Una propuesta ante el colapso de las pensiones de la CCSS


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El sistema de pensiones de la CCSS está al borde de la quiebra. Lo ha venido advirtiendo la Supen por varios años a pesar de los esfuerzos ingentes de la presidencia ejecutiva de la CCSS, amparados por la administración Chinchilla, por negar acceso a los estados financieros del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Peor aún, el jerarca de la Supen, Edgar Robles, ha denunciado que la CCSS ha "amañado" y "maquillado" los informes que la institución ha publicado sobre la gestión que ha hecho de los fondos del IVM. De ser ciertas estas denuncias, la junta directiva de la CCSS ha resultado ser peor que una combinación de Bernie Madoff y Enron.

Las consecuencias no pueden exagerarse. Todos los meses, 1,3 millones de trabajadores costarricenses cotizan parte de su salario con la esperanza de que al final de su vida laboral puedan recibir una pensión que les permita disfrutar de su retiro. Sin embargo, de continuar la actual tendencia, el IVM no tendría dinero para pagar todas las pensiones en 15 años. Las razones tienen que ver con la manera en que está estructurado el régimen de pensiones llamado "solidario":

El sistema toma dinero de los trabajadores pero no lo ahorra ni lo invierte. La CCSS lo que hace es usar el dinero que cotizan los trabajadores actuales para pagar a los que se van pensionando. El superávit, en lugar de ahorrarse, se lo lleva el gobierno central –a diciembre del 2012 el 86.6% de las reservas del IVM se encontraban en bonos del ministerio de Hacienda y del Banco Central. No obstante, en años recientes los ingresos al IVM por concepto de cotizaciones no han alzanzado para pagar las pensiones, por lo que la CCSS se ha visto obligada a echar mano a los intereses que generan estas reservas.

El problema con este sistema piramidal, muy similar a los esquemas Ponzi, es que son sostenibles hasta el tanto haya más trabajadores entrando a la fuerza laboral que pensionándose. Sin embargo, debido a los cambios demográficos que experimenta el país, como la caída sostenida en la tasa de natalidad, cada vez hay menos trabajadores por cada pensionado. Es decir, cada vez hay menos personas financiando las pensiones de los jubilados. Además, el costarricense promedio ahora vive más tiempo, por lo que los años en que una persona no trabaja luego de su retiro (y recibe pensión) son cada vez más.

Las soluciones a esta grave situación deben empezar a implementarse ya mismo. Por ejemplo, se ha mencionado elevar la edad de retiro y aumentar las cuotas que se cotizan al IVM. Sin embargo estas son medidas paliativas que solo servirían para aplazar por varios años el colapso definitivo del IVM. A mi parecer, tomando en cuenta la experiencia exitosa en materia de pensiones de países como Chile, y aprovechando la existencia en nuestro país de operadoras privadas de pensiones y de un marco regulatorio alrededor de éstas, se puede hacer una propuesta que, a grosso modo, se base en 4 pilares:

1.- Capitalización individual: Manteniendo la obligatoriedad de la cotización que actualmente se hace al IVM, ésta pasará al sistema de cuentas individuales en el que actualmente operan las pensiones complementarias. Estas cotizaciones y las rentas que generan constituyen el ahorro final de cada trabajador, quien lleva un control sobre el dinero que aparece en su cuenta.

2.- Administración privada: Las cotizaciones de los trabajadores serán administradas por las mismas operadoras de pensiones que existen en la actualidad en el país y que manejan los fondos de pensiones complementarias. Actualmente en Costa Rica hay 6 operadoras de pensiones.

3.- Libertad de escoger: Al igual que ocurre ahora con las pensiones complementarias, los trabajadores tendrán la libertad de escoger cuál operadora de pensiones administra sus fondos pensiones, pero además podrán decidir las condiciones de su propio retiro.

