La salida de Intel de Costa Rica, con las verdaderas razones ya reveladas, constituye el epitafio más apropiado para la administración Chinchilla Miranda. Doña Laura se dispone a entregar su último informe de labores este jueves y, si por la víspera se saca el día, la presidenta presentará un repaso muy generoso de lo que fue su paso por Zapote. La realidad es que los costarricenses estamos contando los minutos para que se vaya.
¿Fue malo este gobierno? Todo depende del prisma con que se le mire. Para cierto sector del establishment, acostumbrado al nadadito de perro como estrategia de desarrollo, doña Laura hizo un buen papel. La economía creció, las exportaciones aumentaron, se gastó un montón de plata en programas sociales (que no sirvieron para reducir la pobreza, pero ¿eso qué importa?), aumentó el presupuesto de educación (sin que sepamos exactamente si la calidad de esta ha mejorado) y, en palabras del ministro Roberto Gallardo, por primera vez en la historia queda elaborada una "política de derechos culturales" (¿?).
Para aquellos que aspiramos a algo más, este gobierno ha sido mediocre. Empecemos por el tema que minó la confianza de los costarricenses en la honestidad de la presidenta y que marcó lo que serían 4 años continuos de deterioro en su popularidad, al punto de acabar con el peor nivel de aprobación desde que se tienen mediciones: su obsesión con aumentar impuestos a pesar de que en campaña dijo que no eran necesarios. Doña Laura recibió un país al borde de la bancarrota, gracias al gasto irresponsable de Oscar Arias. Y a pesar de haber sido vicepresidenta y ministra en el gobierno de su antecesor, Chinchilla llegó a Zapote afirmando que desconocía la magnitud del déficit fiscal heredado y que por eso abjuraba de su rechazo a más impuestos en campaña (de hecho, la palabra "impuesto" no aparece una sola vez en su programa de gobierno). Estábamos claramente ante una política tradicional que no le importaba torcer la verdad para salirse con la suya.
En su desesperación por aumentar la carga tributaria, la presidenta entró en una nefasta alianza con Ottón Solís y su agenda de resentimiento social contra "los ricos y poderosos". Uno de los acuerdos con el entonces líder del PAC fue incorporar un impuesto a los dividendos de las empresas de zonas francas que, según los mismos cálculos de Hacienda, no generaría mayores ingresos. Dicha movida fue suficiente para que Michael Forrest, el gerente general de Intel en Costa Rica, luego dijera que dicha empresa desistió de hacer una "gran inversión" en el país. En abril del 2012 la presidenta Chinchilla celebró el 15 aniversario de la llegada de Intel a Costa Rica retando (sí, retando) a dicha empresa a invertir $500 millones en los próximos 5 años. En realidad, su nefasto paquete de impuestos, combinado con otros factores competitivos nacionales, ya había sellado el destino de Intel en el país.
La muerte del paquete fiscal en la Sala Constitucional, en medio de un gran escándalo por consultorías y supuesta evasión de impuestos de su ministro de Hacienda, constituyó el Waterloo de la presidenta. Su popularidad nunca se recuperaría, y más bien se deterioró más conforme se fueron acumulando los escándalos y torpezas del Ejecutivo. Así vendría la invasión de Calero, la piñata de puestos diplomáticos a activistas del PLN, el fiasco de la trocha fronteriza, la fallida concesión a OAS, la estafa de la refinería china y el infame vuelo privado a Perú en un avión ligado al narco. Ante todos estos revuelos, la actitud de la presidenta siempre fue la arrogancia y la desconexión de la realidad. Quizás el ejemplo más lamentable fue cuando reaccionó al incidente del viaje en el supuesto narcoavión culpando al director de la DIS y a su asistente por haberla puesto en peligro. Si algo hay que reconocerle a doña Laura en estos cuatro años fue su capacidad tesonera de echarse encima a la opinión pública.
La corrupción es el mayor lastre de la administración Chinchilla Miranda. Según Latinobarómetro, la presidenta se va del poder dejando como la mayor preocupación de los costarricenses a la corrupción en el gobierno. Esto coincide con sondeos locales que indican que la percepción de deshonestidad en el sector público se encuentra en su punto más alto desde que existen mediciones.
Otra área donde el legado de la presidenta es olvidable fue su rechazo absoluto a defender y mucho menos impulsar una agenda de derechos humanos. En su afán por amarrar alianzas en la Asamblea Legislativa con los partidos evangélicos, aunado a su contubernio con la Conferencia Episcopal y su designación como "hija predilecta de la Virgen", doña Laura exhibió un conservadurismo extremo en proyectos como la fecundación in vitro (con todo y condena al Estado costarricense por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) y las sociedades de convivencia. En repetidas ocasiones afirmó que dichos temas "no eran prioridad" e incluso llegó a catalogar de "interés público" un congreso donde uno de los oradores hablaría de la homosexualidad como una enfermedad que podía ser curada. La historia será implacable con el legado de la administración Chinchilla en materia de derechos humanos.
En cuanto a los precendentes del gobierno, los principales indicadores económicos y sociales nos señalan que, en la mayoría de los campos, fueron cuatro años perdidos. Sí, la economía creció a un buen ritmo, las exportaciones aumentaron y la inversión extranjera continuó llegando al país. Pero, al son con la tendencia de las últimas dos décadas, las saludables cifras del sector externo durante este cuatrienio no se tradujeron en una caída de la pobreza. Más aún, la desigualdad continuó creciendo. Del lado positivo hemos visto una caída importante de la inflación, que históricamente ha sido un flagelo para Costa Rica, pero por otro lado el aumento del desempleo, del subempleo y de la informalidad ha causado que esta baja en la inflación no se haya traducido en un incremento del ingreso promedio real de los trabajadores del sector privado (tomando en cuenta a los informales), que lleva varios años estancado.
Sin duda el área más problemática sigue siendo el tema fiscal. La presidenta Chinchilla recibió un gobierno con un gran déficit fiscal (5,2% del PIB) y lo entrega todavía peor (6% del PIB estimado para el 2014). Una vez que se consumó la muerte del paquete de impuestos en la Sala Constitucional, la administración Chinchilla, bajo el alero del ministro Edgar Ayales, abandonó la moderación en el gasto que había caracterizado sus dos primeros años (bajo la batuta de Fernando Herrero) y optó por heredarle el problema a su sucesor. Se estima que la deuda del sector público alcanzará el 57% del PIB este año (era 39% en el 2008). La presidenta Chinchilla simplemente se resignó a administrar el problema fiscal en lugar de hacer algo por resolverlo.
Finalmente, hay que reconocer algunos aspectos positivos, que los hay. Uno de ellos es la significativa mejora en materia de seguridad ciudadana que se ha dado en este gobierno. Hace cuatro años los sondeos revelaban que la inseguridad era la principal preocupación de los costarricenses. Hoy no lo es, y los indicadores de homicidios y delitos dolosos ciertamente demuestran que el alarmante aumento en la criminalidad que el país experimentó durante la administración Arias Sánchez ha sido casi que revertido. Otro avance fue el inicio de incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, el bloque que actualmente conforman Chile, Perú, Colombia y México y que promete ser el futuro de la integración económica en América Latina. Ahora queda la interrogante de si el próximo gobierno echará marcha para atrás en dicho proceso.
En general, el balance es negativo. Prueba de ello es la paliza que recibió el PLN en la segunda ronda electoral del 6 de abril. Los costarricenses no extrañarán a Laura Chinchilla Miranda. En buena hora que ya casi llega el 8 de mayo a mediodía.