Policías armados con bombas lacrimógenas y equipos antimotines custodian el edificio mientras cientos de personas se manifiestan afuera. El escenario es la Asamblea Legislativa en la San José del año 2000.
La noche anterior, el 20 de marzo, se había aprobado en primer debate con 45 votos a favor y 10 en contra un controversial proyecto de ley que introducía reformas en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y en los mercados en los que la institución trabajaba: electricidad, telecomunicaciones e Internet. Sus opositores lo bautizaron como el “combo” del ICE, pues fundía en uno solo lo que en el pasado habían sido tres propuestas independientes; otros le decían el “fortalecimiento” del ICE.
Se iniciaba así un proceso gradual para abrir los mercados a privados luego de arduas negociaciones y vaivenes que se prolongaron por cinco años y dos gobiernos.
Tras la votación, las manifestaciones en contra del “combo”, que habían iniciado varios días atrás, solo se intensificaron. Los grupos opositores, principalmente trabajadores del ICE, sindicatos y estudiantes tanto universitarios como de secundaria querían presionar al gobierno del entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez para que desechara el plan.
“Esta lucha para que el ICE no salga del patrimonio del Estado apenas está comenzando”, declaraba José Merino, en ese entonces diputado del partido Fuerza Democrática, luego de que el proyecto superara el primer debate.
Así tomaba fuerza el momento de mayor convulsión social en Costa Rica desde que se fundó la Segunda República, y que no se ha repetido desde entonces. Así lo recuerdan los protagonistas del momento que lo vivieron en tres escenarios: las calles, la Asamblea y Casa Presidencial.
Furor en las calles
Los grupos organizados en contra del llamado “combo” empezaron a tomar las calles desde mediados de marzo del 2000. Fue un episodio de manifestaciones diarias cuya efervescencia creció rápidamente.
Los trabajadores del ICE y sindicatos fueron los primeros en alzar la voz. Al menos desde el 16 de marzo se realizaron concentraciones masivas alrededor de la Asamblea Legislativa, marchas desde La Sabana hasta la Avenida Segunda y paro de labores. Las organizaciones hacían un llamado a grupos estudiantiles y otros actores a unirse al movimiento. Pedían retirar el proyecto que discutían los diputados.
Un día después se registraron bloqueos y manifestaciones no solo en la capital, sino también en zonas como Golfito, Limón o San Ramón. También se dio una marcha estudiantil encabezada por Gabriel Macaya, rector de la Universidad de Costa Rica. Los ánimos empezaban a calentarse.
Diferentes sectores habían formado tiempo atrás una alianza para oponerse al plan de reformar el ICE y difundir sus “adversidades”, recordó Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Por eso el movimiento creció en cuestión de horas y tomó dimensiones más allá de la causa sindical: se unieron grupos pastorales, católicos, ecológicos, comunales; las protestas contra el “combo” se mezclaron con grupos agro que se manifestaban por otras razones.
“Los días del combo fueron difíciles por la seguridad. El país se quedó sin ley, sin presidente, sin autoridades”, apuntó Jorge Arguedas, coordinador del frente interno del ICE en ese momento, quien rememoró que la oposición al plan no fue espontánea, sino que ya venía discutiéndose en el Consejo de Defensa de la Institucionalidad, un ente conformado por distintos sectores y liderado por Rodrigo Carazo.
Las marchas pacíficas que llegaban al centro de San José desde La Sabana y San Pedro se mezclaron con bloqueos más violentos donde se incendiaban barricadas, se lanzaban amenazas y se confrontaba a la Policía. Mientras tanto, parte de la población temía que se llegara a presentar desabastecimiento de productos y combustible.
Este temor se hizo más fuerte cuando se unieron al movimiento trabajadores de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) y de los puertos de Caldera y Moín. El país estaba inmerso en una virtual paralización de diferentes servicios. Los opositores querían llevar sus medidas de presión contra el Gobierno a otros niveles, lo que elevó la tensión hasta un punto crítico.
