El empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, fue detenido la madrugada de este viernes por la presunta comisión de cuatro delitos.
Emilia Navas, fiscala general interina, explicó en conferencia de prensa, que la orden de detención contra Bolaños se sustenta en los presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.
Navas precisó que la Fiscalía General y el Organismo de Investigación Judicial, allanaron siete puntos en diferentes zonas del país para secuestrar y registrar documentos, expedientes y equipos de cómputo.
EF explica qué dicen las leyes de Costa Rica sobre los cuatro delitos en los cuales la Fiscalía sustenta la detención de Bolaños.
Peculado: El artículo 354 del Código Penal, establece una pena de tres a 12 años de prisión a los funcionarios públicos que sustraigan o distraigan dinero o bienes del Estado para beneficio propio o de terceros.
“Será reprimido con prisión de tres a doce años, el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo; asimismo, con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella”, indica el Código.
De acuerdo con Navas, aunque este delito está tipificado para funcionarios públicos, es aplicable sobre Bolaños por la presunta comisión (participación) de hechos que se podrían considerar como peculado.
Tráfico de influencias: Se fundamenta en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
"Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro”.
La pena señalada en el artículo anterior se extenderá en un tercio cuando las influencias provengan del presidente o vicepresidentes de la República, miembros de supremos poderes, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), o de altos jerarcas de instituciones públicas o partidos políticos.
Denuncia calumniosa: Este delito se tipifica en el artículo 319 del Código Penal, y establece una pena de entre uno y seis años de cárcel, a quien denuncie o acuse ante una autoridad a una persona que sabe que es inocente, o simule la existencia de pruebas materiales contra esa persona para tratar de acusarla.
Simulación de delito: La pena para este hecho se establece en el artículo 320 del Código Penal.
“Se impondrá prisión de un mes a dos años, al que falsamente afirmare ante la autoridad que se ha cometido un delito de acción pública o simulare los rastros de este con el fin de inducir a la instrucción de un proceso para investigarlo”.
Lo que se sabe de las detenciones
La Fiscala precisó que las tres personas detenidas hasta ahora son Juan Carlos Bolaños, Mario Barrenechea, gerente general suspendido del Banco de Costa Rica (BCR); y Gilberth Barrantes, miembro del Comité de Crédito de la misma entidad financiera.
A los dos funcionarios del BCR se les atribuye el delito de peculado, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Navas.
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“Los lugares que fueron y que están siendo allanados son la casa de Juan Carlos Bolaños, ubicada en Escazú, otra casa que tiene en Atenas; la casa del señor Barrenechea en Santa Ana; las oficinas de Sinocem, ubicadas en La Uruca; el hangar número 5 del Aeropuerto Tobías Bolaños”.
“También se están realizando diligencias en las oficinas centrales del BCR, propiamente las oficinas del Comité de Crédito, la Junta Directiva, el Gerente General, y las oficinas de los auxiliares, y la oficina del BCR en Curridabat, donde se ubican los analistas de crédito”, precisó la Fiscala General.
Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), anunció que apenas iniciaron la primera fase de más acciones que vienen en el futuro por el caso del cemento chino.
“Trabajamos para realizar una investigación objetiva, clara, imparcial y transparente, que le permita al país conocer qué fue lo que realmente sucedió con el tema de los préstamos que surgieron del BCR y que fueron girados para efectos de que tres compañías al menos, intervinieran, en la decisión del cemento chino”, agregó Espinoza.
El jerarca de la policía judicial continúo: “Igual nos interesa a ambos órganos esclarecer las situaciones que tienen que ver con las modificaciones reglamentarias que permitieron el ingreso de ese cemento al país, los nexos que se fraguaron entre las personas que tenían intereses, por la naturaleza que fuera, en esta actividad comercial, si esos intereses tenían condiciones y características de ilegalidad, o de delito”.
La Fiscalía General adelantó que en se darán más detenciones de funcionarios públicos para llevarlos a declarar.
Navas indicó que después de que concluya el proceso de allanamientos e indagatorias de los detenidos, definirán si piden medidas cautelares contra las personas imputadas en esta investigación.
La Fiscalía investiga dos préstamos por $30 millones que el banco otorgó a Sicocem Costa Rica, empresa del empresario Juan Carlos Bolaños para la importación de cemento chino y otras operaciones.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ya había advertido que los negocios y el funcionamiento del BCR estaban en riesgo, debido a que la Junta Directiva debilitó su función de gestión en el banco.
A la Junta Directiva del BCR también se le cuestiona, entre otros hechos, por el giro de un crédito de $32 millones concedido a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) para la compra de una planta hidroeléctrica, transacción hecha en el bufete en el que trabaja Raven, directivo del banco y quien además era fiscal de Holcim.
Más detenidos
La Fiscalía también confirmó la detención de más funcionarios del Banco de Costa Rica.
Estos son: Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo y gerente general a.i.; Eduardo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Créditos, y Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control.
"A estas personas se les tomará la declaración indagatoria en el transcurso del día, en el Primer Circuito Judicial de San José, y posteriormente se analizará una a una la situación particular de los imputadosa efectos de determinar el tipo de medida de cautelar por solicitar", informó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
El BCR informó mediante un comunicado que la institución ha brinado toda la colaboración con el OIJ y la Fiscalía durante los allanamientos de este viernes.
"Señalamos que el Banco de Costa Rica también tiene en curso investigaciones relacionadas con este caso, a efecto de establecer las circunstancias de hecho y determinar eventuales responsabilidades que correspondan", indicó la enitidad financiera.
Los servicios y operaciones del banco para sus clientes se mantienen con normalidad.
Solís apoya acciones
Mediante un video publicado en su página de Facebook, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, respaldó las acciones judiciales llevadas a cabo este viernes en relación con el caso del cemento chino.
"Todo lo cual está relacionado con las investigaciones a cerca de créditos para la importación de cemento chino. El Poder Judicial cuenta con toda mi confianza, y la confianza de mi Gobierno, y apoyamos todas los esfuerzos para aclarar estos hechos", sentenció el mandatario.
Solís agregó que es necesario conocer la verdad de lo que pasó y llegar hasta las últimas consecuencias.
Nota del redactor: Esta noticia fue actualizada a las 2:47 p.m. con nuevos hechos e informaciones que acontecieron durante el día.