Con una inversión de $170.000, la empresa Cuestamoras Urbanismo edificó el andén de la estación del ferrocarril que se ubica en San Francisco de Heredia.
La construcción tuvo lugar luego de un acuerdo de cooperación firmado con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). Esta última entidad aportó, entre otros rubros, el terreno.
Este acuerdo es uno de los más recientes casos de alianzas público-privadas (APP) que han surtido efecto en suelo nacional.
Se trata de un modelo reconocido a nivel mundial como catalizador de desarrollo para las economías, pero que en Costa Rica parece todavía se ve con recelo.
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Entorno de análisis
Varias son las razones que podrían explicar por qué este tipo de alianzas no se multiplican.
Costa Rica es catalogado como un país apenas emergente en el desarrollo de estas alianzas, según la cuarta edición del informe Infrascopio, que evalúa la capacidad de los países de América Latina y el Caribe para llevar a cabo asociaciones público-privadas (APP) en infraestructura.
Carencias a nivel de marco regulatorio, voluntad política y capacidad pública para planear y supervisar las APP, son las áreas débiles reconocidas localmente.
De entre 19 países analizados, Costa Rica se ubicó en la posición 10 con un puntaje de 39 puntos (de un máximo de 100). En la región, Chile encabeza la lista con 76,6 puntos.
“La mayoría de las alianzas en Costa Rica han sido muy cortoplacistas, casi filantrópicas, más de tipo unidireccional, donde el sector privado pone el dinero y el sector público sus contactos. Aquí hay oportunidades. Tenemos el desafío de potenciarlas aún más”, comentó Aitor Llodio, director ejecutivo de la fundación Aliarse.
El índice fue elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU) y cuenta con el apoyo financiero del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.
Éxito a la mano
A la fecha, ha sido el sector de transportes el que más se ha ido sumando a los beneficios de las APP. Hablamos de concesiones adjudicadas que incluyen rutas con peaje, aeropuertos y puertos marítimos.
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Se trata, justamente, de uno de los sectores donde más se reclaman recursos y donde más necesario se hace invertir para sumarle competitividad al país.
Según detalla el documento “La dimensión legal de las alianzas público-privadas en Costa Rica” de la fundación Aliarse, para el 2015 se proyectó que el Ministerio de Obras Públicas y transportes (MOPT) gestionara un presupuesto anual cercano al 1,2% del producto interno bruto (PIB) –incluidos Conavi, Incofer y CTP, entre otros–. El Plan Nacional de transportes 2011-2035 estima que la modernización de la red de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos del país implica un esfuerzo anual de inversión en torno al 3,7% del PIB. Es decir, tan solo en el sector transportes el país arrastra una brecha anual del 2,5% de la producción.
“Para el andén ya pensamos en que tenga cámaras de seguridad próximamente y hasta paneles solares para la recarga de dispositivos móviles. Vea el potencial que hay: imagine una estación como la del Atlántico mucho más moderna, con espacios de comercio, comidas, como el de los mejores lugares del mundo”, meditó Javier del Campo, director comercial de Cuestamoras.
Plasmar caminos mucho más ágiles en los procesos es uno de los retos. Mientras, el modelo se replica de a poco, en pequeñas y grandes escalas.
En los cantones de Corredores, Golfito y Osa unos 100 productores nacionales de cacao se capacitan para aprender técnicas modernas de producción. Aquí la percusora fue la alianza bajo el nombre Cacao Clean & Fair .
Y en el Caribe, se cuentan los meses para que la concesionaria APM Terminals dé el banderazo de salida a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
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