“Había grupos radicales que por algunas zonas del país querían volar puentes. Había candelas de dinamita listas para hacerse estallar”, rememoró Vargas, quien agregó que la coordinación de las acciones se hacía vía telefónica.
La aprobación en primer debate del proyecto no hizo sino darle más candela al movimiento. Las protestas no cesaban y había llamados a huelga general. El “combo” fue la excusa para sacar otros malestares contra el sistema político y las agrupaciones del bipartidismo.
Debate en la Asamblea
Mientras en las calles miles de personas marchaban, al interior del Plenario Legislativo se vivieron largas jornadas, tensas discusiones y reclamos del público.
“A las 12:30 p.m. el calor colmó los ánimos de un grupo de manifestantes, quienes empujaron los portones del Congreso y en estampida ingresaron a las barras del público”, relató el diario La Nación el 17 de marzo. Un día después otras personas ingresaron a la barra sin permiso.
Esta situación llevó a la Asamblea a cerrar el espacio temporalmente. “Por la seguridad de todos es inconveniente abrir la barra del público”, decía Carlos Vargas Pagán, quien en marzo del 2000 era presidente del Congreso y diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Las protestas dejaron daños por ¢1,5 millones en ese edificio.
En el momento de mayor tensión, los diputados reclamaban que había amenazas de bombas y disparos, y que temían por su seguridad. Para atender estas preocupaciones se estableció un cerco policial en torno a la Asamblea Legislativa y se tomaron medidas para el ingreso y salida de los parlamentarios.
“Eran sesiones de discusiones acaloradas. Había una confrontación ideológica. En ese momento había tres diputados muy activos: Célimo Guido, José Manuel Nuñez y José Merino, que llevaban la voz en oposición al proyecto y tenían una relación directa con las organizaciones sociales”, comentó Alex Sibaja, entonces diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), bancada de 23 legisladores y la segunda más grande tras los 27 del oficialista PUSC.
Así se desarrolló la discusión de cientos de mociones que se votaron en cuestión de días y encaminó el proyecto al primer debate. Ese día lo recuerda Vanessa Castro, quien era diputada del PUSC, una posición que hoy ocupa de nuevo.
“Ese día salimos a saludar a los policías y muchos de ellos no tenían claridad de qué estaba pasando. Nunca en sus vidas se habían enfrentado a manifestaciones de ese tipo. En ese ambiente se dio la votación en primer debate”, mencionó Castro, quien presidió años antes la comisión legislativa en la que se acordó fundir los tres proyectos en uno solo. Ella dice haberse opuesto a esa modificación.
El “combo” se aprobó en primer debate el 20 de marzo con 45 votos liberacionistas y socialcristianos, coincidiendo con el día en el que se desarrolló un gran paro nacional.
Uno de los 10 votos en contra fue de Otto Guevara, una figura amiga de las aperturas y contra los monopolios. Sin embargo, esa vez se opuso pues consideró que el plan le restaba a la Contraloría control sobre el ICE, que se transformaría en sociedad anónima del Estado.
“Mi argumento era que, si como institución autónoma en esa época mucha gente hacía barbaridades con el ICE, con menos controles se iban a llevar al ICE en sacos”, recordó Guevara, fundador del partido Movimiento Libertario.
El “combo” proponía varias reformas: abrir los mercados de telecomunicaciones e Internet, convertir al ICE en dos sociedades anónimas (una de energía y otra de telecomunicaciones) y creaba entes reguladores de estos campos. Se iba a permitir la participación de privados en ambas actividades; se dejaba al ICE hacer alianzas estratégicas e invertir sus utilidades. Los trabajadores iban a conservar los derechos laborales aún cuando la entidad pasara a un régimen privado.
