Brasilia. El Senado brasileño aprobó este martes 13 de diciembre, de forma definitiva, la enmienda constitucional que congela los gastos públicos durante 20 años a partir de 2017, la primera de las impopulares medidas de austeridad del presidente Michel Temer.
Un espeso cordón de policías custodiaba desde el amanecer la entrada del Congreso, en previsión de protestas convocadas por la tarde por organizaciones estudiantiles y la Central Única de Trabajadores (CUT) contra una medida que estiman tendrá efectos nefastos en las áreas de salud y educación.
Pero la rapidez de los debates, que duraron menos de cuatro horas, sorprendió a todos.
Luis Jorge dos Santos, de 49 años, líder sindical de Uberlandia (Minas Gerais, sudeste), se declara "indignado". "Consiguieron votar esa reforma contraria a los trabajadores antes de que hiciéramos nuestra manifestación", lamenta.
En la otra extremidad de la Explanada de los Ministerios, varios cientos de estudiantes se hallaban concentrados cerca de la catedral, muchos de ellos vestidos de negro, con el rostro cubierto, y algunos con máscaras de gas. Algunos gritaban consignas a favor de la educación pública y agitaban carteles con las frases "Fuera temer" y "Revolucion popular".
La enmienda constitucional requería una doble aprobación, con mayorías cualificadas de tres quintos, tanto en la Cámara de Diputados (de 513 miembros) como en el Senado (de 81). El último paso se dio el martes, por 53 votos a favor (cuatro más de los necesarios) y 16 en contra.
La medida será formalmente promulgada el jueves, en una sesión conjunta de ambas cámaras.
Temer, que asumió el cargo tras la destitución este año de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, celebró el avance de una iniciativa que, afirmó, "apunta a sacar al país de la recesión".
El mandatario conservador se dijo decidido a avanzar con sus impopulares reformas, pese a la creciente fragilización de su base política, particularmente expuesta en las últimas revelaciones –en las que él mismo aparece mencionado– de la investigación Lava Jato sobre el enorme esquema de sobornos en Petrobras.
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Su popularidad se halla además bajo mínimos –apenas 10% de opiniones favorables– y un 63% de la población quiere que renuncie, según la última encuesta Datafolha.
Pero Temer insiste en que su misión es entregar un país "saneado" a quien le suceda en 2018, cuando haya completado el mandato de Rousseff.
"Es preciso tener coraje para gobernar. Y tenemos coraje", lanzó Temer en un acto sobre la renovación del sistema de transportes.
La enmienda del "techo de gastos" es apenas la primera del plan de ajustes de Temer.
La siguiente (la reforma del sistema de jubilaciones) pretende establecer una edad mínima uniforme de 65 años para el retiro de hombres y mujeres y un periodo de contribuciones de 49 años para gozar del 100% del beneficio.
Temer y su ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, esperan neutralizar de ese modo el gigantesco déficit fiscal, previsto en 163.000 millones de reales ($48.000 millones) en 2016, y empezar a recuperar la confianza de los mercados para sacar al país de su peor recesión en más de un siglo.
Los malos datos se acumulan para el mandatario en todos los frentes, con un agravamiento de la recesión, que este año será de 3,5%, después de haber llegado a 3,8% en 2015, y proyecciones negativas sobre el desempleo, que afecta a casi 12 millones de brasileños (11,8% de la población activa).
Para tratar de recuperar la iniciativa, Temer y Meirelles prometen una "agenda positiva" de medidas microeconómicas, con vistas a incentivar la actividad.
Fracisco de Oliveira, un funcionario de 56 años oriundo de Rio Grande do Norte (noreste), de paso por Brasilia, contrapesa los argumentos.
"Como economista estoy a favor (de la enmienda constitucional), porque es necesaria, pero como funcionario público no", afirma.
Pero ese no es el mayor problema.
Temer, afirma, "provocó el impeachment para tomar el poder" y ahora, añade, "tengo pocas esperanzas de que la situación mejore, porque quienes tomaron el poder no tienen credibilidad, son peores que quienes estaban antes".
La sesión estuvo dirigida por el presidente del Senado, Renan Calheiros, que la semana pasada consiguió ser confirmado en el cargo por la corte suprema pese a ser inculpado de malversación de fondos públicos y contra quien el fiscal general presentó el lunes cargos que lo vinculan al megaescándalo de Petrobras.
Esa medida volvió a encender la guerra entre los poderes Legislativo y Judicial.
"El Ministerio Público, desgraciadamente, empezó a hacer política, y cuando se hace política, solamente política, se pierde la condición de fiscal de la ley", declaró Calheiros antes de la sesión del martes.