Que la administración Chinchilla anuncie con bombos y platillos que viene con un nuevo paquete de impuestos en mayo confirma la desverg üenza y obstinación de este gobierno en material fiscal. Que el ministro Edgar Ayales nos garantice que ahora sí (¡esta vez sí!) harán algo para controlar el gasto denota que este gobierno cree que somos ingenuos. ¿Comeremos cuento?
Empecemos por lo primero: Según la opinión pública, este es uno de los gobiernos más corruptos en los últimos 30 años. Los casos de despilfarro en consultorias, choritrochas, puestos innecesarios, viajes, publicidad oficial y demás bellezas abundan en las noticias. Al ser la principal exponente del desorden y corrupción que abunda en el sector público, la administración Chinchilla no cuenta con autoridad moral alguna para pedir más impuestos.
Es por eso que el ministro Ayales se vea en la necesidad de buscar una coartada para impulsar su paquete de impuestos. En declaraciones a El Financiero, Ayales afirma que esta reforma fiscal sí atacará el gasto público. ¿Le creemos? Pues depende de si tenemos memoria de elefante o de ratón. No olvidemos que apenas hace un año, cuando la presidenta impulsaba desesperadamente su paquete de impuestos, emitió con bombos y platillos una "directriz para contraer el gasto público", que solicitaba, entre otras medidas, venta de activos ociosos, congelamiento de plazas, reducción del 20% en viáticos, la no compra de vehículos nuevos, etc.
¿En qué paró la directriz para "contraer" el gasto público? Según números del Ministerio de Hacienda, los gastos del gobierno central aumentaron en 10.1% en el 2012. Aún cuando los ingresos fiscales aumentaron en 9.6% durante el mismo período, los egresos continuaron creciendo a un ritmo más acelerado. Es por eso que, a pesar de la cacareada austeridad chinchillista, el déficit fiscal de hecho aumentó a 4.4% del PIB (0.3 puntos porcentuales más que en el 2011). Queda comprobado que a este gobierno no hay plata que le alcance.
El ministro Ayales afirma que la nueva "reforma fiscal" consistirá en 2% del PIB en nuevos impuestos y 1% del PIB en recortes de gasto. Ni siquiera en un contexto de alto despilfarro el gobierno propone una reforma fiscal que enfatice la austeridad en el gasto por encima del aumento de impuestos. Pero como ya hemos visto, lo que en realidad ocurre es que al final los aumentos de impuestos sí toman lugar mientras que los recortes se los lleva el viento.
Esto no quiere decir que el país no necesite una reforma impositiva. En el pasado he enfatizado la necesidad de simplificar y bajar las tasas de impuestos que pagamos en el país. En el índice Haciendo Negocios del Banco Mundial, Costa Rica sale en la posición 125 entre 185 países en cuanto a lo difícil que resulta el pago de impuestos. La tasa impositiva total que paga un empresario promedio en el país sobre sus ganancias es del 55% (mientras que en los países ricos de la OECD es del 42.7%). De tal forma que sí requerimos una reforma impositiva, que incluso podría generar más ingresos al Estado producto de una simplificación del sistema y su efecto estimulante en la producción nacional.
Pero lo que la administración Chinchilla tiene en mente es revivir el finado paquete de impuestos de Fernando Herrero, con algunas modificaciones aquí y allá para agilizar su aprobación legislativa. Y en cuanto a la retórica de Hacienda sobre los eventuales recortes de gasto, para algunos suena convincente. Pero para este servidor suena a un triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Si el gobierno va en serio, que primero recorte el gasto y luego, cuando revisemos los números del 2013 y en verdad veamos que ha habido austeridad, entonces sí hablemos de si necesitamos nuevos recursos y cómo lograrlos.
Pero la mayor prueba de que el gobierno no es creíble en cuanto al gasto es que el ministro Ayales recurre al mismo cuento de Fernando Herrero de equiparar cualquier recorte con despedir maestros y policías, o dejar que los puentes se caigan. Si hay alguien a quien no se le puede creer esa retórica es a la administración Chinchilla. Ahí están los ¢25,000 millones botados en la trocha fronteriza como doloroso recuerdo.