Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate el proyecto de ley que pretende atraer a ‘nómadas digitales’ para que inviertan sus recursos en el país; es decir, a trabajadores extranjeros que puedan realizar sus labores y dejar al menos una parte de sus ingresos en suelo costarricense.
El proyecto de ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional (22.215) contó con el visto bueno de 41 legisladores de 42 presentes, este lunes 28 de junio; y quedó listo para su votación definitiva el próximo martes 13 de julio.
Los beneficios se otorgarán a aquellas personas que logren probar a través de mecanismos como estados de cuenta o cartas patronales que tienen un ingreso de $3.000 mensuales (¢1,8 millones) cuando estas viajes de manera particular, o de $4.000 (¢2,5 millones) cuando incluyan a sus familias.
Las personas que intenten optar por este estatus también deberán obtener una póliza de servicios médicos que cubra a la persona solicitante “por toda la duración de su estancia en el país”, así como la de los miembros de su grupo familiar, de ser necesario. También deberían realizar el pago de su visa de no residente y cumplir con cualquier otro requisito que se derive de legislaciones vigentes.
El trámite de los permisos estará a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), a través de una ventanilla única.
En total, son cuatro los beneficios que se otorgaría a estos trabajadores:
- Exención total del Impuesto sobre la Renta de manera unipersonal para sí mismo. Se exceptúa al resto de su núcleo familiar, siempre y cuando dichos integrantes no tramiten otro permiso por su cuenta
- Exoneración de tributos por la importación de equipo personal básico de cómputo, informático, de telecomunicaciones o análogos “necesarios para cumplir con sus labores o la prestación de sus servicios”
- Validez de su licencia de conducir en el país
- Posibilidad de abrir cuentas bancarias de ahorros en los bancos del sistema bancario nacional, a través de nuevas directrices de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)
Los permisos se otorgarán por un plazo de un año, prorrogable por un año adicional, siempre y cuando la persona beneficiaria haya permanecido en Costa Rica al menos 180 días del primer período aprobado.
Todos los requisitos
Según dice el texto de ley aprobado en primer debate, la DGME deberá abrir una ventanilla única para dar trámite a este tipo de solicitudes. Los eventuales detalles del proceso y sus cobros se deberán establecer mediante reglamentos, a través de “parámetros objetivos”.
Los extranjeros que deseen optar por una visa en la subcategoría de estancia como “trabajador o prestador remoto de servicios” tendrían que presentar un formulario para solicitar su visa y aportar la información necesaria para certificar que cumplen con con los requisitos formales de ingreso monetario.
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La Dirección de Migración tendrá́ un plazo de 15 días naturales para resolver la solicitud. También tendrá un plazo de cinco días para advertir sobre errores que se deban subsanar en dichas solicitudes.
En casos en los que trabajadores deseen aplicar en conjunto con sus parejas (inclusive parejas de hecho), sus hijos (menores de veinticinco años o mayores, pero con alguna discapacidad) o adultos mayores deberán presentar un formulario de grupo familiar.
También deberán presentar fotos de los pasaportes de las personas en cuestión, aportar copia de certificado o constancia de nacimiento de hijos e hijas, pagar las visas de cada miembro y aportar cualquier otro dato o documento requerido para comprobar las relaciones entre los solicitantes.
Las solicitudes podrán ser rechazadas, en caso de que no se cumplan los requisitos formales; pero cabrán recursos de revocatoria y apelación a través de medios digitales.
Todos los requisitos deberán mantenerse en cumplimiento constante por el período del permiso y la administración podrá solicitar que así lo comprueben los beneficiarios.
“En caso de que el beneficiario solicitante no compruebe que se mantiene vigente la situación que le permitió acreditarse como tal, o que lleve a cabo labores o preste servicios distintos a los que esta ley le autorizan, se le cancelará dicha condición (...) Asimismo, perderán la condición de beneficiarios los miembros del grupo familiar”, dicta la normativa.
La pérdida de los beneficios de importación de materiales será de forma retroactiva. Es decir, la persona tendría que cancelar los impuestos no pagados gracias a la legislación.
En caso de que la persona suministre información falsa para sustentar su solicitud, se le castigará con el pago inmediato de los impuestos exonerados, más un monto del 25% adicional, a título de multa, “sin perjuicio de los procedimientos judiciales que correspondan para estos efectos”.
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Atracción de capitales
El proponente del proyecto, Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN) aseguró que el texto permitirá atraer a trabajadores por más tiempo que en la actualidad, pues ahora mismo solo pueden permanecer con visas de turismo por un máximo de tres meses.
“Nuestro objetivo es que por muchos meses alquilen su hospedaje en hoteles, villas o apartamentos, visiten nuestros parques nacionales, consuman en restaurantes, realicen compras en supermercados y diversos comercios, recorran el país y gasten sus recursos en diversos servicios comerciales y profesionales en nuestras comunidades”, aseguró.
Meses atrás, Benavides dijo a EF que el proyecto cobraba mayor relevancia en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, que ha permitido a más trabajadores desplazarse por distintas partes del mundo.
El impacto real de este grupo de visitantes en la economía costarricense dependerá de la cantidad de visitantes que finalmente lleguen al país, y de su consumo efectivo.
El despacho de Benavides estima que, solo con la llegada de unas 10.000 familias encabezadas por “nómadas digitales, Costa Rica podría recibir unos $600 millones al año en consumo.
El diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta, criticó que el proyecto podría generar un trato desigual en materia de impuestos con trabajadores nacionales, así como abrir portillos para la evasión de cargas tributarias o enmascarar actividades ilícitas si no se realizan los controles debidos. No obstante, sus dudas fueron minoritarias y solo él rechazó el texto finalmente aprobado.
Benavides subrayó no existiría problema alguno con otorgar estos beneficios porque son trabajadores que, sin esta legislación, no realizarían ninguna actividad en el país y que únicamente vienen a seguir desarrollando trabajos para patronos externos.
El Ministerio de Hacienda también dio su visto bueno sobre el proyecto en un reciente criterio sobre el texto, del 26 de febrero. “En lo respectivo a las ventajas fiscales, es importante señalar que se trata de un sector que actualmente no aporta al fisco, pues no es parte de la economía nacional, de ahí lo relevante de esta iniciativa, que más bien permitirá atraer a este tipo de trabajadores y ello propiciará una nueva dinámica económica alrededor de las distintas actividades que estas personas realicen, lo cual tendrá impactos positivos en el consumo y en la recaudación”, indicó el texto firmado por la exviceministra Alejandra Hernández.
La votación en segundo debate se pactó para este 13 de julio, después del receso legislativo de la primera semana de ese mes.
Todas la nueva normativa deberán quedar debidamente reglamentada en un período máximo de dos meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley.