La semana pasada fue publicada una noticia que debió haber generado un amplio debate en la Asamblea Legislativa y en la opinión pública en general. No me refiero a la elección de Ben Affleck como el próximo Batman, ni al hecho de que la presidenta usara un cinturón verde durante la Marcha Patriotera por la Patria. La noticia en cuestión es que la deuda del sector público crece a pasos agigantados. De continuar esta trayectoria, pronto a Costa Rica la identificarán como la Grecia Centroamericana.
Los datos son muy preocupantes: en tan solo cuatro años el peso de la deuda pública ha aumentado en un 30,7%, pasando del 39% del PIB en el 2008 al 51% en el 2012. Y la tendencia es aún más alarmante: según la última revisión del Programa Macroeconómico del BCCR, para este año el déficit del sector público global será de 5,8% y para el próximo año sería del 6,6% (ambas cifras revisadas significativamente al alza con respecto al Programa publicado en enero). Es decir, de cumplirse dichas proyecciones, el peso de la deuda pública para finales del 2014 podría haber alcanzado el 63,4%.
¿Cuál es el problema? Entre más crezca el endeudamiento estatal como proporción del tamaño de la economía, menos plata queda disponible para el sector privado. Es decir, los consumidores y empresarios tendrán que enfrentar tasas de interés cada vez más altas, afectando significativamente el crecimiento del PIB. El Estado, cual matapalo, básicamente estrangula a la economía local. El impacto económico se puede sentir por otras vías: siempre es posible que el gobierno recurra al Banco Central para financiar el creciente nivel de deuda mediante la maquinita de imprimir billetes, lo cual ya sabemos generaría altos niveles de inflación. O en su lugar, como hemos visto en repetidas ocasiones en nuestro país, los gobernantes podrían intentar aumentar significativamente los impuestos para enfrentar la creciente deuda, lo cual también afectaría el desempeño de la economía.
Otro efecto negativo, como señala la nota de La Nación, es que entre más grande sea la deuda mayor será el monto que debe destinar el gobierno a pagar los intereses de la misma. Eso significa que el Estado tendrá menos dinero disponible para gastar en educación, infraestructura, seguridad, etc. En el último año el gobierno ha vuelto a recurrir a la deuda externa (eurobonos) para financiarse y de esa manera no poner tanta presión a las tasas de interés locales. Sin embargo, de continuar la tendencia de endeudamiento, es muy posible que la nota crediticia del país caiga y por ende deba pagar tasas de interés externas más altas. Además, cabe añadir que el país ha recurrido al endeudamiento externo en momentos en que las tasas de interés mundiales están a niveles históricamente bajos. Eso está por cambiar ahora que la Reserva Federal ha anunciado el inicio del fin de la política de dólar barato que ha venido implementando desde el 2008. En resumen: el Estado deberá pagar cada vez más en intereses y tendrá menos plata para otras cosas.
Por lo general, la mejor manera de disminuir el peso de la deuda es haciendo que la economía crezca rápido. Si el PIB se expande a tasas aceleradas, genera más ingresos tributarios que ayudan a pagar la deuda y además disminuye la proporción de esta con respecto al tamaño de la economía. Sin embargo, varias investigaciones económicas han señalado que a mayores niveles de deuda pública, más bajo es el crecimiento económico.* Las razones ya fueron explicadas en los párrafos anteriores.
¿Por qué crece a pasos agigantados la deuda? Como podemos ver en el gráfico adjunto, los ingresos del gobierno central cayeron a raíz de la crisis del 2008, pero ya se han recuperado y vienen en aumento (aunque un tanto anémico). El problema no es tanto del lado de los ingresos sino del de los gastos. Estos se dispararon en la segunda parte de la administración Arias, luego se estabilizaron en el primer año de la administración Chinchilla, y ahora otra vez se han acelerado (año electoral, recordemos). Mi proyección es que el gasto del gobierno central crecerá este año 6% en términos reales (es decir, descontando la inflación), mientras que los ingresos aumentarán apenas 1,1%. Tenemos un gobierno que no solo gasta mucho más de lo que recibe, sino que no se contenta con eso e insiste en aumentar todavía más el gasto.
