La empresa holandesa APM Terminals, concesionaria del proyecto de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), aseguró que la obra suma cinco días de atraso en su desarrollo y que cada día que pasa les significa pérdidas cercanas a los $200.000.
La causa de los números rojos es un bloqueo en la ruta 257, que da acceso a la construcción de la Terminal.
Kenneth Waugh, director general de APM Terminals Moín, explicó que desde hace una semana un grupo de alrededor de 200 transportistas locales impiden el paso a cualquier camión que se diriga al proyecto, relentizando el proceso de construcción.
Empero, los transportistas exigen más y nuevas garantías de los que fueron negociados al inicio del desarrollo de la obra: el transporte de 2/3 partes de todo el material que la obra necesite, unas 960.000 toneladas de material.
Los transportistas hoy solicitan el 100% de la carga de material.
"APM se comprometio en darle priododiad a suplidores y contratistas de Limón para que tuvieran beneficios sobre la comunidad que estamos construyendo, pese a que su oferta fuera mayor en algunos casos. No contentos con eso, ahora hacen bloqueos utilizando una táctica de amenaza y violencia", comentó Waugh en conferencia de prensa.
El bloqueo ha impedido el acceso al proyecto de transportistas provenientes de Guanacaste.
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Quirico Alpizar, uno de los líderes del gremio, dijo a La Nación que rechazaba las declaraciones de Waugh y aseguró que su protesta se debe a que Van Oord Bam, empresa contratada por APM Terminals para construir el megapuerto, ha incumplido una serie de acuerdos establecidos en los contratos de trabajo.
"Las tarifas se han respetado pero los vólumenes de carga no. Por ejemplo, el pasado 3 de febrero, en la casa cural de Limón, la empresa nos ofreció que no interfirieramos con la carga traída de Guanacaste y a cambio nos daban el 100% de la carga que sale de los tajos ubicados en Limón, pero el lunes anterior se retractaron, por eso tenemos la protesta", dijo Alpizar a ese diario.
Falta de acuerdo
Hoy, la firma no tiene claridad de cuándo llegará a normalizarse el ritmo de construcción de la obra y aseguran que sostendrán reuniones con el Ejecutivo para que intervengan en el problema.
"De no retirarse de la carretera, debemos solicitar el apoyo del Gobienro. Nos basamos en las claúsulas del contrato de concesión para que nos garanticen acceso seguro y pacífico al sitio del proyecto. Ya el Gobierno decidirá si tiene poder de negociación o utilizará otras medidas", continuó el gerente.
La fecha de inicio del proyecto se extendió entonces al 23 de enero del 2018.