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Entre los nuevos contribuyentes del sector público, los maestros representan el 44,2% del total. Son el grupo que aportaría más personas si se aprueba la ley.
Para verificar los efectos que tendría el cambio en el impuesto sobre renta en los hogares del país, EF presenta los resultados de una investigación elaborada por Andrés Fernández Aráuz, economista y estadístico.
La última iniciativa de ley fue presentada por el Ministerio de Hacienda el pasado miércoles 10 de marzo, se trata del contrato de préstamo de Servicio Ampliado por $1.750 millones con el Fondo.
Aunque los diputados lograron superar temas como la rectoría del empleo público y las convenciones colectivas, lo cierto es que la principal nebulosa se concentra sobre la exclusión de las universidades estatales del nuevo modelo salarial.
Este proyecto de ley es independiente, es decir, su aprobación no está ligada al avance o aval del Congreso a las otras seis iniciativas que se tramitan en Cuesta de Moras y que forman parte del plan de ajuste fiscal.
Se trata de pasar de actividades como agricultura y pesca, turismo, química y extracción, equipos médicos, cementos y siderurgia; hacia nuevas ramas como industria aeroespacial, biotecnología, economía del conocimiento y economía naranja.
Durante el primer trimestre de 2021 los contribuyentes han atestiguado múltiples cambios de criterio, aclaraciones o prórrogas en directrices por parte de la Dirección General de Tributación.
Carlos Vargas, director general de Tributación, defiende que no es cierto que constantemente se cambien los criterios y advierte que las diferentes aclaraciones en esta materia más bien permiten a las personas y empresas tener certeza jurídica frente a sus obligaciones.
Entre enero y marzo del 2020 (antes del principal golpe de la crisis), 13 de cada 100 personas en la fuerza de trabajo estaban desempleadas; al momento más crítico, que se registró entre mayo y julio del año anterior, la proporción se elevó a 24 de cada 100 personas.
La tasa de desempleo cerró el 2019 en 12,4% y arrancó la pandemia en 12,5%, ambos niveles eran récord para el país.
Los diputados defienden que no excluyeron a nadie de la normativa y tres cámaras empresariales piden no dejar por fuera a ninguna entidad estatal.
En términos absolutos, la cantidad de desempleados para este periodo es de 467.539, mientras que hace un año era de 309.174, esto se traduce en que 158.365 personas perdieron su trabajo en los últimos 12 meses.
El megapuerto es mucho más que una promesa de eficiencia y abaratar costos, también se vendió políticamente como la mejor ruta para generar empleo, atraer Inversión Extranjera Directa (IED), mejorar la infraestructura, abrir nuevos mercados a las exportaciones.
Sobre la convención liberacionista en la cual −con padrón abierto− los votantes que lo deseen podrían acudir a las urnas para votar por uno de los precandidatos presidenciales; Salas enfatizó en que el proceso no debería llevarse a cabo.
A Goeritz, quien no estuvo en territorio nacional durante el difícil camino previo a la concreción de la obra, le corresponde ahora cumplir con las promesas sociales, económicas, productivas y políticas que se construyeron para blindar la concesión de la terminal de los $1.000 millones en Moín.