Uber anunció hoy que abrirá un nuevo Centro de Inteligencia en Costa Rica y creará 300 empleos. La Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (Cinde) lo confirmó y desde entonces llovieron las preguntas y los cuestionamientos. Aunque el Gobierno es tajante en decir que condicionará la operación de este centro de servicios a que no ofrezca atención a los usuarios de Costa Rica, los argumentos legales que pueden utilizar para lograrlo son limitados y, también, complejos.
EF escogió cinco preguntas más frecuentes de los usuarios en redes sociales para saldar sus dudas. Ninguna de ellas es definitiva, pues muchas deberían someterse a un análisis judicial que todavía no existe. Las respuestas son parte del análisis realizado por especialistas para explicar la maraña legal:
1. Uber sigue ofreciendo su servicio en Costa Rica pero, ¿es legal o ilegal?
Depende de quién responda a la pregunta. Si la responde el viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, es absolutamente ilegal. Lo dice basado en una resolución de la Procuraduría General de la República, que establece que el servicios de transporte privado de personas está regulado y solo pueden ofrecerlo los taxistas y los inscritos como Servicio Especial Estable de Taxi (Seetaxi). Nadie más.
Si se le pregunta a Uber, el servicio que ofrecen sus choferes se enmarca en la figura de "comunidad de autoabastecimiento" y nadie ha dicho, todavía, que esa figura sea ilegal.
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A criterio de Mauricio Brenes, uno de los especialistas legales consultados, que la Procuraduría (abogada del Estado) haya emitido una resolución no quiere decir que los Tribunales de Justicia o la Sala Constitucional opinen de la misma forma. Aunque sus resoluciones son jurisprudencia, no son vinculantes para todos los casos, sino para los casos para los cuales se pregunta específicamente. La resolución no respondía específicamente a una pregunta sobre Uber.
Por otro lado, la plataforma tecnológica opera en un territorio neutro (internet) y su función es facilitar la comunicación entre los choferes y los usuarios del servicio. La empresa, que es una de las startups más exitosas del mundo, no tiene por sí misma un conflicto legal pues no contrata a los conductores y no tienen ni un solo auto a su nombre. Quienes le pondrían "el pecho a las balas" en cualquier asunto legal serían los choferes de Uber.
2. ¿Por qué puede existir un centro de servicios para una operación que el Gobierno ha calificado como ilegal?
Ofrecer un servicio que apoye a una actividad calificada como ilegal por el Estado no es necesariamente ilegal, ni está violentando la legislación actual.
Este es el criterio que utilizan no solo los abogados consultados sino también Cinde, que en entrevista con El Financiero aseguró que la discusión legal de las autoridades gubernamentales con Uber trasciende de su ámbito de acción y no afecta la instalación del centro de servicios en el país.
"Brindar servicios en un centro de contacto es una actividad legal. No contraviene ninguna de las actividades que otras empresas también realizan en el país. Cerrar la puerta podría afectar la imagen del país", dijo Vanessa Gibson, vocera de Cinde.
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3. Entonces, ¿cómo podría el Gobierno condicionar a este centro su operación en el país?
Esa es una discusión que aún está abierta. La empresa quiere establecerse en zona franca, aunque todavía no ha terminado su proceso de formalización. Si lograra completarlo, el Gobierno podría, efectivamente, ponerle cláusulas a ese contrato, explicó Marco Vinicio Ruiz, exministro de Comercio Exterior (Comex) . Esas cláusulas podrían prohibirle a la empresa que atienda las quejas que llegan desde Costa Rica y solo atender las que llegan desde el resto de América Latina.
"Es como un contrato de alquiler: yo le alquilo la casa y le digo que usted no puede tener perros. Es su derecho decidir que quiere un perro, pero entonces usted se puede ir a vivir a otro lado, no a mi casa", explicó el abogado Brenes.
Sin embargo, no hay forma legal, según los especialistas, de prohibirle a la empresa establecerse en una oficina si esta decide separarse del régimen de zona franca y apoyar los servicios que ofrecen los choferes asociados de Uber. Si sus operaciones se realizan desde una oficina cualquiera, el Gobierno no tiene cómo condicionar su entrada. ¿Puede investigar su operación a posteriori? Sí, pero habrá información a la que solo podrá acceder con la orden de un juez. Los comunicados de prensa enviados por el Gobierno auguran que este será su blanco.
4. Si en el resto de América Latina también es prohibido el servicio, ¿qué puede hacer Costa Rica?
También puede condicionarle sus operaciones dentro del régimen de zona franca. Sin embargo, hay antecedentes que indican que ya Costa Rica ha permitido este tipo de actividades aunque otros gobiernos aleguen su ilegalidad. Un caso frecuente es el de los sportbooks, centros de servicios para apuestas dirigidos a mercados extranjeros como el estadounidense, en el que las apuestas están prohibidas por ley, explicó Brenes.
5. Y por último, ¿para qué hace todo esto el Gobierno en un país con un 9,5% de desempleo?
Esta es la crítica y la pregunta más frecuente. El mandatario Luis Guillermo Solís alegó que la operación de Uber en el país no solo es una cuestión de legalidad, sino que afecta el sustento para "miles de familias costarricenses" que dependen del sustento de los servicios de taxis y seetaxis.
Por lo tanto, cualquier actividad que apoye y fomente el servicio que ofrecen los choferes asociados de Uber será "investigada". Paradójicamente, aceptó que la inversión extranjera en Costa Rica es necesaria. Es decir: el dinero y los empleos se aceptan, pero la operación no.
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Para Marco Vinicio Ruiz, ese argumento responde a los intereses de un grupo en específico y no a las necesidades de los usuarios, que piden un servicio eficiente como el que ofrece Uber. Además este tipo de actividad es beneficiosa para el fisco, pues sus transacciones son 100% rastreables y transparentes (se realizan por medio de tarjeta de crédito y no de efectivo).
El Gobierno insiste en que su función es hacer cumplir la ley y que así lo hará hasta que la Asamblea Legislativa apruebe algún proyecto de ley que diga lo contrario.