El panorama fiscal que muestra el último informe publicado por la Contraloría General de la República (CGR) es catalogado por el ente contralor es “sombrío”. El documento, analiza el contexto macroeconómico, la situación fiscal del Gobierno Central, los presupuestos públicos y un llamado “urgente” a que las instituciones descentralizadas ejecuten de manera más eficiente sus presupuestos, en sintonía con lo ejecutado por el Gobierno Central.
“Lamento mucho que las advertencias que sobre este tema ha realizado la Contraloría en múltiples informes, se estén materializando”, declaró Marta Acosta, contralora general de la República
El declive de la Hacienda Pública, que pasó de tener superávit a un déficit que “roza peligrosamente los críticos valores de los años ochenta e incluso se estima que los superen”, es uno de los puntos fuertes del informe. Para el 2017 el déficit del Gobierno Central alcanzó el 6,2% del PIB. El mismo número crecerá 7,5% en 2018, según proyecciones del Banco Central (BCCR).
En cuanto a las condiciones macroeconómicas, el panorama también es negativo. En la última revisión del Programa Macroeconómico, el BCCR bajó las proyecciones de crecimiento de 4,1% a 3,2% del PIB real para 2018. Además, el informe señala la presión a la alza en las tasas de interés, como consecuencia de los altos requerimientos de liquidez del Gobierno Central.
El portafolio del endeudamiento del Gobierno, es otro de los puntos señalados en el informe. Hay un incremento en el riesgo de refinanciamiento. El 48% de las colocaciones realizadas en el segundo semestre de 2017 vencen en 2018. A pesar de esto, durante el primer semestre de 2018 no se cumplió con los canjes de deuda, de acuerdo con el documento de la CGR.
Consecuencia de esto, el 31 de julio Hacienda tuvo que presentar a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario de ¢600.000 millones, exclusivamente para hacer frente a los vencimientos de 2018.
Esto ha tenido impacto directo en el portafolio de deuda del Gobierno Central, que ha mostrado una desmejora en los principales indicadores de riesgo. Tanto en riesgo de moneda, por el aumento en la deuda en dólares que se ubica en el 24,6% a junio del 2018, riesgo de plazo, riesgo de interés con un 20,2% de la deuda en en tasa variable.
“En palabras sencillas, ante la premura en las necesidades de liquidez, se deben ofrecer tasas más altas, plazos más cortos, y/o en moneda extranjera en las colocaciones de deuda”, destaca el informe.
Además, se señala la incidencia de situaciones específicas sobre la transparencia presupuestaria.
Por ejemplo: Las obligaciones de pagos del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social no están siendo presupuestados y contabilizados dentro del déficit financiero, pero sí como pasivos en los estados financieros del Poder Ejecutivo.
Para el cierre del 2017, la deuda acumulada por concepto de Contribución Estatal al Seguro de Pensiones era de ¢88.519 millones. Si este pago se hubiera realizado, el déficit del 2017 tuvo que ser de 6,4% del PIB en lugar de 6,2%, que se registró. Este pago, sigue sin estar presupuestado para el 2018.
“Esta Contraloría también dictaminó de forma negativa la liquidación del presupuesto 2017, ante la ausencia de registro de las inversiones realizadas y no recuperadas en el Banco Crédito Agrícola de Cartago, que de haberse registrado habrían elevado el cálculo del déficit financiero de ese año en 0,4% del PIB”, agrega el informe.
Llamado urgente a instituciones descentralizadas
Con una urgente necesidad del uso eficiente de recursos por parte del sector descentralizado del país, la Contraloría insta a las instituciones autónomas a que se sumen al Gobierno Central en la reducción de gasto, en marco de la crisis fiscal que atraviesa el país.
Hay un énfasis en que aún no se define la situación del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y la situación sigue genera pérdidas al Estado. Igualmente señalan el retraso en la ejecución de nuevos proyectos ya aprobados (principalmente en el Depósito Libre de Golfito) por parte de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), entidad que tiene un presupuesto de ¢11.789 millones para el primer semestre del 2018, un 20% más que el mismo período en 2017.
Con un presupuesto de ¢742.790 millones para el primer semestre del 2018, las Universidades Públicas también fueron llamadas a realizar una “valoración integral de su situación financiera” si quieren garantizar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. De la misma manera, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) recibió como principal reto, ejecutar de manera efectiva los recursos con los que cuentan. Para el primer semestre de este año, el presupuesto de la institución es de ¢89.783 millones y es un 49% mayor que el homónimo en 2017.
Recope, por su parte recibió un llamado de atención, por el poco avance en el desarrollo de infraestructura para la incorporación de biocombustibles en la gasolina y diésel.