Desde tiempos ancestrales los gobernantes han requerido ingresos para sufragar los gastos públicos que se han financiado mediante impuestos que el pueblo ha tratado, históricamente, de evitar.
Algunos lugares europeos pusieron impuestos al jabón, lo que llevó a algunos a no usarlo. Igual pasó con las chimeneas, las cuales quedaron en su mayoría condenadas.
Algo similar pasó con el impuesto a las ventanas, que llevó a la eliminación del impuesto por problemas de salubridad e incluso influyó en la arquitectura flamenca.
El impuesto a los ladrillos llevó a los constructores a hacerlos más grandes, para pagar menos.
Y como estos vemos otros ejemplos que influyeron en la cultura de muchos países: las pelucas, el impuesto a las barbas en los hombres, la sal, el papel tapiz y muchos otros que generaron conductas tendientes a evitar el pago del tributo.
En los últimos años, vemos una tendencia de la Administración Tributaria de aumentar la presión tributaria que impone sobre el contribuyente.
Y precisamente por esa resistencia al pago de impuestos, es que desde el surgimiento de los primeros parlamentos medievales, florecieron disposiciones que obligaban a los representantes del pueblo a aprobar los tributos.
Ese principio de reserva legal vemos que se tambalea en la actualidad fiscal costarricense, especialmente en los casos de las odiosas delegaciones del ente parlamentario al gobernante para fijar algún elemento del tributo (impuesto solidario, impuesto al ruedo), así como en las interpretaciones excesivas de los tributos aprobados por el ente parlamentario.
¡Cuidado nos pasa como en las épocas medievales y empezamos a condenar chimeneas, dejar de hacer ventanas, afeitarnos la barba, por una simple percepción de injusticia o por un exceso de presión tributaria!