En momentos donde el Estado se encuentra en un desequilibrio fiscal, nos llega la última edición del documento denominado “Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020”, emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dentro del cual, se hacen varios comentarios en materia fiscal que son importantes de analizar.
En ese sentido, el estudio indica que “Costa Rica tiene mucho espacio para ampliar bases impositivas sin aumentar tasas”. Lo anterior, se expresa tanto en el impuesto sobre la renta (ISR) como en el impuesto al valor agregado (IVA), así como en un eventual impuesto sobre la propiedad.
Desde la perspectiva del ISR la afirmación implica que existen ingresos que actualmente no se están gravando en razón de que gozan de una exención y en ese sentido, la OCDE menciona específicamente, a las cooperativas y al aguinaldo. Desde el punto de vista del IVA, las tarifas reducidas, por ejemplo, en la prestación de servicios de educación privada y salud, distorsionan, ya que a criterio de la organización, su existencia “beneficia desproporcionadamente a los hogares de altos ingresos”.
Queda claro entonces que, en relación con el ISR y el IVA, la OCDE no sugiere incrementar tarifas sino, eliminar exenciones y eliminar tarifas reducidas.
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En relación con los impuestos a la propiedad, el estudio afirma que Costa Rica recauda “pocos ingresos de los impuestos a la propiedad”. Ahora bien, resulta interesante que la organización incluye en su análisis a las contribuciones a la seguridad social y las reconoce como parte de la estructura tributaria, a la vez que afirma que la carga patronal que soportan los empresarios en Costa Rica es de las más altas de la OCDE, “lo cual desalienta la formalidad”. En ese sentido la OCDE sugiere que “trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones de la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad ayudaría a reducir la informalidad y la desigualdad.”
Sin embargo, disminuir ingresos a la seguridad social es una iniciativa de muy difícil implementación. No solo por la coyuntura actual, sino porque de previo, debería implementarse una reestructuración que permita reducir costos y gastos sin comprometer la calidad de los servicios de salud.
En relación con los impuestos a la propiedad, debemos señalar que en Costa Rica actualmente existen dos de ellos. El impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI), que grava los mismos con una tarifa del 0,25% y el Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda (conocido como impuesto a las casas de lujo).
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La característica de estos dos impuestos es que ninguno de ellos podría ayudar a incrementar los ingresos del Estado, pues el IBI es recaudado por las municipalidades, mientras que el segundo, si bien es cierto es a favor del gobierno central, su destino es el financiamiento de los programas de vivienda del Banco Hipotecaria de la Vivienda.
Tomando en cuenta lo anterior y en mi criterio, la implementación de la recomendación de la OCDE iría en el sentido de crear un impuesto sobre los activos productivos de las empresas o sobre el patrimonio de las personas físicas, cuyo destino sea la caja única del Estado.
En relación con el primero de ellos, ya en el pasado tuvimos una experiencia de este tipo, cuando mediante la Ley de Ajuste Tributario de 1995, se aprobó el denominado impuesto al activo de las empresas. El mismo, gravaba con una tarifa del 1% los activos propiedad de los contribuyentes del ISR. Este impuesto se derogó a finales de 1999 y posteriormente declarado como inconstitucional en el año 2001, por la Sala Constitucional.
En relación con el impuesto sobre el patrimonio, Costa Rica no ha tenido una experiencia en ese sentido. En general, este impuesto grava la titularidad de bienes y derechos propiedad de las personas físicas, siendo la base imponible del impuesto el valor de esos bienes y derechos menos las deudas o pasivos que los afectan.
Queda en manos del Poder Ejecutivo y Legislativo valorar las recomendaciones de la OCDE. Objetivamente, la situación fiscal del país es precaria y requiere de atención urgente, sin embargo, las medidas que se tomen deben siempre ir de la mano con una reducción real y medible de los gastos del Estado y no solo exigirles más esfuerzos a los contribuyentes.
El autor es Socio de Impuestos de Deloitte.