La Nación publicó días después cuáles serían algunos de sus posibles efectos: aumentos en tarifas eléctricas, encarecimiento de llamadas locales y eliminación de subsidios para enfrentar competencia, aunque Castro decía que no era consecuencia directa del proyecto y que Internet percibiría fortalecimiento como efecto de la ley. Se establecía un subsidio cercano al 35% a consumidores de menos de 200 kilovatios (Kw) por cinco años y la apertura completa del mercado telefónico se preveía para ese mismo periodo, pero las tarifas estarían reguladas.
Los diputados enviaron el proyecto a consulta a la Sala Constitucional, que tendría 30 días naturales para emitir un criterio sobre el texto.
Mientras tanto, los apoyos se tambaleaban en la Asamblea. El liberacionista José Miguel Corrales, precandidato para las elecciones de 2002, reclamaba al Poder Ejecutivo la forma acelerada de buscar la aprobación de la iniciativa de ley. El PLN mantenía el apoyo para el segundo debate pero pedía la creación de una ley complementaria para subsanar “debilidades” y más tarde advertía que no votaría el plan si la administración Rodríguez Echeverría no controlaba la situación en las calles. El camino del proyecto se empezaba a llenar de obstáculos.
Angustia en Casa Presidencial
Mientras las calles ardían y en la Asamblea se votaban mociones, la situación en Casa Presidencial no era menos tensa. Zapote también fue escenario de protestas, pero dentro del edificio el presidente Rodríguez vivía el momento con “esperanza y angustia”, según expresó a EF para este reportaje.
En cadena nacional la noche del 21 de marzo, un día después de la votación en la Asamblea, Rodríguez reprochó la actitud de “agitadores” que querían perturbar la tranquilidad y advirtió que el gobierno no iba a tolerar excesos. Además, se estableció un comando especial de 30 personas para vigilar conflictos con ayuda de un helicóptero.
Días después, en entrevista con La Nación, el mandatario defendió el accionar del Ejecutivo y describió el plan del ICE como un paso para “garantizar un mejor futuro” y dar competitividad al país. El mandatario reclamó que se popularizara la idea de que el objetivo del proyecto de ley era vender el ICE. Paralelamente, el Ejecutivo alistaba un plan de difusión y anuncios en medios de comunicación para dar a conocer qué venía para el ICE.
Rodríguez mantenía constantes reuniones y encuentros con asesores y ministros ante la elevada convulsión social, la peor crisis que enfrentó en sus cuatro años.
“Lo que más me preocupaba era que no se interrumpiera el progreso del país y que lo lográramos en una buena relación con los ciudadanos. Pero también que pudiéramos cumplir con el programa de gobierno en paz”, manifestó el ahora expresidente.
Rodríguez recordó que esa propuesta del “combo” provenía de ideas que el PUSC había presentado como oposición en el gobierno anterior (el de José María Figueres, del PLN), y que se incluyeron en el proceso de Concertación Nacional de 1998. Además, fue firme al decir que la iniciativa estaba en el programa de gobierno y que se discutió en la campaña de 1998. Los representantes sindicales sostienen, aún hoy, lo contrario.
La urgencia de aprobar el plan radicaba en que era parte de los mecanismos que impulsaba el Ejecutivo para generar recursos para sectores como educación y salud, explicó Rodríguez.
Las amenazas también llegaban a Casa Presidencial, que debió reforzar su seguridad. El exmandatario aseguró que sus indicaciones a la Policía eran de evitar confrontaciones, pues los manifestantes eran “tan costarricenses como nosotros”.
Para finales de marzo, el Gobierno se mostró más abierto a escuchar objeciones mientras se cumplían 12 días continuos de protestas. Aparecían sugerencias: ANDE proponía una comisión de notables, el sindicato de educadores pedía un plebiscito.
Diferentes actores como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las universidades públicas, la Iglesia católica o la Defensoría de los Habitantes intentaban mediar para crear una mesa de diálogo entre opositores y Gobierno.
