Nacional, es una amenaza a la institucionalidad democrática de Costa Rica. Peor aún, es una vergüenza que en nuestro país, que se jacta por su defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, tipifique como delito las injurias y calumnias.
Por todo lo anterior, debemos entender que el uso del lenguaje soez y ofensivo es parte integral de la libertad de expresión. Como bien decía Evelyn Beatrice Hall, biógrafa de Voltaire, “estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.