El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presupuestó ¢9.240,7 millones para la realización del proceso electoral de este 2022. De ese gran total, ¢6.624,1 millones se gastarían para los comicios de primera ronda y los restantes ¢2.616,6 millones en un eventual balotaje.
Tanto para las elecciones de este 6 de febrero como para el posible desempate por la Presidencia de la República, el cual se realizaría en abril próximo, la principal partida de gasto es la de servicios.
El TSE presupuestó invertir ¢3.023,7 millones para ella en la primera ronda y ¢2.314 millones en segunda.
La partida de servicios incluye alquileres de vehículos, el pago de las plataformas tecnológicas para la transmisión de los resultados, la impresión de papeletas, la impresión de los padrones electorales, la campaña publicitaria asociada y el pago a los agentes electorales involucrados, entre otros gastos prioritarios similares.
El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica calificó de “inevitable” que el país tenga que elegir a su próximo presidente o presidenta de la República hasta el próximo 3 de abril, en un proceso de ‘desempate’.
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La última encuesta que desarrolló el centro universitario, a una semana de las elecciones de este 6 de febrero, determinó que ningún candidato superaba para ese entonces el 20% de la intención de voto general y que hasta un 30% de posibles electores seguían indecisos sobre a qué candidatura respaldar este 6 de febrero.
Otros gastos
El segundo gasto en magnitud es el pago de remuneraciones.
La autoridad electoral presupuestó pagar ¢2.357,4 millones en planilla temporal de servicios especiales, horas extra y cargas obrero patronales, este 6 de febrero. Para un eventual balotaje, incluyó ¢296,5 millones adicionales.
La tercera partida es la de materiales y suministros adicionales. Para este 6 de febrero se presupuestaron ¢416,8 millones; mientras que para un posible balotaje, en abril, se incluyeron solo ¢6,1 millones más.
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Los demás gastos se presupuestaron para la totalidad del proceso electoral, tanto una primera ronda como una eventual segunda.
Por ejemplo, el TSE dispone de ¢324,9 millones de su Fondo General de Elecciones para atender “eventualidades urgentes”, según indicó el TSE. Estas tienen que ser necesidades “propias de la logística de elecciones y que no puedan ser planificadas previamente”.
Además de ese presupuesto, el TSE dispondrá de ¢463,5 millones para bienes como equipo de cómputo, radiocomunicación y para el pago del transporte del material electoral; así como ¢37,7 millones para la contribución estatal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) obligatoria de los seguros obligatorios.
La información la remitió a EF Héctor Fernández, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.
Él señaló que el presupuesto se realiza tomando en cuenta “las previsiones realizadas en los años 2020, 2021 y 2022″. “Estos datos se ajustan de acuerdo con las situaciones que se presentan durante cada uno de esos años”, añadió.
Como se trata de un presupuesto, es posible que no todas las partidas se liquiden totalmente; principalmente aquellas que se gestionan para imprevistos.
Deuda política
Los montos antes mencionados no incluyen el gasto en deuda política. Únicamente contabilizan los recursos dedicados al desarrollo del proceso electoral de votación.
El TSE definió el monto del aporte estatal a los partidos políticos desde el pasado 8 de febrero, a través de la resolución 0669-E10-2021, y lo fijó en ¢19.790,9 millones.
La repartición de estos recursos se hace hasta varios meses después de este 6 de febrero, entre los partidos que cumplan los requisitos para acceder a los recursos.
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Estos requisitos son haber conseguido al menos un 4% de los votos válidamente emitidos o haber logrado la elección de al menos un diputado; y presentar la solicitud de reintegro de gastos realizados en la campaña, conforme a los estatutos vigentes.
Además de los recursos estatales, los partidos pueden recibir donaciones de particulares en dinero y en especie, siempre y cuando no provengan de personas jurídicas o de personas extranjeras.