La brecha fiscal o Tax Gap es la diferencia entre el potencial recaudatorio de un Estado y lo efectivamente recaudado.
Es de suma importancia calcular esta brecha para establecer el nivel de eficiencia del sistema fiscal. A pesar de la enorme importancia de este concepto, existen pocos estudios veraces que puedan ayudar a conocer el perfil de cumplimiento en cada jurisdicción.
Internacionalmente, la Acción 11 de BEPS (análisis sobre posibles modificaciones a la normativa fiscal llevado a cabo por la OCDE), desarrolla el concepto pero de manera que genera más dudas que aciertos.
La OCDE estima que la pérdida fiscal oscila entre el 4% y el 10% del ingreso global potencionalmente recaudado, lo que representa una suma entre $100 y $240 billones anuales dejados de percibir: un rango exageradamente alto para poder justificar un cambio de sistema.
Adicionalmente, la propia OCDE indica de manera expresa que no se posee toda la información necesaria para poder calcular la brecha fiscal. A manera de referencia, en Estados Unidos no hay información reciente, aunque se estima que el nivel de cumplimiento es cercano al 84%, mientras que en el Reino Unido es de 91,6%.
En Costa Rica se han publicado recientemente dos informes de la Contraloría General de la República y uno del Ministerio de Hacienda, en donde se mencionan niveles alarmantes en la brecha fiscal costarricense, con niveles de incumplimientos elevados: 30,5% del Impuesto sobre las Ventas, 53,85% del impuesto de renta de personas físicas y 67,5% en personas jurídicas.
Sabemos que hay un serio problema de recaudación por erosión de bases tanto a nivel local como internacional, pero la actual información que poseen las administraciones tributarias no permite establecer cálculos serios más allá de rangos abstractos, que no deberían utilizarse como fundamento de las actuales propuestas de cambio.