Daniel Ortega busca justificar su permanencia al mando de Nicaragua este 7 de noviembre, a través de unas nuevas elecciones marcadas por la barreras para que participen sus adversarios.
Esta situación enciende de nuevo las alarmas en Centroamérica.
Los aires de inestabilidad preocupan especialmente a Costa Rica y Panamá, que reciben la mayor parte del flujo migratorio nicaragüense; y que, además, requieren del territorio de ese país para sus comunicaciones comerciales con el resto de la región centroamericana.
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En el caso específico costarricense, el Banco Central (BCCR) ya advirtió sobre el riesgo externo que implican los “conflictos políticos” en Nicaragua para la economía nacional y su crecimiento.
En su última revisión del Programa Macroeconómico 2021-2022, publicada a julio pasado, la entidad indicó que un agravamiento de la delicada situación en ese país podría representar un shock para el comercio intrarregional.
Asimismo, la persecución política –entre otros motivos– además ha implicado que se tripliquen las solicitudes de refugio de personas nicaragüenses en Costa Rica hasta septiembre en comparación con todo el año pasado, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), publicados por la BBC.
Efectos colaterales
Las tensiones en Nicaragua vienen creciendo en los últimos meses. Ortega buscará ratificarse en la Presidencia de su país en unas elecciones carentes de garantías y transparencia.
Los vicios en este proceso han sido subrayados por decenas de organismos internacionales y de derechos humanos, después de que el gobierno de Ortega aprobó reformas legales para restringir la participación política y de que sus autoridades detuvieron a decenas de líderes políticos y activistas, incluidos siete precandidatos de oposición.
Este ambiente lleno de tensiones pone en aprietos al resto de Centroamérica.
El analista internacional y miembro del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo, recordó que “casi todo el comercio es terrestre” (el 90% en 2018) y, por ende, depende de las condiciones nicaragüenses.
Un cierre de fronteras en Nicaragua o una situación de protesta como la que se vivió en 2018, y dejó alrededor de 400 personas fallecidas, podría implicar un golpe para el trasiego de mercancías igual o peor al vivido en aquel entonces por la situación de emergencia.
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El Banco Central estimó que el impacto económico para Costa Rica de aquel fenómeno habría sido de 0,2 puntos porcentuales en el crecimiento de la producción costarricense, solo durante el 2018.
La tensión en Nicaragua además golpea las relaciones comerciales con ese país, más allá del tránsito de mercadería hacia los países que se ubican más hacia el norte.
Datos del Ministerio de Comercio Exterior, hasta el año 2019 (prepandemia), dan cuenta de que Nicaragua representa el destino de una quinta parte de las exportaciones costarricenses a Centroamérica por $2.437 millones.
Las exportaciones a América Central y Panamá representan alrededor de un cuarta parte de las totales que realiza el país, según los registros de Comex.
Migración
Las preocupaciones migratorias también están latentes en Centroamérica, recordó Murillo. Según dijo, estas incluso son uno de los motivos que inhiben al resto de países de la región para actuar con mayor severidad en contra del gobierno de Ortega ante sus movimientos antidemocráticos.
El análisis del especialista tiene fundamento si se revisan las cifras de solicitud de refugio de personas nicaragüenses en Costa Rica de este 2021. Solo este año ya se superan los 30.000 registros, indicó BBC.
Esta cifra es tres veces mayor que la de todo 2020 e incluso se acerca a la observada en 2019, cuando ocurrían las protestas nacionales.
Las cifras, además, no toman en cuenta el subregistro de personas que ingresan a territorio costarricense sin realizar trámites formales.
Esto no solo puede generar cierta preocupación en Costa Rica, sino también en Panamá, indicó Murillo.
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Las elecciones
Cuánto puedan impactar las elecciones nicaragüenses de este 7 de noviembre sobre la estabilidad social y política del país centroamericano es aún difícil de cuantificar. Sin embargo, el descontento persiste y no se esperan soluciones de corto plazo.
Las elecciones ponen sobre la mesa la Presidencia, 90 diputaciones de su Asamblea Nacional y 20 diputaciones del Parlamento nicaragüenses. Sin embargo, no hay expectativas sobre un verdadero ejercicio democrático.
Reformas legales impulsadas por Ortega y allegados le dieron al partido de gobierno todas las ventajas necesarias para amedrentar a la oposición, para financiarse de manera casi exclusiva y para sobrerrepresentar sus estructuras en el poder, según describió Leandro Querido, en un reciente foro organizado por la Fundación Arias.
Querido es director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral, dedicada a la observación electoral y a la promoción de elecciones íntegras en América Latina.
La Asamblea Nacional nicaragüense además impulsó su nueva conformación del Consejo Supremo Electoral, bajo el liderazgo del sandinismo de Ortega.
Para el proceso electoral se lograron inscribir siete partidos. Sin embargo, la cadena CNN informó de que al menos cinco de ellos son “colaboracionistas” del régimen y no partidos con una actividad permanente.
Además, uno de los partidos de oposición (Ciudadanos por la Libertad) finalmente quedó excluido de la lista porque se le retiró su personería jurídica.
La presencia de partidos “colaboracionistas”, sin una actividad fuerte ni recurrente más allá de los procesos electorales, es una situación que defensores de derechos humanos asimilan como un medio del régimen para dar cierta validez a los procesos que organiza.
Por otro lado, siete precandidatos presidenciales (entre decenas de representantes y activistas políticos) fueron detenidos en los últimos meses. A ellos se les endilgaron distintos cargos, incluidos algunos vinculados con las reformas legales recientemente tramitadas por Ortega.
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A Ortega lo acuerpa la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Este último fue el movimiento con el que llegó por primera vez al poder, entre 1985 y 1990, tras caída de la dictadura de Anastasio Somoza. Antes había sido presidente de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1985), comandada por el sandinismo revolucionario.
Luego de 1990, Nicaragua enfrentó tres mandatos distintos a Ortega; sin embargo, en 2007 regresó para no desprenderse del poder desde entonces, a través de elecciones que han sido cuestionadas. El período de que arrancaría en 2022 sería su cuarto consecutivo.
Para Querido, la situación nicaragüense refleja la de un Estado que no logró despolitizar el uso de la fuerza, que ahora funciona en favor de Ortega, para debilite poco a poco el sistema democrático que utilizó para llegar al poder.
“Lo que notamos en el caso de Nicaragua es que quizás se pretenda llegar a ese punto sin una revolución, sino con un deterioro que va en cámara lenta, año tras año, comiéndose las piezas del débil entramado democrático que había en el país”, subrayó.