Los diputados consumieron ¢100 millones del dinero que reciben mensualmente para financiar su consumo de combustible, entre los meses de mayo y diciembre de 2022.
La Ley de Remuneración de Diputados de la Asamblea Legislativa (7.352), vigente desde 1993, otorga ese beneficio a los legisladores, el cual no cuenta como parte de su salario pero sí como una especie de viático para “uso discrecional”.
En total, a los diputados se les deposita mensualmente el dinero necesario para consumir hasta 500 litros de combustible. Los congresistas pueden acumular esos recursos entre enero y diciembre de cada año, pero no más allá de eso.
Este beneficio de los legisladores se ha situado en el centro de la polémica en innumerables ocasiones durante los últimos años. Algunos exdiputados han pretendido retirar el dinero que no utilizaron, como si hubiese sido parte de su salario, y otros han sido investigados por supuestos usos inadecuados del mismo.
EF revisó los registros de gasto en combustible de los 57 congresistas del período 2022-2026 hasta el momento. Este es su consumo en los primeros nueve meses en Cuesta de Moras.
¿Quiénes más y quiénes menos?
Los registros del Departamento Financiero del Congreso dan cuenta de múltiples diferencias en el consumo de dinero para combustible entre los 57 congresistas.
Nueve legisladores gastaron más de ¢3 millones en nueve meses; mientras que otros nueve más bien no han consumido un solo centavo.
Cinco gastaron menos de ¢1 millón; 15 consumieron más de ¢1 millón pero menos de ¢2 millones; y 19 entre ¢2 millones y ¢3 millones.
El diputado que más dinero consumió fue Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El legislador puntarenense consumió ¢3,76 millones en nueve meses, para un promedio de ¢417.477 mensuales.
Robles explicó que el dinero lo utiliza para desplazarse todos los días al Congreso desde Puntarenas y para visitar comunidades de toda la provincia. “Si yo quiero ir a Corredores, tengo que gastar dos tanques de combustible y solo en eso se pueden ir unos ¢150.000″, ejemplificó. “Yo viajo viernes y sábados a atender comunidades indígenas, insulares, territorios costeros y urbanos de todos los cantones; y también me desplazo todos los días de Puntarenas a San José”.
El diputado señaló que no utiliza otros beneficios que da la Asamblea Legislativa como el servicio de telefonía o el de vehículos y choferes; pero que ve en el dinero para combustible un apoyo importante y que necesita. “Yo a los 15 días gasto mi combustible y el resto del mes uso dinero de mi salario fijo (...) este es un recurso que debe optimizarse para devolverlo en atención al pueblo, más con lo que le cuesta a un ciudadano de las comunidades venir a San José”, puntualizó.
Junto con Robles, los 10 diputados que más gastaron dinero oficial en combustible fueron José Pablo Sibaja, Fabricio Alvarado y Yonder Salas, de Nueva República (PNR); Danny Vargas, Geison Valverde y Dinorah Barquero, de Liberación Nacional (PLN); y Leslye Bojorges, Alejandro Pacheco y Horacio Alvarado, del PUSC.
De esa decena de congresistas, dos son de la capital (Alvarado y Vargas); cinco son de Alajuela, Heredia o Cartago (Sibaja, Barquero, Bojorges, Pacheco y Alvardo) y tres de provincias costeras (Salas y Valverde).
En contraposición, los congresistas que no utilizaron los recursos disponibles para combustible fueron nueve de cuatro fracciones distintas: Jonathan Acuña, Ariel Robles y Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA); Andrea Álvarez y Rodrigo Arias, del PLN; Pilar Cisneros y Paola Nájera, del oficialista Progreso Social Democrático (PPSD); Jorge Dengo y Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP).
PUSC y NR: los que más gastan
Dos fracciones no tienen un solo diputado que haya renunciado al uso de sus recursos para combustible: el PUSC y el PNR.
Ellas son, precisamente, las que registran un mayor promedio de uso de dinero por diputado.
En la bancada del PUSC, los nueve diputados consumieron un promedio de ¢2,7 millones durante los primeros nueve meses de gestión; mientras que el registro de los siete congresistas de Nueva República fue de ¢2,6 millones.
Las fracciones que menos dinero emplearon, por otro lado, fueron la del gobierno y la del FA.
Los diputados oficialistas usaron un promedio de ¢1,2 millones por diputado; mientras que los seis del FA apenas promediaron ¢500.000.
Beneficio polémico
La cuota mensual para costear 500 litros de combustible para uso discrecional de vehículos se fijó desde 1993 en el artículo 5 de la Ley 7.352. Desde entonces, su uso ha generado todo tipo de discusiones y de escándalos.
Por ejemplo, en 2017, el expresidente de la Asamblea Legislativa y entonces candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, intentó cobrar ¢6 millones al Congreso por dineros para combustible que no había utilizado. Según dijo entonces, consideraba que la administración debía darle ese monto para fines personales, a pesar de que no lo había utilizado para comprar combustible durante su gestión como congresista.
Finalmente, Álvarez desistió de continuar con su reclamo. Así reaccionó después de que medios de comunicación publicaron sobre el caso, en el contexto de las elecciones de 2018.
En años más recientes, también acapararon titulares los casos de los exdiputados Erick Rodríguez Steller e Ivonne Acuña en el cuatrienio pasado (2018-2022), los cuales incluso fueron judicializados.
A Erick Rodríguez se le denunció por supuestamente haber desviado y vendido parte de sus recursos para combustible a terceros, según informó Telenoticias en septiembre de 2020. Él, sin embargo, rechazó siempre que eso hubiera pasado.
A Ivonne Acuña, por otra parte, se le inició un proceso judicial por abrir una cuenta en una gasolinera –para uso propio y de autorizados suyos– con hasta ¢3,2 millones. Ella realizó esa gestión en noviembre de 2021, a pesar de que luego salió del país en diciembre de ese mismo año y no volvió al Congreso en los cinco meses restantes del período constitucional.
La Asamblea Legislativa le reclamó el dinero a Acuña; sin embargo, la exdiputada aún no reintegra los recursos y el caso sigue en los estrados, según explicó el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales.
Existen múltiples criterios de la Procuraduría General de la República que indican la obligatoriedad de que los diputados usen sus recursos solo en labores legislativas. No obstante, la Asamblea carece de mayores controles al respecto.
EF solicitó a la Fiscalía una actualización del estado de los casos, pero no se tuvo respuesta al cierre de edición.
Diputados de diversas fracciones han presentado diversos proyectos para eliminar el beneficio de combustible o regular más su uso. Sin embargo, ninguno se ha aprobado hasta hoy.