Por: Laura Ávila.   30 octubre, 2018

Durante años los usuarios de la Ruta Nacional 27 anhelaron ver la carretera concluida y con mejoras que optimicen el tránsito en el tramo San José-Caldera. El sueño comenzó a tomar forma en setiembre cuando el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), anunció la compra de las primeras nueve hectáreas en la intersección de Santa Ana.

En etapas iniciales se deberá hacer un análisis geotécnico y funcional, y enviar la adenda a la Contraloría General de la República (CGR), tarea que se podría realizar en los primeros dos años de la administración Alvarado Quesada. Foto: Rafael Pacheco

Para la expropiación de los primeros terrenos se destinaron ¢1.500 millones. El próximo año el Gobierno invertirá ¢2.000 millones para adquirir 27 hectáreas adicionales.

Estos recursos pertenecen a los ¢5.000 millones que la administración Alvarado Quesada le inyectó al CNC para fortalecer el modelo de obras por concesión. Es dinero que se obtuvo de la reducción de subejecuciones de las instituciones estatales.

En total la administración deberá tomar posesión de 79 terrenos para concluir la obra, sin embargo, la expropiación de las propiedades restantes dependen del plan definitivo de construcción.

A pesar de que el país avanza con las expropiaciones el proceso para construir la infraestructura está en pañales.

En etapas iniciales se deberá hacer un análisis geotécnico y funcional, y enviar la adenda a la Contraloría General de la República (CGR), tarea que se podría realizar en los primeros dos años de la administración Alvarado Quesada.

La ampliación del tramo San José-Caldera forma parte de las medidas de reactivación económica que presentó semanas atrás el presidente de la República, Carlos Alvarado.

Abriendo camino

Durante el 2018 el trabajo se concentrará en la expropiación de nueve hectáreas que están a la altura de la intersección de Santa Ana. Terrenos que no tienen construcción (son zona verde o están deshabitados), lo que agiliza el proceso.

En esa intersección se realizará una mejora funcional, por lo que se requieren las propiedades que están en las cercanías del Mega Súper, a ambos lados de la carretera.

Ahí se tomará posesión de terrenos de la Universidad de Costa Rica y de empresas privadas.

La mejora funcional consiste en construir una rotonda que optimizará la distribución a nivel interno y la carretera pasaría encima de esta infraestructura.

Para el próximo año se tomará posesión de 27 hectáreas para mejorar estructuralmente los taludes, una de las debilidades de la carretera. Los trabajos serán desde Santa Ana hasta el intercambio en Orotina.

Una de las posibilidades es bajar la pendiente de los taludes más verticales para que exista mayor capacidad para canalizar aguas, comentó a EF Carlos Valverde, gerente de la Ruta Nacional 27.

Las 27 hectáreas que se expropiarán el próximo año están en La Guácima, Escobal, Turrúcares, Rincón Chiquito, Coyolar, Balsa y San Rafael de Alajuela.

¿Cuál sería el próximo paso?

Posteriormente se conformará un equipo multidisciplinario para determinar las necesidades de las obras. Se tomarán en cuenta otros proyectos (como la ampliación de la ruta San José-San Ramón, el Aeropuerto de Orotina y la ampliación de Puerto Caldera), para que la ampliación esté acorde de las necesidades del país.

Además se debe dar una evaluación económica y financiera para medir tres aspectos: el impacto de la tarifa, el aporte del Estado (en caso de que se requiera) y el plazo que le queda a la concesionaria para hacer la ampliación.

De momento las autoridades del CNC no estiman plazos para el inicio de las obras y solo admiten que la adenda debe estar en la CGR en los próximos dos años para que sea refrendada.

El Estado también deberá de emitir una licitación internacional para la construcción de las obras, ya que Globalvía (concesionaria actual) solo se dedica a la operación y el mantenimiento de la carretera.

Las obras podrían tener un costo de $449 millones, de acuerdo a la última estimación que brindó la empresa concesionaria.

¿Qué características tendrá la ampliación? “Aquí primero tenemos que considerar cuál es la mejora funcional de la carretera de acuerdo a lo que establece el contrato y a lo que podemos negociar”, indicó Benavides.

El equipo multidisciplinario valorará si se pueden incorporar mejoras al proyecto que requieran de una coordinación interinstitucional, como por ejemplo, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

Características del proyecto

Aunque el Estado debe hacer valoraciones para el plan definitivo, el proyecto original contemplaba los siguientes trabajos, según la información sitio web del CNC:

Ampliar a seis carriles los 14 kilómetros comprendidos desde el Gimnasio Nacional hasta el peaje de Ciudad Colón. En ese tramo se realizarían: marginales; ampliación de puentes menores; ampliación y mejoramiento del sistema de evacuación de aguas; ampliación y mejoramiento de puentes peatonales, bahías de buses y señalamiento horizontal y vertical.

Ampliar a cuatro carriles los 38 kilómetros que se comprenden desde el peaje de Ciudad Colón hasta el peaje de Pozón. En esa sección los trabajos que se realizarían: marginales; ampliación de los puentes Virrilla, Ciruelas, Río Grande, Concepción y Salitral; ampliación de puentes menores; ampliación y mejoramiento del sistema de evacuación del sistema de aguas.

Además de estabilización de taludes.

También se consideraron mejoras de trazado en sectores críticos, aumento en el número de carriles, ampliación de puentes y estructuras de paso inferior, mejora de enlaces con otras carreteras, trabajos especiales de estabilización de taludes y de viaductos.

Otras mejoras que se consideraron fueron elementos de seguridad vial como señalización, información y control.