El 2 de abril, mientras el paro seguía, la administración Rodríguez decidió postergar el trámite del plan por 60 días para abrir el diálogo, que inició al día siguiente. A la idea le quedaban solo unas horas de vida política. La noche del 4 de abril, sindicatos y representantes del Poder Ejecutivo acordaron postergar el plan por 150 días y enviarlo a una comisión legislativa mixta por ese periodo.
“Esa noche ocurrió una especie de golpe de Estado técnico porque el ‘combo’ ahí murió”, apuntó Albino Vargas.
Pero la estocada final la dio la Sala Constitucional. En el voto 03220-2000 del 18 de abril, declaró inconstitucional la aprobación en primer debate. Las razones fueron vicios del procedimiento, como prisa en la aprobación, debate desordenado y vulneración de principios democráticos. La Sala pedía enmendar errores, mientras el presidente de la Asamblea se mostraba molesto.
Lo que vino días después fueron dudas y discrepancias sobre el futuro del “combo”. La oposición retiró el apoyo, el Gobierno mostraba poca fuerza y los diputados archivaron el expediente. No se insistió más en el tema. “Ya no había posibilidad política”, acotó el expresidente.
23 años después, Rodríguez afirma abiertamente que se engañó a la gente diciendo que se quería vender al ICE, pero también matiza su accionar al decir dos cosas que haría diferente: haber buscado la apertura por fases empezando por abrir el monopolio de seguros; y habría impulsado el proyecto de ley sobre el ICE en 1999 cuando había mejor ambiente, en lugar de esperar al 2000.
Efectos
El episodio del “combo” del ICE fue un parteaguas en la sociedad costarricense, que se fracturó como pocas veces antes.
“Uno se pregunta por qué no vio en ese momento lo que estaba ocurriendo fuera de la Asamblea. Yo sinceramente todavía me pregunto cómo no me percaté de que estábamos haciendo algo que no era apoyado por nuestros ciudadanos (...). Rompimos la tradición costarricense del diálogo”, aseguró Sibaja, quien hoy es analista legislativo.
Para Eduardo Ulibarri, director de La Nación en ese entonces, la confrontación por el “combo” solo podría quedarse atrás de la situación en los años 80, cuando se dio un conflicto ideológico en el marco de las guerras en Centroamérica, una tensión fronteriza y una situación económica débil.
Los entrevistados también coincidieron en que el “combo” asestó un fuerte golpe al bipartidismo, que empezó a mostrar fracturas desde 1998, cuando entraron a la Asamblea figuras de partidos alternativos como Fuerza Democrática o el Movimiento Libertario.
Tras el “combo” aparecieron nuevas agrupaciones como el Partido Acción Ciudadana (PAC), que en las elecciones de 2002 obtuvo 14 diputaciones y se ubicó en el tercer lugar de votación presidencial, y el Frente Amplio.
No obstante, Rodríguez evitó achacarle el fin del bipartidismo a ese fenómeno en concreto, pues dijo que la “antipolítica” ya venía conformándose desde antes y que es un efecto amplio en todo el mundo.
La oposición al “combo” fue el preludio de lo que años después sería el movimiento del no al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que también fue causa de marchas, pero que terminó resolviéndose en un referéndum.
Con el TLC, de hecho, se concretó una de las promesas del “combo”: la apertura del mercado de telecomunicaciones, aunque hoy hay visiones distintas de este modelo.
Arguedas y Vargas, quienes se opusieron al “combo” y al TLC, consideran que la apertura no es real y fue impuesta, pues ven a un ICE entregado a los proveedores transnacionales, pero con fortaleza institucional.
El expresidente Rodríguez y la diputada Castro celebran que el tiempo les dio la razón pues consideran que la apertura ha aumentado las oportunidades para los ciudadanos. “Lo que estábamos proponiendo era lo correcto”, aseveró el exmandatario.
Un punto todavía pendiente es la apertura del negocio de la electricidad, que sigue bajo el mando del ICE, aunque con generadores privados. Esa es una discusión aún abierta más de dos décadas después de que se incluyera en el “combo” del ICE.