Los errores que cometemos los contribuyentes generan varias consecuencias. Por ejemplo, pagar tarde o pagar de menos genera intereses. Pero también ese pago tardío o inferior al debido, genera una multa o recargo por mora, que equivale al 1% por cada mes o fracción de mes.
Aparte de eso, el hecho de que no se presente la declaración también genera una multa de más de ¢600.000 colones. Además incurrir en inexactitudes puede ser sancionado con multas de 50%, 100% y hasta 150% de los impuestos impagos.
De acuerdo con la Ley Moratoria para la aplicación de sanciones relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado (9706 ), el atraso en el pago, o la inexactitud derivada de una declaración errónea en cuanto a las ventas y las compras, o una mala interpretación en cuanto a las posibilidades de acreditación, entre otros, estarán dispensados de las consecuencias negativas aparejadas a tales errores: no se pagarán intereses ni se sufrirán las multas. Esto será así durante los periodos de julio, agosto y setiembre de 2019.
Los contribuyentes igualmente deberíamos enfrentar procedimientos sancionatorios, toda vez que la norma señala que la moratoria no será aplicable en los casos de fraude a la Hacienda Pública (art. 92), o infracciones calificadas como muy graves conforme al artículo 81 del Código Tributario, o en aquellos supuestos que se determine que existió una maniobra tendiente a evitar el pago del impuesto.
Claramente, eso significa que la moratoria estará sujeta a la valoración por parte de la Administración Tributaria, que debe garantizar el derecho de defensa del contribuyente.
La moratoria no exime al contribuyente de realizar la declaración, la liquidación y el pago del impuesto al valor agregado, ni del pago del monto principal que la Administración Tributaria determine. No se entiende por qué se excluye de este tratamiento a los grandes contribuyentes nacionales y grandes empresas territoriales.
Todos los contribuyentes, sin excepción, estamos expuestos a equivocarnos en un ambiente de cambio tan relevante.