El combate a la pobreza, la lucha contra la inseguridad ciudadana y las propuestas para el transporte público fueron los otros tres grandes temas que se trataron en los debates presidenciales del Tribunal Supremo de Elecciones:
Combate a la pobreza:
1. Juan Diego Castro del PIN apoyó el proyecto C.E.R.R.A.R de Ottón Solís, que busca consolidar en un Ministerio de Asistencia Social todos los programas que actualmente manejan múltiples instituciones. La idea es loable, puesto que pretende reducir la burocracia y eliminar duplicidades. Pero pensar, como dijo Castro, que en Costa Rica eliminaríamos la pobreza si tan solo le hiciéramos llegar los $1.800 millones que gastamos en programas sociales directamente a las 800.000 familias pobres del país [datos de Castro] es absurdo. Ese dinero solo representaría $187 mensuales por familia. Y tampoco sería cuestión de aumentar el gasto social. Debemos erradicar la noción de que la pobreza se combate con asistencialismo. La asistencia estatal debería verse como un paliativo, no como una solución.
2. Quién iba a pensarlo, pero Antonio Álvarez Desanti del PLN y Jhon Vega del PT coincidieron en una propuesta: hacer cumplir el pago del salario mínimo. Supuestamente esta medida, por sí sola, reduciría la pobreza en 4 puntos porcentuales. Cuidado y más bien la agravaría. Hay buenos motivos para creer que el alto nivel del salario mínimo en Costa Rica (que es superior a todos los salarios mínimos latinoamericanos, con excepción de una categoría de Panamá) afecta la empleabilidad de los trabajadores jóvenes y poco calificados. No olvidemos que el desempleo se concentra en los jóvenes (25%) y el quintil más pobre –y menos calificado– de la población (21,9%). Estos son precisamente los grupos que tienden a verse afectados por un alto salario mínimo. Es un tema que he tratado aquí, aquí y aquí.
3. Carlos Alvarado del PAC faltó a la verdad cuando dijo que este gobierno logró reducir la pobreza sin aumentar el gasto social. Basta revisar el presupuesto de la República para ver que eso es falso: la cantidad de dinero destinado a ayudas familiares ha aumentado en dobles dígitos en esta administración. Ya que la generación de empleo ha sido precaria en este gobierno (apenas 20.000 puestos de trabajo), la reducción de la pobreza en dos puntos porcentuales probablemente se deba más a este aumento del asistencialismo.
4. Alvarado también mencionó, supuestamente como estrategia anti-pobreza, que no abrirá el agro al comercio exterior. De hecho, difícilmente haya una política más regresiva que esa. El proteccionismo agrícola tiene un impacto negativo ampliamente documentado en los bolsillos de los más pobres, al encarecerles el costo de productos básicos como el arroz, la leche y el pollo –cuya producción está dominada por carteles y oligopolios–. ¿Cómo es que beneficia a los pobres que la leche de Dos Pinos –empresa protegida por altos aranceles– sea más barata en Centroamérica que en Costa Rica? El proteccionismo incluso es contraproducente para el agro, como lo ha señalado muy bien el economista Victor Umaña.
5. Fue lamentable que Otto Guevara del ML usara su limitado tiempo para decir que en un gobierno suyo no se les darían ayudas sociales a los extranjeros. Sergio Mena del PNG también coqueteó con la retórica anti-inmigrante en todo el debate. La evidencia empírica, así como investigaciones del economista Juan Diego Trejos de la UCR, muestran que los inmigrantes más bien tienen un efecto fiscal positivo, es decir, contribuyen más en impuestos de lo que reciben en servicios del Estado.
