Juan Carlos Hidalgo

Juzgar a un gobernante por sus primeros 100 días resulta por lo general prematuro. Sin embargo, ante la urgencia que imprime la coyuntura tan delicada que enfrenta el país, es oportuno examinar la incipiente gestión de Carlos Alvarado por las señales que ha enviado hasta ahora.

En los últimos meses hemos visto el uso descarado y totalmente inapropiado de la religión para jalar votos a un candidato presidencial, algo que además se supone es prohibido por la Constitución.

Debo confesarlo: así como me desconcierta ver los candidatos que encabezan la intención de voto, igualmente me perturba que tanta gente educada, leída y entendida de la actualidad nacional salga a apoyar entusiastamente al oficialismo después de todo lo que hemos visto en este gobierno. Por eso, quiero presentar aquí mi caso contra el PAC.

Si empezamos a limitar las redes sociales únicamente a gente que piensa como uno, corremos el riesgo de vivir sumergidos en burbujas que endurecen nuestros sesgos ideológicos. Es una receta para la polarización y la intolerancia en el debate político.

El combate a la pobreza, la lucha contra la inseguridad ciudadana y las propuestas para el transporte público fueron los otros tres grandes temas que se trataron en los debates presidenciales del Tribunal Supremo de Elecciones.

El primer debate de enero tuvo lugar en dos partes el domingo y lunes en la noche y fue organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Estas son las impresiones que me dejó el certamen en los temas claves del déficit fiscal y pensiones.

Lo repitió una y otra vez: “en mi gobierno generaremos 150.000 puestos de trabajo”. Lo dijo como respuesta a las preguntas sobre cómo combatir la pobreza, el déficit fiscal y los altos niveles de violencia. Claramente sus estrategas le dijeron que, si algo debía quedarle a los que estaban viendo el debate del TSE, es que Antonio Álvarez Desanti creará 150.000 empleos en su gobierno.

Basta repasar lo que hasta ahora hemos visto de los cinco principales candidatos para caer en cuenta de la triste disyuntiva en la que nos encontramos de cara a febrero.

La RAE define la impostura como el “fingimiento o engaño con apariencia de verdad”.

El problema con este sistema piramidal, muy similar a los esquemas Ponzi, es que son sostenibles hasta el tanto haya más trabajadores entrando a la fuerza laboral que pensionándose. Sin embargo, debido a los cambios demográficos que experimenta el país, como la caída sostenida en la tasa de natalidad, cada vez hay menos trabajadores por cada pensionado. Es decir, cada vez hay menos personas financiando las pensiones de los jubilados. Además, el costarricense promedio ahora vive más tiempo, por lo que los años en que una persona no trabaja luego de su retiro (y recibe pensión) son cada vez más.