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Por segunda ocasión en esta administración, el Ministerio de Hacienda prepara un proyecto de ley con el objetivo de devolver la solvencia a las arcas públicas.
En esta nueva intentona, el Gobierno pretende aplicar las lecciones aprendidas durante el largo debate del proyecto de Ley de solidaridad tributaria, que falleció de impericia procedimental.
El as bajo la manga será incorporar en el proyecto medidas de control del gasto público junto a cambios al sistema tributario para acallar la oposición, en ocasiones furiosa, que enfrentó anteriormente.
En síntesis, en la nueva reforma, llamada Consolidación Fiscal, el impuesto de ventas se convertiría en IVA y se ampliaría la base, y el impuesto de renta sería escalonado.
La apuesta es ambiciosa. El plan, que llegaría a la Asamblea Legislativa en el segundo trimestre de este año, pretende reducir las erogaciones del Estado en un 1% del Producto Interno Bruto (PIB) y aumentar los ingresos en un 2%, según reveló a EF el ministro de Hacienda, Édgar Ayales.
El plan de Solidaridad Tributaria pretendía al inició recaudar un 2,5% de la producción . Al momento de su deceso, el monto había mermado a un 1,5% del PIB.
La nueva reforma elevaría la carga tributaria del país del actual 13,7% del PIB a un 15,5% del PIB. El dato crece a 19% si se le suman las cargas sociales.
Sin embargo, el momento político se las trae.
El debate de la nueva reforma se desarrollaría entre los ardores de la campaña presidencial. Aunque esto puede meter ruido, el Gobierno espera que a su favor juegue una Asamblea Legislativa versada en temas fiscales y el argumento de que no se verá beneficiado directamente.
Peligro en ciernes
Los resultados financieros del Estado le imprimen urgencia a la necesidad de una reforma fiscal.
La brecha entre ingresos y gastos del Gobierno Central fue de ¢1.003.098 millones en 2012. Esta suma representa un 4,4% del PIB.
El panorama empeora ligeramente en el 2013, pues Hacienda prevé que llegue a 4,9% del PIB.
“Hay un déficit estructural entre 4% y 5% del PIB que Costa Rica tiene que bajarlo porque si no la deuda llegará a niveles insostenibles muy pronto”, aseguró Ayales.
Si el Gobierno mantiene el faltante en los niveles actuales, su nivel de endeudamiento podría disparase hasta llegar entre un 50% y un 60% de la producción en cinco años, según Hacienda.
“Las medidas coyunturales de corto plazo que hemos estado tomando por varios años para paliar la situación fiscal se agotaron. Queda muy poco espacio para hacer más”, dijo el ministro.
El retorno del IVA
El equilibrio pasa un recorte del déficit fiscal para que quede entre 2,5% y 3% del PIB.
Para alcanzarlo, la incipiente propuesta de Hacienda incluirá medidas que le pongan un freno al crecimiento de la planilla pública, aseguren la eficiencia del gasto y potencien el control presupuestario.
La otra cara de la moneda es la reforma de los impuestos de ventas y renta.
Un elemento ya definido es la transformación del actual Impuesto de Ventas en un Impuesto de Valor Agregado (IVA) que permitirá gravar el comercio de servicios tanto como el de bienes.
Este tributo, con una recaudación esperada del 0,9% del PIB, representaba la mayor fuente de ingresos para el Gobierno en el anterior proyecto de reforma.
“Sigue teniendo sentido hablar del IVA pues crea un rastro en las transacciones que redundará en una mejor recaudación del impuesto sobre la renta”, estimó Patricia Pérez, diputada del Movimiento Libertario.
Hacienda todavía no tiene claro si buscaría elevar la tasa del impuesto. En el proyecto de solidaridad tributaria esta se había fijado en 14%, un punto porcentual más que el actual.
“Mientras el Estado no disminuya su estructura de gasto, así como la duplicidad funcional de muchos funcionarios y entidades, no veo oportuno un incremento en la tarifa”, estimó Diego Salto, abogado especialista en derecho tributario.
Tampoco hay claridad sobre los cambios en el impuesto sobre la renta. De la anterior reforma, se rescatarán las modificaciones en las escalas del tributo para imprimirle progresividad.
La adopción de la renta global y mundial será revisada en un proceso que aspira a separar los cambios que obedecieron a criterios técnicos de las negociaciones políticas coyunturales.
A golpe de tambor
El proyecto apenas comienza a andar cuando ya debe correr para cumplir lo plazos.
El texto llegará entre mayo y junio a la Asamblea, y se buscaría su aprobación antes de que finalice la actual administración en mayo del 2014.
Esto quiere decir que el debate se desarrollará con el proceso de elección presidencial de fondo.
La coincidencia no molesta a Johnny Araya, alcalde de San José y único aspirante verdiblanco a la candidatura presidencial.
“El país necesita que los actores políticos sean transparentes y la campaña es un momento oportuno para debatir sobre estos temas de cara a la gente”, afirmó Araya, quien asegura no haber conversado sobre la reforma con la presidenta Laura Chinchilla.
Los tiempos parecen cortos, pero el Gobierno que no quiere irse sin un nuevo round fiscal.
