Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cambiaron su posición inicial y decidieron dejar la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial en manos de los diputados.
Aunque el tema podría llegar a la Sala IV (de la Corte Suprema de Justicia) como consulta planteada por los diputados, o bien, como acción de constitucionalidad o recurso de amparo cuando sea ley de la República.
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Este lunes, los jueces aprobaron una propuesta impulsada por Zarela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, para que la Asamblea Legislativa defina el tope y la contribución solidaria del Poder Judicial en la reforma al régimen de pensiones de esa institución.
Villanueva explicó que la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial es necesario porque tiene impacto directo en 16.000 familias.
El acuerdo también aprobado en el seno de la Corte Plena, también incluye solicitar una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti para abordar el tema.
"Lo más relevante para la institución y el país, es que el proyecto de reforma avance y se analicen aspectos fundamentales para la sostenibilidad del régimen jubilatorio", comentó Villanueva en un comunicado.
La reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial se discute en el Congreso desde el 2013, bajo el número de proyecto de ley 19.922.
Zarela Villanueva compareció el pasado 18 de octubre ante los diputados de la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa.
Durante la audiencia, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia aseguró que se oponen al tope de ¢4,7 millones propuesto por los diputados para las pensiones del Poder Judicial, así como el porcentaje de contribución solidaria sobre las jubilaciones que sobrepasen ese monto.
Inicialmente los magistrados defendieron una propuesta propia en la cual se establece que el tope a las pensiones más altas sean equivalente al 75% del salario más alto pagado por el Poder Judicial. En ese caso, el tope sería de ¢7 millones.
El diario La Nación publicó el 28 de octubre que dos de los siete magistrados propietarios de la Sala Constitucional lanzaron ataques contra los recortes a las pensiones de lujo, en particular los que se aplicarían sobre las jubilaciones millonarias de los empleados del Poder Judicial.
Ernesto Jinesta, presidente de la Sala IV, dijo el pasado 20 de junio en sesión de Corte Plena: "Voy a mantener una actitud activa y combativa, tanto en esta Corte como respaldando a todo el funcionariado judicial, en todas las marchas, reuniones y movimientos de huelga que haya".
En este país se dice que no se pueden tomar decisiones y que es ingobernable, pero sacan músculo para los jubilados, es decir, para los jubilados sí hay músculo político y múltiples iniciativas", alegó Fernando Cruz, quien es magistrado de la Sala IV desde el 2004.
En junio pasado, los diputados aprobaron un paquete de reformas a leyes para reducir el gasto público en pensiones con cargo al presupuesto por el orden de los ¢21.000 millones al año.
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Cuando se habla de pensiones con cargo al presupuesto, se trata de un grupo de pequeños regímenes como el de los diputados, el Incofer y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).