Me consta que entre el 12 y 15 de diciembre el acceso a los sistemas informáticos de Tributación se volvió una tortura para los contribuyentes que deseaban presentar declaraciones de impuesto sobre la renta o de ventas.
Algunos tuvieron suerte y pudieron presentarlas. Otros estuvieron horas intentándolo sin éxito. Algunos tienen “pantallazos” que demuestran que el sistema “estaba caído”, pero a la gran mayoría no se le ocurrió imprimirlos. Milagrosamente el sistema se normalizó minutos después de las 12 de la noche de lunes, cuando la Administración ya podía cobrar multas e intereses.
Me parece repugnante que Hacienda obligue a los contribuyentes a utilizar herramientas informáticas que no son lo suficientemente robustas como para permitir el acceso masivo y concentrado en un corto lapso de tiempo.
No se vale afirmar que la culpa es de los que dejaron esa obligación para última hora. Esa es la función de los plazos legales: establecer un instante antes del cual el cumplimiento es perfecto y después del cual no. Cuando cumplir no depende de la voluntad del contribuyente sino del “humor del sistema”, es inadmisible imponer recargos. Según afirmó el viceministro de Ingresos en un programa radial, recibieron unas 312.000 declaraciones sobre las 350.000 que esperaban. Es decir, no recibieron el 11% de las esperadas.
Solo ese dato debería ser suficiente para atender las gestiones del Colegio de Contadores Privados y del Colegio de Contadores Públicos para que no se cobren ni multas ni intereses por presentación tardía. Las declaraciones del viceministro, de que valorarán casos que demuestren haber tenido dificultades, son insuficientes. La Administración no tiene recursos humanos suficientes para “valorar” debidamente si la extemporaneidad se justificaba o no, en los cerca de 38.000 afectados. Además, Tributación tiene una “cultura” impermeable a causas justificantes o eximentes de responsabilidad.