El Banco Crédito Agrícola de Cartago, más conocido como Bancrédito, se desmorona poco a poco a la sombra de un pulso político en el que Casa Presidencial se exculpó y puso la responsabilidad de lo que pase en el futuro, en manos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
“La intervención no es tardía, es innecesaria”, sentenció Gina Ampié, quien fungió como directora de Bancrédito en una Junta Directiva emergente que llegó en abril del 2017 con la firme intención de rescatar la entidad financiera, eso sí, antes de que el Consejo de Gobierno decidiera sacar al banco del negocio.
El pulso es claro. El Gobierno no quería la intervención, la considera innecesaria, lo que realmente buscaba el Ejecutivo, era transformar a Bancrédito en el nuevo Banco Costarricense de Fomento (BCF), tal y como consta en un proyecto de ley presentado en julio ante la Asamblea Legislativa.
Las intenciones de hacer esa transformación recibieron dardos de diputados, los más fuertes vinieron de boca del propio fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, quien desde su curul levantó la voz y presentó su contrapropuesta, un plan para cerrar Bancrédito.
Otras voces creen que la propuesta del Gobierno de transformar el banco es “una forma de patear la bola” para que la decisión de cerrar Bancrédito le quede al próximo presidente, ya que no es muy popular colocarle candado a una entidad financiera en medio de una campaña electoral.
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En la otra acera del pulso, se encuentra el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Sugef, encargados –por ley– de intervenir el banco luego de una caída en tres de sus indicadores por el desgaste financiero, que lo puso en nivel de irregularidad tres.
Luis Carlos Delgado, presidente del Conassif, aseguró en entrevista el pasado 22 de diciembre, que la intervención generará un gasto mensual menor al que reporta la entidad con su operación regular y agregó que al final del proceso se puede retomar la iniciativa de transformar el banco.
Patear la bola
Para Ottón Solís la mejor opción es cerrar Bancrédito con el fin de que esa entidad sea absorbida por el Banco de Costa Rica (BCR) en dación de pago para reducir la deuda interna del país.
El legislador señaló que, en el pasado, otros bancos públicos salieron al rescate de Bancrédito con compra de activos, alianzas y otros movimientos para mantener a flote la operación.
Solís fustigó que a Bancrédito se le entregaron negocios rentables como el cobro del impuesto de renta, el de salida del país, venta de timbres y especies fiscales, la administración del fideicomiso de Banca para el Desarrollo y las tiendas libres de impuestos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), pero las crisis en la entidad fueron frecuentes.
El fundador del PAC indicó que Gobierno quiso “patear la bola” en este tema y no tuvo el valor de asumir la responsabilidad para cerrar el banco.
Leonardo Garnier, economista quien fue compañero de Solís en la comisión que analizó la situación del Banco Anglo en 1994, cree que la decisión de intervenir se tomó a medias y en un momento poco comprensible.
“Aquí nos pasa algo muy parecido a lo que pasó con el problema fiscal, que se envían proyectos a la Asamblea Legislativa, pero no se hace la tarea para que esos proyectos se aprueben, eso es una forma de decir, bueno nosotros sí planteamos la solución, aunque en realidad no, con Bancrédito hay algo parecido, están diciendo que hay que transformar el banco, pero se lo dejamos al gobierno que viene”, alegó.
Para el también exministro de Educación, lo que se ha hecho con Bancrédito es “patear la bola” y postergar el análisis de preguntas de fondo como: ¿cuáles son los problemas financieros específicos que tiene esa entidad?, ¿cuál es el papel estratégico que juega ese banco en el sistema financiero?, ¿es necesario transformarlo en una institución de fomento y desarrollo?
Ajedrez político
Entender lo que sucede en Bancrédito es importante en la coyuntura política y fiscal que vive el país, una forma de hacerlo es con la ayuda de dos personas que trabajaron en la Junta Directiva de la institución nombrada por el Gobierno en abril del 2017 con la misión de rescatar el banco fundado en 1918.
El 18 de abril del año pasado, en medio de una fuerte incertidumbre por el desgaste financiero de Bancrédito, la entonces presidenta de la Junta Directiva, Aura Martínez, informó a los 900 empleados de la institución, que los siete directores renunciaron a su cargo a partir de ese día.
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Además de Martínez dejaron el cargo Jean Jacques Oguilve, Clara Isabel Castro, Mario Eduardo Castillo, Hugo Garita, Julio Sánchez y María del Pilar Araya.
Hora antes, Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, había pedido a los directivos del banco que dejarán sus puestos por la crisis financiera que envolvía a la entidad.
