Standard & Poor’s ( S&P) hizo una recalificación de la deuda del gobierno de Costa Rica y la pasó de B+ a BB-. Algunos ven en esto un motivo de celebración. Sin embargo, la deuda de Costa Rica aún no alcanza la calificación de “grado de inversión” (inversión segura) y sigue siendo “inversión especulativa” o “inversión basura”. Esto quiere decir que S&P considera que la situación fiscal de Costa Rica no es buena.
Rodrigo Chaves ya lleva 18 meses en el poder. Eso es suficiente tiempo para que un gobierno, con intención de poner las finanzas públicas en orden, haya tomado las medidas pertinentes de reducción del gasto público. Con buenas iniciativas para reducir el gasto público, la deuda soberana de Costa Rica ya podría tener grado de inversión.
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Sin embargo, el gasto público sigue creciendo en esta administración a pesar del gran margen que hay para recortarlo debido al exceso de entidades públicas y de burócratas que tenemos. El proyecto de ley de presupuesto para el 2024 contempla un crecimiento del 3% del gasto con relación al 2023 a pesar de que a septiembre del 2023 hemos experimentado una deflación de 1,75%. Luego de 18 meses en el poder, es claro que no hay voluntad por parte del presidente Chaves para reducir el gasto ni la piñata fiscal.
La recién calificación de BB- que Standard & Poor’s de otorga a la deuda del gobierno de Costa Rica es semejante, e incluso inferior, a la que hemos obtenido bajo otras administraciones. En este sentido, S&P nos dice que el manejo de la política fiscal de Costa Rica en el 2023 es tan malo como el de las pasadas administraciones.
La “mejora” en la calificación obedece, no a un control del gasto, sino a un incremento en la recaudación fiscal. Esto no es bueno porque significa más dinero en manos de burócratas ineficientes y menos en el sector productivo.
El único beneficio de una mejora en la calificación es que le permitiría al gobierno colocar nueva deuda a una ligera mejor tasa de interés. Sin embargo, la tasa siempre sería relativamente alta porque aún no alcanzamos grado de inversión. La mejora en la calificación solo beneficia a un gobierno glotón, insaciable en el gasto público y con aspiraciones a seguir la ruta del endeudamiento público.
Para el costarricense “de a pie” o para la señora de Purral, la mejora en la calificación no significa mayor beneficio. Esta mejora en la calificación no reduce el desempleo, ni reduce las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ni acelera el crecimiento económico, ni reduce la pobreza, ni reduce los créditos gota a gota, ni reduce los homicidios, ni incentiva la inversión, ni mejora la educación, ni mejora el estado de nuestras calles, ni promueve la innovación, ni baja la informalidad, ni nada.
La mejora en la calificación solo es buena noticia para el gobernante que desea seguir la ruta del endeudamiento en vez de comprarse la bronca de reducir el gasto público.