Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate el expediente 22.830 que consiste en un préstamo de $300 millones con el Banco Mundial (BM), dirigido a políticas de desarrollo para la gestión fiscal y descarbonización.
Según los objetivos del proyecto, los recursos se destinarán a “proteger los ingresos y empleos” del impacto de la pandemia y fomentar la recuperación de las pymes, reforzar la sostenibilidad fiscal tras la emergencia sanitaria y sentar las bases para una recuperación después de la COVID-19, promoviendo el crecimiento verde y el desarrollo bajo en carbono. El 10% del monto irá dirigido a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El préstamo será por un plazo de 20 años con una tasa de interés del 1,58%.
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Este crédito tenía como requisito la aprobación de la ley de empleo público, según había explicado el ministro de Hacienda, Elian Villegas, al diario La Nación. Además, es parte de un grupo de préstamos por $850 millones con diferentes entidades que le permitirían al Gobierno pedir menos recursos en el mercado interno y, por lo tanto, presionar menos las tasas de interés dentro del país.
“Este proyecto no crea gasto nuevo, sino que sustituye fuente de financiamiento”, con el objetivo de bajar el costo de la deuda y disminuir la presión sobre el tipo de cambio, declaró la diputada oficialista Laura Guido.