América Latina es el nuevo epicentro de la pandemia por el COVID-19 y su llegada sacó a flote las debilidades de la zona más desigual del planeta. A golpe de tambor los países mitigan el impacto de la crisis sanitaria con estrategias muy heterogéneas, que complican el panorama de reapertura económica en una región cuyo Producto Interno Bruto (PIB) podría contraerse hasta 4%, o incluso más.
El dato se desprende del informe América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y muestra la fragilidad que tiene el istmo ante este inesperado escenario.
La reactivación económica es incierta en una región donde hay cuarentas absolutas, parciales o nulas como ocurre en Nicaragua donde la pandemia avanza sin dar tregua y sin ninguna contención.
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Esta crisis sanitaria sin precedentes podría ser el catalizador para democracias que tambalean y ceden a tintes autoritarios, como el caso de El Salvador donde el COVID-19 fue la excusa perfecta para que el presidente Nayib Bukele empezara a suprimir a los poderes Legislativo y Judicial.
Incertidumbre ensombrece reactivación económica
Para entender los obstáculos que enfrenta la reactivación económica en Latinoamérica es necesario conocer las medidas que aplican algunos países de la región. Por un lado está el grupo de naciones que aplicó cuarentenas totales como Panamá.
Esta nación aplicó un confinamiento general, limitó las salidas los domingos y el resto de la semana las salidas de emergencia debían realizarse de acuerdo al género.
Ecuador también aplicó un aislamiento absoluto para contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria que dejaba 3.056 fallecimientos al pasado 22 de mayo según datos divulgados por Juan Carlos Cevallos, ministro de Salud.
Chile es un caso particular porque al inicio de la crisis el Poder Ejecutivo optó por un menú de cuarentenas selectivas con las que pretendía un retorno seguro en el corto plazo. Sin embargo, la explosión de casos puso al borde del colapso los sistemas de salud y se impuso una cuarentena total a partir del 22 de mayo en la Región Metropolitana, la zona más afectada.
En la otra acera está Centroamérica una zona con medidas muy heterogéneas.
El Salvador realiza cuarentenas absolutas para detener el contagio, lo que le permite al presidente Nayib Bukele centralizar más el poder; mientras que Guatemala aplicó un toque de queda total del 22 al 25 de mayo después de que se dispararan los contagios diarios.
Este confinamiento está precedido por toques de queda parcial que se aplicaban desde marzo de la 5 de la tarde a cinco de la mañana.
Costa Rica optó por un confinamiento parcial que no paralizó al sector productivo y le permitió reducir los contagios. De manera conservadora el país dio el aval para reabrir gimnasios y teatros desde el 1° de mayo y a mediados mes se flexibilizó la restricción vehicular sanitaria, se continuó con la reapertura de las playas –durante tres horas– y algunos parques nacionales para promover el turismo interno.
Mientras tanto, Nicaragua desoye los llamados internacionales y no aplica ninguna medida. Sus habitantes denuncian presuntos entierros clandestinos para ocultar las muertes por COVID-19.
Originalmente para el 2020 la Cepal estimaba un crecimiento máximo del PIB en 1,3% pero con la crisis sanitaria se pronostica un decrecimiento que podría oscilar entre el 1,8% y el 4%. El organismo no descarta que la contracción pueda ser mayor.
Con excepción de Costa Rica en Centroamérica no hay indicios de una cercana reactivación económica. Los países del Triángulo Norte están paralizados y concentran sus esfuerzos aplacar los contagios, El Salvador condicionó la reapertura gradual –que podría darse el 6 de junio– al éxito de la cuarentena absoluta.
Panamá anunció a mediados de mayo un desconfinamiento gradual. En la primera etapa se dará luz verde para la reapertura de ventas minoristas a domicilio, talleres de mecánica, servicios de electricidad, plomería, pesca y reuniones de trabajo de hasta 10 personas, eso sí mientras continúa la cuarentena nacional que se impuso desde el 25 de marzo.
Algunos países de América del Sur también dan tenues indicios de reactivación. Tal es el caso de Ecuador que reanudará los vuelos internos –eso sí, con frecuencias limitadas– bajo estrictos protocolos de bioseguridad.
Mientras tanto los países que integran el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) acordaron unir esfuerzos para reactivar la economía. Sin embargo, esto no será una tarea fácil.
En días recientes Brasil se convirtió en el tercer país con mayor cantidad de contagios en todo el mundo. Al 23 de mayo se registraban 330.890 brasileños con COVID-19 de los cuales 21.048 habían fallecido a causa de la enfermedad, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
COVID-19 ¿un peligro para las democracias?
Aplicar cuarentenas para detener los contagios por COVID-19 puede ser un germen de desestabilización para las democracias. Ejemplo de ellos es El Salvador.
Desde inicios de año el país se sumía en una crisis política por el enfrentamiento entre el Presidente y el Congreso; en febrero el mandatario ordenó militarizar el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, una acción sin precedentes en la historia reciente de esta nación centroamericana.
Con la llegada de la pandemia se incrementaron las tensiones entre poderes. Ahora Bukele amenaza con denunciar a la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una supuesta violación al derecho de proteger la vida.
En el 2018 el apoyo a la democracia cayó a un 48%, de acuerdo al último informe publicado por el Latinobarómetro. Un panorama desalentador al cual se le debe sumar una crisis sanitaria que produjo la mayor recesión desde la Gran Depresión de 1929.
“Se requiere de un pacto fiscal que blinde la democracia, de lo contrario nos tememos una salida no democrática a la crisis. Ninguna democracia es sostenible con hambre”, considera Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El COVID-19 también puede desatar focos de descontento a lo largo de la región.
En Chile un policía resultó herido luego de que un centenar de vecinos de la pobre comuna de Cerrillos denunciaran la falta de ayuda del Gobierno. La policía y los vecinos mantuvieron un fuerte enfrentamiento luego de que ocurrieran desórdenes con barricadas y lanzamientos de objetos, mismos que se dispersados con gases lacrimógenos.
Pese a que el COVID-19 puede ser el cóctel perfecto para desestabilizar algunas frágiles democracias, también se ha reafirmado el apoyo que los ciudadanos.
Tal es el caso de Costa Rica donde el 65% de los ciudadanos calificaron su labor como positiva la labor del presidente Carlos Alvarado, según datos del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.