El Banco de Costa Rica (BCR) asumirá a partir de este jueves, el rol de administrador del proyecto de ampliación de la carretera que comunica San José con San Ramón.
La Contraloría General de la República (CGR) aprobó una serie de modificiaciones al contrato de esta obra, y también refrendó -autorizó- la adenda 01 a este mismo documento contractual.
El principal cambio consiste en que el BCR será el encargado de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP) y por ende tendrá que conformar todo el equipo administrativo que se requiera para gestionar las siguientes fases de la ruta. Además, asumirá labores como selección de contratistas para las diferentes obras.
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Otra de las modificaciones autorizadas por la CGR es permitir al BCR que brinde servicios de gestión para la estructuración financiera del proyecto, de esta forma la entidad podrá buscar las fuentes de financiamiento que requiera para la ampliación de esta importante ruta nacional.
El ente Contralor también dio su aval para definir un Manual de Operaciones del Fideicomiso a nivel de contrato.
"Este manuel permite describir las obligaciones que tendría cada una de las partes involucradas y sus responsabilidades", explicó Allan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa de la CGR.
El contrato había sido refrendado por la Contraloría el 27 de enero del 2017, y tiene como objetivo planificar, diseñar, financiar, construir, operar y dar mantenimiento a la carretera entre San José y San ramón, además de sus radiales.
El costo total de la ampliación de la carretera es cercano a los $473 millones, para ampliar un tramo de 55 kilómetros.
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Para poner en marcha la modernización del corredor vial, se aprobó la Ley No. 9292 el 23 de febrero del 2015, desde entonces el proyecto ha superado diferentes etapas como la firma del fideicomiso con el BCR y el refrendo de la Contraloría.
Ahora el BCR debe crear la Unidad Administradora del Proyecto con personal propio, para pasar a la siguientes estapas que son la estructuración de fuentes de financiamiento; la obtención de viabilidades y permisos; así como las expropiacones y reubicación de servicios públicos.
Las modificaciones al contrato que se tramitaron mediante la adenda 01, no incluyen la definición de los montos de peaje, ni el diseño de las obras.