En una rápida movida política, el Consejo de Gobierno nombró de inmediato –el mismo 18 de abril– una nueva junta directiva en el Banco Crédito Agrícola de Cartago.
En este nuevo grupo llegaron Ronald Rojas, quien fungió como presidente del cuerpo directivo hasta el pasado 22 de diciembre y Gina Ampié (dejó su cargo el 4 de agosto), acompañados por Tobías Cerdas, Rosa Roig, Javier Herrera, Ana Isabel Salas y Luis Alvarado (renunció un mes después de ser nombrado).
“Con el cambio de la junta Directiva enviamos el mensaje de que hay una voluntad inequívoca del Ejecutivo de facilitar de toda forma posible la recuperación y transformación del banco”, apuntó Luis Guillermo Solís, presidente de la República, en una atención a la prensa ese día.
Pero las cosas han cambiado. El Gobierno decidió sacar a Bancrédito de la intermediación financiera contrario a los que los directivos nombrados en abril habían recomendado. Ese movimiento fue un fuerte golpe que llevó a la entidad a un inequívoco desgaste de sus indicadores financieros, una intervención y de lo que venga adicionalmente en el futuro.
Crisis desde adentro
Ampié y Rojas fustigaron la decisión de Sugef de iniciar una intervención en el banco en este momento porque consideran que ya es “innecesaria” y que choca con el trabajo que venía desarrollando la Junta Directiva.
“El banco podía seguir adelante. La decisión de sacar a Bancrédito de la intermediación la tomó el Gobierno, yo por eso renuncié porque a nosotros nos llamaron para tratar de rescatarlo no para cerrarlo”, defendió Ampié.
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La exdirectiva considera que sacar al banco de la intermediación financiera fue un duro golpe ya que le quitaron la fuente principal de recursos y lo alejaron del negocio.
También reconoce que la intención del Gobierno era transformarlo en un banco de fomento y desarrollo.
“Lo sacan de intermediación antes de aprobar la transformación, sin una ley o un decreto que permita que el banco salga de la intermediación ordenadamente, sino que se mantenga operando como banco, porque no hay ningún decreto que lo respalde, cosa que sí pasó con el Banco Anglo”, aseveró.
Ronald Rojas, presidente separado de la Junta Directiva de Bancrédito, coincidió con Ampié sobre el hecho de que el Consejo de Gobierno fue el que decidió sacarlo de la intermediación financiera, aunque la misión inicial de los directivos era tratar de rescatar la entidad.
De acuerdo con Rojas, la Junta pidió a la Sugef que cambiara los parámetros de medición de los indicadores bajo el argumento de que no se puede analizar la situación de un banco que ya no capta y presta dinero, con base en estándares para entidades que sí lo hacen.
“Nosotros intentamos que no se diera la intervención, pero si usted va vendiendo su generador de ingresos que es la cartera, y sobre todo la que está totalmente al día, es sumamente difícil que no se deterioren los indicadores” explicó.
Disgusto en Casa Presidencial
Cuando los indicadores de rentabilidad, mora y calce de plazos se deterioraron en noviembre, Bancrédito cayó en un nivel tres de irregularidad, lo que justificó la decisión de Conassif y Sugef para intervenirlo.
Sergio Alfaro sostiene que el Gobierno no comparte la decisión de las entidades reguladoras del sistema financiero ya que va en contra de los planes de transformación del banco.
“A partir de este hecho la responsabilidad de lo que ocurra con la entidad es exclusiva del interventor, quien, tal y como establece la ley, deberá de rendir un informe a la Asamblea Legislativa sobre la labor que realice” indicó Alfaro en entrevista con EF.
Según el Ministro, el proceso de salida de la intermediación se realizó sin generar problemas a la estabilidad financiera del país y del sistema bancario nacional.
El jerarca también defiende que se devolvió el dinero a los ahorrantes, se han pagado las deudas y se entregaron los aportes a los inversores.
Precisamente esas acciones descritas por Alfaro son las que a criterio de los exdirectivos socavaron los indicadores financieros del banco.
Lo cierto es que Bancrédito está sumido en una crisis financiera, llegó al máximo nivel de irregularidad de acuerdo con la Ley Orgánica del Banco Central y trata de sobrevivir en un entorno político bastante complejo.
Al final de la intervención, que podría prolongarse hasta por un año, podrían existir tres caminos: que continúe con sus operaciones, que sea liquidado o que se declare en quiebra. El tiempo y, quizás el ambiente político, traerán la respuesta.