Si escuchamos a algunas voces del oficialismo (los responsables del desastre), nos dirán que no hay nada de qué preocuparse. En artículos de opinión el expresidente Óscar Arias ha dicho que Costa Rica no debería de preocuparse con un nivel de deuda como el que tenemos. Al final de cuentas los países desarrollados están peor. La deuda del gobierno federal de EE.UU. es del 106% del PIB. Francia es del 90% del PIB. Japón es incluso del 240% del PIB. Lo que Arias no menciona es que esas son economías industrializadas y como tales cuentan con niveles de tolerancia a la deuda muy diferentes al de Costa Rica, que es un país en desarrollo. Se estima que para un país como el nuestro los niveles seguros de deuda como porcentaje del PIB van del 25% al 35%, mientras que para países desarrollados el rango es de 65% a 90%.
Otras voces menos serias, como la de Roberto Gallardo, ministro de Planificación, afirman que los señalamientos de Paul Krugman de que en EE.UU. no importa el tamaño del déficit fiscal y la deuda también aplican a Costa Rica. Así al menos lo hizo saber mediante un tuit la semana pasada. No sorprende que Paul Krugman sea el gurú económico de nuestros políticos irresponsables. (Ya en el pasado Gallardo nos ha dicho que las decisiones no deben tomarse en base a estadísticas y números sino con carácter y pasión...)
El alarmante aumento de la deuda pública adquiere matices espeluznantes si lo vemos a la luz de la inminente bancarrota del sistema de pensiones de la CCSS. De hacerse realidad las advertencias de la SUPEN de que el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja podría entrar en quiebra en menos de 15 años se añadirá una enorme presión al fisco ya que las pensiones se tendrán que pagar del dinero que generan los impuestos. (Ver aquí una propuesta sobre cómo solventar la eventual quiebra del sistema de pensiones de la CCSS).
¿Qué podemos hacer ante este magro panorama? Definitivamente el país necesita una reforma fiscal, que es algo muy diferente a los paquetes de impuestos que los últimos gobiernos nos han tratado de recetar. Una verdadera reforma fiscal debe entrar de lleno primero por el lado del gasto, y en particular por los tres disparadores del mismo: salarios públicos, intereses en el pago de la deuda y pensiones con cargo al presupuesto. No basta, como repiten ad nauseam los candidatos políticos, con combatir "la corrupción y el despilfarro". No, se requiere de una reforma más radical que consista en cierre de instituciones y entes públicos (CNP, IFAM, FANAL, DIS, entre muchos otros), una reforma al servicio civil para enfrentar el desorden de los salarios en el sector público y una reforma políticamente delicada a los privilegios en los regímenes de pensiones (como el del Magisterio, Bomberos, etc).
Del lado de los ingresos también necesitamos un gran debate. ¿Se justifica que cooperativas como Dos Pinos y Coopesa no paguen impuesto de renta? ¿Se vale que las zonas francas paguen muy pocos impuestos mientras que los empresarios nacionales paguen en promedio un 55% de sus ganancias en tributos? Necesitamos un overhaul del sistema tributario nacional tendiente a hacerlo más eficiente y justo. El Banco Mundial nos coloca en la posición 125 entre 185 economías en cuanto a la facilidad que el país otorga para pagar impuestos. Es decir, aún cuando la gente quiere pagar impuestos, enfrenta un martirio de tramitología y reglas que le complican la vida. El resultado es obvio: existe un enorme nivel de evasión y elusión que según algunos estimados de la Contraloría podría superar el 4% del PIB. Necesitamos un sistema tributario más sencillo y con tasas impositivas bajas que todos paguen por igual.
El país no puede seguir posponiendo esta discusión. Lamentablemente en nuestra Asamblea Legislativa los gritos debates más acalorados se dan no por estas alarmantes estadísticas sino por cómo se viste la presidenta. Los músicos del Titanic tocan mientras el país camina a paso firme al abismo fiscal.
* Aquí ha habido una fuerte polémica a raíz del estudio publicado en el 2010 por Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart de Harvard University que mostraba que cuando la deuda pública excede el 90% del PIB, la tasa de crecimiento económico muestra una fuerte caída. Una revisión de los datos de dicho estudio por parte de investigadores de la Universidad de Massachusetts en Armhest encontró que había un error de cálculo y que no era cierto que el crecimiento colapsaba cuando la deuda alcanzaba el 90%. Sin embargo, aún con la revisión, sí queda claro que si bien la tasa de crecimiento no cae bruscamente, sí disminuye. Es decir, ambos estudios encuentran una asociación entre mayores niveles de endeudamiento y menores tasas de crecimiento económico. Ver "Free Exchange", The Economist, 20 de abril, 2013.