El régimen de Daniel Ortega se perpetúa en Nicaragua a la vista de todos los demás países de la región centroamericana, las grandes potencias mundiales y las organizaciones internacionales.
Ortega irá a elecciones nuevamente este 7 de noviembre; sin embargo, nada apunta a que existan verdaderas posibilidades de un ejercicio democrático.
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Por el contrario, organismos defensores de derechos humanos piden a la población nicaragüense e internacional documentar las previsibles irregularidades del proceso electoral, de modo que sirvan para la denuncia posterior del mismo.
Esta evidencia se sumaría a la detención de líderes opositores y las trabas para la participación política que caracterizó los últimos meses en Nicaragua.
EF analizó la situación del país centroamericano y por qué ha sido tan difícil para Centroamérica y el resto del mundo ponerle freno a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que se aferran al poder desde 2007.
El reto de las sanciones
Las sanciones impuestas hasta el momento por parte de diversos países y organismos internacionales a Ortega, y su círculo más cercano, han sido poco efectivas para detener su avance.
Por el contrario, Ortega cada vez asume una faceta más represiva y así lo demostró de cara a los comicios de este mes de noviembre. En este proceso, detuvo y privó de su libertad a decenas de opositores y activistas (incluidos siete precandidatos presidenciales dispuestos a hacerle frente); mientras que otros debieron abandonar el país.
Incluso las sanciones estadounidenses se han quedado cortas para detener a Ortega, indicó la directora para Latinoamérica del programa Wilson Center, Cynthia Arnson.
Ella recordó que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro estadounidenses han aplicado sanciones al círculo más cercano del mandatario nicaragüense, pero reconoció que los esfuerzos no han tenido los efectos esperados.
“Todo esto ha tenido un efecto cero en el comportamiento del régimen”, describió en un reciente foro organizados por la fundación Arias para la Paz.
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El Senado estadounidense, además, empuja el proyecto de Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer). Este texto establecería sanciones específicas para el gobierno de Ortega, si no accede a promover elecciones libres, observadas y transparentes.
El proyecto también abriría la puerta para revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libere Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (Cafta), de ser necesario; y ampliaría la supervisión de los préstamos que recibe Nicaragua de entidades internacionales, entre otras medidas.
La iniciativa recién recibió su aprobación en la Cámara de Representantes, este 3 de noviembre, pero sus eventuales efectos reales se desconocen.
La Unión Europea (UE), por su parte, también aplica algunas sanciones al círculo cercano de Ortega, las cuales recientemente extendió hasta octubre de 2022. No obstante, su alcance también parece limitado. Las medidas se diseñaron para afectar a solo 14 políticos y funcionarios de gobierno.
El escenario deja medidas dispersas y a Ortega no parecen incomodarle demasiado.
Encrucijada
La imposición de sanciones económicas más severas podría ser una salida de largo o mediano plazo, según coinciden diversos especialistas; pero también representan un arma de doble filo que puede golpear a la población nicaragüense. Esa es una de las principales encrucijadas que enfrenta la comunidad internacional en el caso de Nicaragua.
Nicaragua ya enfrenta una situación crítica. Es el segundo país más pobre de Latinoamérica y el Caribe (solo detrás de Haití).
“Ahí es donde la comunidad internacional tendrá que empezara a valorar qué acciones o qué sanciones puede implementar sin que se termine afectando directamente a los sectores más desprotegidos”, apuntó el analista internacional y miembro del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo.
Asimismo, intenciones como sacar a Nicaragua del Cafta son poco viables, según comentó Arnson, porque abriría puertas para procesos similares con otras democracias de la región que se ven amenazadas actualmente por diversos motivos.
También se ha mencionado la posibilidad de trabajar en restricciones relacionadas con el financiamiento que recibe el gobierno de Ortega de organismos multilaterales.
Una publicación del medio nicaragüense El Confidencial determinó que solo el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha prestado $2.289 millones al gobierno de Ortega desde 2017, a pesar de la situación del país y de la represión emprendida por parte de sus autoridades.
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No obstante, Murillo recordó que el gobierno de Ortega puede recibir financiamiento de países aliados, como Venezuela. Asimismo, Ortega todavía podría intentar acercarse a China, como una “última carta”, si llega a estar en aprietos.
Todo este escenario deja impotente incluso a las potencias mundiales.
“Creo que lo que hemos visto hasta ahora es que el poder de Estados Unidos es limitado y no es solo en el caso nicaragüense, sino frente a otras dictaduras en el mundo”, comentó Arnson semanas atrás.
Centroamérica ‘atada’
Nicaragua carece hoy de todas las características de una democracia sana. No cuenta con un Estado de Derecho consolidado, tampoco tiene autoridades electorales imparciales y Ortega ha colocado numerosas barreras para la participación política y la libertad de prensa.
Así lo analizó recientemente Leandro Querido, director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral, que se dedica la observación electoral y a la promoción de elecciones íntegras en América Latina.
Centroamérica tampoco ha podido tomar medidas efectivas en contra de Ortega y su régimen.
En el Itsmo se conjugan el miedo a eventuales reacciones de Ortega que afecten el comercio intrarregional, intereses personales de mandatarios y temores a una crisis migratoria, según explicó Carlos Murillo.
En el plano comercial, la mayor cantidad del comercio entre los países centroamericanos se canaliza por la vía terrestre. Esto implica que un eventual cierre de fronteras en Nicaragua podría poner en aprietos el tránsito de mercancías.
Por otra parte, Murillo recordó que Managua es un aliado estratégico para los mandatarios de Honduras y Guatemala, Juan Orlando Hernández y Alejandro Giammattei. Ambos enfrentan altas presiones en sus países y podrían ver en Managua un eventual “refugio”, cuando finalicen sus períodos y en caso de que se les juzgue legal o políticamente.
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Honduras incluso se alió recientemente con el gobierno de Ortega para la firma de un tratado de límites en el golfo de Fonseca, que fue centro de viejas disputas.
Esta situación debilita las posibilidades de que se Centroamérica presione a Ortega en conjunto.
“¿Y en ese caso de empate quién decidiría? El Salvador. Y la situación entre Bukele y Ortega es de adversarios en el parte pública, pero ellos tienen negocios conjuntos e incluso hay familiares que manejan parte de sus relaciones bilaterales”, recordó Murillo.
Además de todo esto, está el factor migratorio.
Costa Rica y Panamá se preguntan si podrán enfrentar un aumento todavía mayor de los flujos migratorios, que ya de por sí vienen en aumento.
Lo mismo ocurre en el caso de Estados Unidos. La aprehensiones de personas nicaragüenses en la frontera sur de ese país alcanzó las 33.184 hasta septiembre de 2021, casi tres veces el registro de 2019, tras las protestas y la represión gubernamental que dejó alrededor de 400 personas fallecidas por aquel entonces.