La huelga indefinida que paraliza los muelles de Moín tensa la relación del Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís con el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
Japdeva opera los puertos por donde Costa Rica exporta cerca del 90% de su producción y que por lo tanto, resulta vital para la abierta economía costarricense, basada en las ventas al exterior.
La paralización de Moín es un nuevo eslabón en la larga cadena de protestas de Sintrajap contra la concesión de los puertos a empresas privadas, posibilidad que se empezó a explorar en 1996.
Aunque el pulso sea de larga data, el paro de hoy en Moín representa el primer gran conflicto sindicatos-Gobierno que estalla durante la administración de Solís. Previamente Casa Presidencial tuvo que enfrentar una extensa huelga de educadores, pero que se originó a finales de la anterior administración.
Después de la solución de ese problema, el Gobierno de Solís y las principales centrales sindicales se han enseñado la bandera blanca.
Incluso, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se ha comportado como uno de los socios naturales del nuevo Gobierno en luchas como la defensa del presupuesto 2015 ante las inteciones diputadiles de recortarlo en un 1%.
Las primeras muestras de enfado de los líderes de Sintrajap se dieron el lunes pasado después de que mantuvieran una reunión con Luis Guillermo Solís en la que Casa Presidencial les advirtió que está a favor del contrato de concesión.
Ese apoyo desató los reproches sindicales. El líder gremial Ronaldo Blear acusó al Gobierno de faltar a su promesa de cambio por respaldar una concesión que, según Sintrajap, creará un monopolio en la carga de contenedores durante los próximos 50 años a favor de APM terminals. Esta es una decisión que, según los sindicalistas, llevará a la quiebra a Japdeva.
Sin embargo, la cordialidad entre el Gobierno y la mayoría de fuerzas sindicales impide dar por sentado que ANEP y otras centrales acudirán al llamado de Sintrajap de unirse en contra de la concesión de la construcción y operación de la nueva Terminal de Contenedores de Moín en manos de la transnacional holandesa.
Resta por ver si los nueve diputados del Partido Frente Amplio conservan el desarrollado músculo político que ese partido de izquierda demostró durante la pasada campaña electoral para obligar al Gobierno—al que se alió desde mayo pasado en el Parlamento—a cambiar en su posición a favor del proyecto de la TCM, al que solo le falta el permiso de viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) para arrancar.
El bloque de los 9 diputados frenteamplistas más Carmen Quesada, del Movimiento Libertario, fue el único que respaldó los reclamos de Sintrajap el lunes pasado. Empero, el Frente Amplio no se radicaliza y más bien se inclina por facilitar el diálogo entre los sindicalistas y el Gobierno.
Mientras la TCM amenaza con complicar la relaciones políticas del Gobierno con los sindicatos y el Frente Amplio, el sector empresarial levanta la voz en contra de la huelga.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), la Cámara de Comercio y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) llamarón al Gobierno a la firmeza y que cumpla con su palabra de que mantendrá en funcionamiento los muelles limonenses.
“Muchas de nuestras empresas asociadas utilizan con alta frecuencia estos puertos, al igual que más del 80% de la industria nacional para efectos de importación y exportación de materia prima; desde insumos de empaque, repuestos, maquinaria, productos perecederos, entre otros, todos estos vitales para nuestro proceso productivo”, alertó José Manuel Hernando, Presidente de Cacia.