Seguimos con el análisis en materia fiscal del Plan de Gobierno de los 13 candidatos a la presidencia; enfocándonos esta vez en el Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN).
EL PRSC estrena en el doctor Rodolfo Hernández su primer candidato presidencial. Conocido principalmente por su labor en el Hospital Nacional de Niños y por representar de forma intermitente y temporal (“ser o no ser”) la papeleta de la Unidad Social Cristiana durante las elecciones del 2014.
Hernández dice en su Plan de Gobierno que buscará reducir gastos y repartir mejor el Presupuesto de la República, como paso previo de cualquier reforma al Impuesto sobre la Renta y Ventas. Dentro de los recortes están los gastos en publicidad, asesorías y viajes al exterior, y asegura que buscará una función pública más eficiente.
En el tema de los ingresos, propone cambios a los impuestos sobre la Renta y Ventas y una reforma comprensiva del Estado. Aunque no ahonda en el contenido de estas reformas dentro del Plan, en varias entrevistas ha afirmado que cambiará al Impuesto al Valor Agregado, pero lo mantendrá en el 13%, sin incluir educación ni salud en el cobro; además aumentará los productos y servicios cubiertos por este tributo.
En la otra esquina, tenemos al aspirante presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti. Máster en Derecho Tributario Internacional de la Universidad de Harvard, Alvarez se postula por segunda vez (primero lo hizo con el efímero Unión para el Cambio) como candidato a la silla presidencial. Importante mencionar, por la naturaleza de este blog, que lo acompaña en la fórmula presidencial Edgar Ayales Esna, exministro de Hacienda del gobierno de Laura Chinchilla.
El PLN dentro de su Plan de Gobierno también menciona la contención del gasto público como uno de sus pilares, refiriéndose concretamente al recorte en pensiones y salarios (incluidos los pluses) en el sector público, además de migrar a un presupuesto por resultados.
En relación al impuesto de ventas, afirma que es necesario una reforma legal para migrar hacia un Impuesto al Valor Agregado de por lo menos un 15%, con tasas diferenciadas para salud y educación. Comulga conceptualmente con la propuesta del gobierno de Luis Guillermo Solís de realizar una devolución del impuesto pagado a las personas que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema.
En relación al Impuesto sobre la Renta, propone subir el impuesto a rentas pasivas del 8% al 15%, manteniendo la tarifa máxima del 30% que tiene el actual Impuesto sobre las Utilidades.
Posdata: Es importante considerar que según el Ministerio de Hacienda al Gobierno Central le queda únicamente un margen de maniobra del 5% para la distribución del presupuesto nacional (el resto ya está condicionado por nuestra Constitución y leyes vigentes, como por ejemplo un 8% del PIB para educación). Por lo tanto, disminuir el gasto público no es una decisión tan fácil de ejecutar por parte del Poder Ejecutivo.
El autor es Gerente Senior de Impuestos de Deloitte