Josué Alfaro

Todo apunta a una nueva segunda ronda electoral en 2022 para Costa Rica: la cuarta en lo que va de este siglo con el ya asentado multipartidismo.

La indecisión es más alta que nunca a menos de dos semanas de las elecciones, y las personas que tomarán su decisión a última hora apuntan a ser decisivas.

Los que dominan lo hacen con poco, tres candidaturas parecen meterse en la pelea y el oficialismo se borra del mapa. Esta es la fotografía a dos semanas de las elecciones.

Ucrania es clave para Rusia y cada vez se ve más cerca de Europa occidental. El despliegue de militares rusos en la zona busca reclamar influencia sobre ese territorio.

Los efectos del conflicto dependerán de cuánto escale; sin embargo, por ahora es previsible que se den impactos menores en materia económica.

La regularización del uso medicinal es tendencia en América Latina y el mercado que se abre promete réditos a países productores.

Los votantes jóvenes no piensan de una sola manera, ni priorizan los mismos temas; pero sí comparten características por el contexto político en el que crecieron.

Medida aplicará para eventos masivos de corte deportivo, cultural, académico y empresarial.

En medio de una campaña fría y la cautela de las candidaturas, un 43% de las personas con intención de votar en febrero dice seguir indecisa.

Costa Rica sigue la tendencia internacional, ante la explosión de casos por la variante ómicron del virus.

A tres semanas de las elecciones, ningún candidato parece capitalizar la indecisión del electorado, según la más reciente encuesta del CIEP.

La condonación se empezará a aplicar tan pronto se publique la norma en el diario oficial La Gaceta, por un período de hasta tres meses.

El candidato del PPSD, Rodrigo Chaves, propone subir impuestos generales y devolver el cobro al 40% más pobre.

Las sociedades que no paguen el gravamen se exponen a cobros de intereses, sanciones administrativas y hasta su eventual disolución.

Las municipalidades definirán el costo de los permisos y este podrá alcanzar hasta un 50% del monto de la patente comercial de cada establecimiento, aprobaron los diputados.