4.- Rol subsidiario del Estado: El gobierno garantizará una pensión mínima a aquellas personas que habiendo trabajado el tiempo requerido no hayan logrado acumular los recursos suficientes que les permitan alcanzar una pensión que cubra sus necesidades básicas. De igual forma, el Estado garantizará la continuidad de las pensiones del régimen no contributivo.

La idea de operadoras privadas manejando fondos de pensiones no es nueva en nuestro país. Desde hace más de 10 años ya contamos con ellas.  Sin embargo la transición del IVM a un sistema totalmente privado es lo complicado. Tres reglas deben regir este período de transición al nuevo sistema de cuentas individuales:

a) El gobierno garantiza a los jubilados que sus beneficios no se verán afectados por la reforma. También se garantiza que todo trabajador que actualmente cotiza tendrá su pensión íntegra al final de su vida laboral. La promesa hecha por el Estado a los trabajadores en materia de pensiones es inquebrantable.

b) Todos aquellos que ya están en la fuerza laboral y que sean menores de 55 años se les dará la opción de quedarse en el sistema estatal o moverse al sistema privado (a aquellos que decidan cambiarse se les da un “bono de reconocimiento” calculado para reflejar las contribuciones ya hechas al IVM). Los mayores de 55 años se pensionarán bajo el sistema del IVM reconociéndoles íntegramente su pensión.

c) Todos los nuevos trabajadores entran al sistema de operadoras privadas.

El costo fiscal de dicha transición será enorme, más si es cierto que los fondos del IVM alcanzan por solo 15 años más. Por culpa de la irresponsabilidad de gobiernos anteriores, el pago de pensiones y de los “bonos de reconocimiento” tendrá que correr en gran medida por cuenta del fisco. Una solución a este problema, que debería contemplarse como parte de la reforma de pensiones, sería privatizar el Instituto Nacional de Seguros y utilizar dichos fondos (el patrimonio del INS se estima en ¢600.000 millones) para financiar los bonos de reconocimiento.

Las ventajas de un sistema enteramente privado son múltiples: la pensión de cada trabajador ahora dependería enteramente de su ahorro durante su vida laboral, y no de consideraciones demográficas nacionales. Además, un trabajador puede heredar su cuenta de ahorro en caso de morir a una temprana edad (algo que no ocurre actualmente bajo el IVM). También es importante notar que el rendimiento histórico anual en términos reales de las operadoras de pensiones (5,68%) es similar al reportado por el IVM ("superiores al 5%"), con la diferencia que la cifra que brinda la CCSS no es auditada por ningún órgano independiente y, como ha señalado la Supen, podría ser "maquillada".

Ante esta grave situación, Francisco Chacón, ministro de DesInformación, se dejó decir que lo que está haciendo este gobierno "es más bien tomando medidas para tener estudios suficientes que le permitan adoptar, en su momento, aquellas medidas que se requieran para poder fortalecer plenamente el régimen". El país no puede esperar más cantinfladas. Es hora de hacer propuestas serias. No inventemos el agua tibia. Ya tenemos un sistema de pensiones privado complementario que funciona exitosamente. Transitemos el IVM a ese sistema antes de que sea muy tarde.

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Por la Libre Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute, en Washington DC. Escribe frecuentemente sobre temas de actualidad y sus artículos han sido publicados en medios estadounidenses como el International New York TimesMiami Herald, New York Post, Huffington Post, Forbes, y en importantes periódicos iberoamericanos como El País (España), La Nación (Argentina), El Tiempo (Colombia), El Universal (México), El Mercurio (Chile), entre otros. Es autor de la columna "De frente" en La Nación. También participa regularmente como comentarista en medios internacionales como CNN en Español, NTN24, BBC News, Al Jazeera y Voice of America. Se graduó en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional y sacó su maestría en Comercio y Política Pública Internacional en George Mason University en Estados Unidos. Además es miembro de la Mont Pelerin Society y Premio ANFE a la Libertad 2014.

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