Seguridad ciudadana:
1. El significativo aumento de la violencia en los últimos años se debe a que el país se ha convertido en un campo de batalla entre bandas criminales relacionadas al narcotráfico. Es un tema que traté hace más de un año en esta columna. Lamentablemente ningún candidato propuso reconsiderar la fallida estrategia que venimos siguiendo con la guerra contra las drogas. Faltó alguien que planteara la posible legalización de la marihuana –con el fin de quitarle ese lucrativo mercado a los narcos– y políticas de reducción de daños con otras drogas. Mario Redondo de ADC dijo correctamente que “el país más seguro no es el que tiene más policías, sino el que menos delincuentes genera”. Precisamente por eso debemos pensar en ganarle espacios al crimen organizado legalizando el comercio de drogas como la marihuana.
2. Álvarez Desanti insistió en la necesidad de aprobar su proyecto de extinción del dominio. Esta iniciativa es un atentado contra pilares fundamentales del Estado de Derecho, como el principio de presunción de inocencia, la inviolabilidad de la propiedad privada y el derecho al debido proceso. Son precisamente la clase de medidas que, en el nombre de combatir al narcotráfico, socavan derechos y libertades individuales. Lamentablemente el apoyo a este proyecto de extinción del dominio no se limita al candidato del PLN.
3. Rodolfo Piza del PUSC planteó acertadamente revisar las medidas cautelares para la reincidencia criminal. Las investigaciones sobre crimen del Premio Nobel en Economía Gary Becker muestran que a los criminales no los disuade tanto la dureza de las penas, sino la posibilidad de verdaderamente acabar tras las rejas. Si un país tiene penas altísimas para los delitos, pero los criminales tienen la certeza de que tienen más posibilidades de no ser castigados –ya sea porque la policía no los arresta o porque las cortes los liberan– entonces seguirán cometiendo crímenes. En ese sentido, ciertamente la reincidencia debe tratarse de una manera más fuerte.
4. A Carlos Alvarado se le salió lo barrio Escalante cuando dijo que piensa luchar contra la criminalidad promoviendo el arte y la cultura. Difícilmente los cacos en las zonas urbano-marginales dejarán de traficar drogas y matarse entre ellos si hay más Festivales de las Artes en sus comunidades.
Infraestructura:
1. Hubo mucho énfasis en la necesidad de un tren urbano. Alvarado señaló que el metro que propone Piza es inviable financieramente, lo cual es cierto, como señalé en una columna el año pasado. Sin embargo, Alvarado y otros se equivocan al decir que un tren eléctrico urbano tiene más sentido. Cualquier propuesta ferroviaria está destinada a ser una sangría de recursos y no solucionaría los problemas de tránsito de la GAM. El costo de mantenimiento de un tren urbano (rieles, instalaciones eléctricas, vagones) es enorme y la capacidad de movilización de pasajeros es bastante limitada. En ese sentido, lleva razón Otto Guevara cuando dice que él favorecería un tren urbano si se da en una modalidad de concesión privada. Sin enormes subsidios estatales, es difícil que una empresa muestre interés en el proyecto.
2. El fetiche por los rieles ha hecho que ningún candidato mencione la posibilidad de usar el derecho de vía del tren para construir pasos a desnivel que sean usados exclusivamente por un sistema de buses rápidos. Sería una alternativa mucho más barata que un metro o tren urbano y con mayor capacidad de movilización de personas.
Misceláneos:
1. Jhon Vega propone prohibir el despido para combatir el desempleo. ¿Cómo es que a nadie se le había ocurrido esa genialidad antes?
2. Fue patético que Álvarez Desanti dijera que quiere ser presidente para combatir la “ideología de género”.
3. Juan Diego Castro se dejó decir que siendo ministro él metió a la cárcel y condenó a tres años de prisión a un funcionario corrupto. ¿Cómo habrá hecho tal cosa con la separación de poderes?
4. Carlos Alvarado mencionó de primero a Ottón Solís cuando le preguntaron sobre su equipo de gobierno. ¡Cómo cambian los tiempos! Hace unos meses lo trataba de tres veces perdedor.
5. Rehabilitar la isla de San Lucas, como propone Otto Guevara, fue otra de las grandes ocurrencias del debate.