A pesar de lo prometido, ya se están presentando propuestas de reforma fiscal, y desgraciadamente, muchas son erróneas. En el reciente proyecto “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”, se modifica el impuesto a los dividendos creando nuevas cargas.
Se amplía el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta al indicar que el impuesto a los dividendos, que es del 15%, aplicará incluso a las rentas no sujetas. Toda renta que obtenga una entidad, aunque no sea gravable con el impuesto sobre la renta (como una renta extraterritorial), tendrá que pagar este impuesto. Esto es técnicamente incongruente, erróneo y abusivo: una renta no sujeta al impuesto nunca podría estar gravada con el impuesto a los dividendos.
Además, se introduce una modificación que gravaría los dividendos pagados entre dos sociedades costarricenses, los cuales hoy están exentos. ¿Por qué están exentos? Para facilitar el movimiento de capitales entre las entidades del mismo grupo a fin de promover su reinversión.
No tiene sentido que se insista en gravar cada vez más los dividendos si no se le otorga un crédito al contribuyente por el impuesto pagado a nivel de la sociedad para evitar la doble imposición, según ocurre en casi todo el mundo. Nótese además otra incongruencia: si se gravan los dividendos que una entidad local pague a su casa matriz también costarricense, de la misma manera en que se grava el pago a dividendos a una entidad extranjera, fiscalmente no existe razón para dejar el capital en el país, lo que promovería la movilización y mantenimiento de capitales fuera de Costa Rica.
En el libro“Recaudar no Basta” del BID, se hace énfasis en la necesidad de que los sistemas fiscales se conciban como “un poderoso instrumento para impulsar el desarrollo”. Con reformas como las propuestas, es evidente que prevalece el interés recaudatorio a corto plazo, sin considerar el dinamismo que la economía requiere para generar empleo y riqueza.