Muchos costarricenses están pendientes del avance de los proyectos del gobierno que incluyen un nuevo formato para cobrar los impuestos de renta y que afectaría a asalariados, trabajadores liberales y pensionados.
Este martes, El Financiero organizó un foro con la participación de varios expertos en el tema, los cuales explicaron de qué se trata este proyecto de ley y cuáles serían sus efectos para los contribuyentes.
Uno de los cambios más importantes es que se pasaría de un esquema de renta cedular a otro de renta global, con el cual se pretende incluir en una misma canasta todos los ingresos que reciban las personas.
“Tributación no va a fijar en el tipo de renta que se obtiene sino en la que persona que obtuvo las rentas, pasamos de un modelo de renta cedular a un impuesto de renta personal, sea física, jurídica o no residentes. Con la reforma lo que se quiere es que la persona física integre todas sus rentas en una única base imponible”, explicó Lorna Medina, socia de impuestos de BDO.
Esto quiere decir que a ojos de Tributación, tanto los asalariados, quienes trabajen por servicios profesionales y los jubilados tendrán el mismo trato, cosa que no ocurre actualmente.
Si un trabajador recibe su salario regularmente, pero además tiene rentas por alquileres, ahora tendrá que unir esos montos, presentar la declaración y realizar el pago correspondiente. Cada una de las rentas va a tener su tratamiento especial.
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Otro ejemplo puede ser un asalariado que fuera de su horario laboral tiene otra actividad por servicios profesionales, como dar clases en la noche. Esta persona deberá sumar los ingresos de ambas actividades y preparar la declaración correspondiente.
“Esto va a impactar a las personas físicas que tienen otras rentas adicionales al salario. Esto significa vigilar más el tema de las retenciones que realizan los pagadores. Al final de año del monto correspondiente al impuesto por pagar, voy a restar las retenciones que me han hecho los pagadores y esto conlleva identificar muy bien las fuentes de ingreso”, explicó Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos.
No todos los asalariados van a declarar este impuesto de renta, únicamente aquellos que tengan ingresos superiores al llamado monto mínimo vital, que según el proyecto de ley, es de ¢10.104.000 anual, o lo que es igual a ¢842.000 mensuales y que se iría ajustando año a año.
Esa cifra, según Hacienda, cumple y satisface todas las necesidades básicas de las personas para subsistir.
Solo cuando los salarios superen los ¢842.000 mensuales, el patrono va a retener un 15% sobre el exceso y el trabajador no debe hacer más trámites, siempre y cuando el trabajador solo tenga una fuente de ingresos (el sueldo).
Todos los ingresos que reciba el contribuyente como salarios, pensiones, ingresos por servicios profesionales o alquileres se incluyen en la base general del impuesto y el cálculo del pago a realizar se realiza de la siguiente manera:
“A los ingresos de la base general, el contribuyente le puede restar el monto mínimo vital y sobre ese resultado se aplica una tarifa escalonada del impuesto. Veamos un ejemplo: una persona que gana entre pensión y alquileres gana ¢30.104.000, le resta el mínimo vital y le queda una renta neta de ¢20.104.000; ahí va una escala de 25% y esa persona pagaría aproximadamente ¢5.000.000 de impuestos”, ejemplificó Randall Oquendo, socio de Impuestos de EY.
Cualquier actividad relacionada con alquileres se considera renta pasiva, a menos que el propietario contrate un empleado y se registre en la CCSS. En ese momento, ya se constituye como una actividad productiva.
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¿Qué cambia para los trabajadores liberales?
Los trabajadores independientes están más acostumbrados a las declaraciones tanto mensuales como anuales, ya sea del IVA o de renta; ahora se equipara el trato de ellos con los asalariados.
“Hay un cambio en la metodología para trabajadores independientes, uno de los más importantes es que se equipara el tratamiento fiscal entre los profesionales independientes y los asalariados. En términos generales se equiparan los tramos exentos, pero hay un tramo mayor para pagar al final del periodo”, expresó Fabio Salas, socio de Impuestos y Legal de Deloitte.
Uno de los aspectos que más polémica ha causado es que, según el gobierno, la Unión Europea (UE) ha pedido un cambio en el esquema de renta para pasar a la mundial y así salir de la lista gris de países no cooperantes.
Sin embargo, los expertos en el foro señalaron que en ningún momento la UE le ha pedido a Costa Rica o a ningún país explícitamente aprobar un sistema de renta mundial.
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Actualmente, hay dos proyectos en la Asamblea Legislativa que cubren estos requisitos sin necesidad de nuevos impuestos.
En la actividad de este martes, los participantes señalaron estos puntos como los principales del proyecto:
- Más cambios para las personas físicas.
- Limitante para deducir intereses como gasto.
- Eliminación de tramos graduales para pymes.
- Renta semejante a la mundial para empresas.
- Amortización de intangibles (activos).
Los cuatro participantes de la actividad de hoy concuerdan en que estructuralmente lo que el proyecto plantea es correcto, ya que en el pasado se han venido colocando “parches” y no se ha tocado el problema de fondo.
Sin embargo, reconocen que aún los contribuyentes se están adaptando a los cambios que trajo la reforma fiscal que entró en vigor en 2019 pero que ha estado marcada por varias situaciones que han complicado la medición de sus efectos reales, como la pandemia y el hackeo a Hacienda, entre otros.
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Cambios en el marchamo
Dentro de la lista de proyectos que presentó el gobierno destaca también una iniciativa para modificar la forma en la que se calcula el valor de los vehículos, clave para determinar el costo del marchamo.
En Costa Rica muchos propietarios han reclamado que año a año el valor de los vehículos no se deprecia, si no que se aprecia. Ahora ajusta la metodología para hacer mejor el cálculo tras 30 años de tener el mismo reglamento.
La idea es que sea más progresivo, es decir, paga más el que más gana y acabaría con la tendencia de los últimos años, donde el valor del carro subía.
De acuerdo con datos aportados por Randall Oquendo de EY durante el foro, con la nueva metodología un dueño de un vehículo con valor fiscal de ¢5.000.000 pagaría un 15,6%, es decir, ¢22.000 más que hoy. Por otro lado, un automóvil con un valor de ¢50.000.000 y que paga ¢1.500.000 cancelaría un 47% adicional.
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