El Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) anunció este lunes que convocará a sus asociados a una huelga en protesta por la cláusula 9.1 del contrato para construir y operar la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) que fue otorgado a la empresa holandesa APM Terminals.
Ronaldo Blear, secretario general de Sintrajap, afirmó que esperan contar con el apoyo de otras organizaciones sindicales del país para protestar en las calles de Limón y San José contra el contrato con APM Terminals que, según el sindicalista, creará un monopolio de cincuenta años a favor de esa empresa en la operación de carga de contenedores en toda la costa atlántica costarricense.
Por los muelles de Moín Costa Rica exporta más del 90% de su producción.
El sindicalista afirmó que la decisión de manifestarse paralizando los muelles que opera Japdeva y de llamar a una marcha nacional se debe a que dieron por cerrados los espacios de diálogo con el Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, a quien Sintrajap reclamó por haber dado su respaldo al contrato con APM tal como fue negociado en administraciones anteriores.
"El presidente omite el mandato constitucional que prohíbe los monopolios y deja a Japedeva en inseguridad jurídica al vaciar su Ley Orgánica (...) el presidente le está dando la estocada final al pueblo de Limón", afirmó Blear, rodeado por los diputados del Partido Frente Amplio y de la diputada Carmen Quesada, quien representa a Limón en la fracción del Movimiento Libertario.
Sintrajap afirmó que la posición del mandatario inclinará la balanza a favor de APM Terminals, que aún debe recibir el permiso ambiental departe de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena).
Un fallo de la Sala I, la semana pasada, abrió el camino para que las obras del megapuerto arranquen entre diciembre y enero próximos, al descartar un recurso de casación que Sintrajap había presentado desde el 2012 contra el contrato de concesión de la obra que costaría más de $1.000 millones.
Sin embargo, Casa Presidencial emitió un comunicado donde reafirmó su compromiso con Japdeva y llamó a sus trabajadores a respetar el fallo emitido por la Sala I de la Corte. La casa de Gobierno también les pidió calma a los sindicalistas de Japdeva y esperar el pronunciamiento de Setena sobre la viabilidad ambiental del proyecto.
El Gobierno informó de que pidió a APM Terminals trasladar al Estado un 2,5% adicional que se destinaría al fortalecimiento portuario de Japdeva, que se sumaría al 5% del canon que deberá pagar la empresa para financiar obras de infraestructura en Limón.
Ann Mckinley, presidenta ejecutiva de Japdeva, pidió a los sindicalistas no renunciar al diálogo y pidió ver las inversiones que está realizando el Gobierno en la modernización de Puerto Moín.
Entre sus argumentos para oponerse a la TCM los sindicalistas afirman que mientras Japdeva cobra a un exportador costarricense $17 por mover un contenedor con productos de exportación, APM Terminals le cobrará a ese empresario cerca de $300, sin que el exportador tenga la posibilidad de optar por reducir sus costos de carga debido a la cláusula 9.1 del contrato de operación del futuro puerto.
EF solicitó el criterio de los representantes de APM Terminals sobre lo dicho por Sintrajap y varios diputados.
La empresa respondió que la ratificación del contrato en varias instancias estatales comprueba la transparencia y validez de lo negociado con el Gobierno de Costa Rica.
"Para APM Terminals la nueva Terminal de Contenedores de Moín es una obra que promueve el desarrollo socio económico del país y una herramienta de competitividad", se limitó a comunicar la firma holandesa a través de sus asesores en comunicación.
