Con 45 votos a favor y solo uno en contra, los diputados aprobaron este lunes un recorte de ¢25.000 millones a la deuda política que financiará las campañas electorales del 2018 y el 2020.
La iniciativa presentada por Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), introduce un artículo transitorio para reformar el Código Electoral, Ley No. 8765.
La reforma reduce el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se destina para el pago de la deuda política, de un 0,19% a un 0,11%.
El recorte permite que el monto destinado al financiamiento de las campañas electorales del 2018 y 2020 pase de ¢59.000 millones a ¢34.000 millones.
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"Está demostrado que ese porcentaje es suficiente para permitirle a los partidos políticos, con la reglas actuales, generar los procesos de formación y elección necesarios para la buena marcha del sistema electoral costarricense", señaló la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), mediante un comunicado.
El limite al gasto de las elecciones presidenciales del 2018 y municipales del 2020, es una medida de austeridad ante la difícil situación fiscal de Costa Rica.
La reducción de ¢25.000 millones alcanzaría para financiar 92.000 becas de Avancemos, o bien, para construir cuatro pasos a desnivel como los que se ubican en San Sebastián y Paso Ancho, sobre la Circunvalación.
Además de aprobar la reforma transitoria, los nueve partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa se comprometieron a presentar un proyecto para reducir las contribuciones del Estado a los partidos políticos para las diferentes campañas electorales.
La iniciativa busca reformar el artículo 96 de la Constitución Política, que fija el 0,19% del PIB del año trasanterior a las elecciones de presidente, vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea Legislativa, como monto para financiar la deuda política.
Gerardo Vargas, jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que proponer un proyecto de ley que recorte el gasto de deuda política de forma permanente es una buena opción para garantizar la sostenibilidad del sistema.
"El proyecto pretende eliminar obstáculos a la democracia, lograr el fortalecimiento de los partidos políticos como instituciones permanentes, mejorar controles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)y facilitar el acceso efectivo del financiamiento en elecciones del régimen municipal", agregó Vargas.