Fabián Sandí tiene 23 años, estudia ingeniería en sistemas y trabaja como conductor de Uber. Comparte el carro con su hermano de 20 años, quien cursa la carrera de relaciones públicas. Se dividen los tiempos de manejo de su vehículo para ganar dinero sin horarios, ni obligaciones.
“Es bueno porque nos ponemos una cuota diaria y a eso solo le quitamos la gasolina y lo que nos rebaja automáticamente la aplicación por cada viaje. Lo demás nos queda libre”, comentó.
Steven Villalobos, vecino de Santa Ana, todavía no llega a los 30 años y desde hace 12 meses trabaja como repartidor de comida con la app Uber Eats. Coincide en que todo lo que se gana es libre, No tiene rebajos para el seguro social ni para algún sistema de pensiones.
Es cierto, los puestos de conductor de Uber o repartidor de Uber Eats son empleos informales. El afianzamiento de la generación millennial en la fuerza laboral del país también abre las puertas para que las personas opten por trabajos cortos, esporádicos y que se relacionan directamente con el desarrollo de tecnología, como aplicaciones.
Todas estas labores se conocen como empleos de la economía gig y ponen sobre la mesa una serie de amenazas para el futuro del sistema de seguridad social. ¿Cómo se mantendrán la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los regímenes de pensiones cuyos ingresos vienen de un esquema de trabajo formal que deja por fuera a la mitad de los ocupados?
No solo es cuestión de preferencia de las generaciones jóvenes por condiciones laborales distintas del esquema tradicional, también juega la necesidad. La economía costarricense simplemente no genera suficientes empleos formales.
Empleados ʻgigʼ
Un empleado gig es aquel que consigue un proyecto mediante una plataforma digital, sin tener la necesidad de trabajar sujeto a horarios o desplazarse hasta las instalaciones de una empresa.
Quienes ganan dinero con este formato tienen varios empleadores durante periodos de tiempo cortos y específicos, sin necesidad de responderle a un jefe directamente. En lugar de eso, utilizan las plataformas para ponerse en contacto con proyectos freelance propios de la economía colaborativa.
Algunos pensarán que se trata de un formato de trabajo muy millennial. Sí y no.
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En el caso de Costa Rica, en 2017, los millennials representaban el 33% de la fuerza de trabajo del país (casi 819.000 personas) y también el 61% de los desempleados.
Datos del estudio de generaciones Gentico, publicado por Unimer en noviembre del 2016, revelan que el 65% de los millennials ticos buscan mayor estabilidad laboral e incluso aseguraron que le serían fieles a una empresa durante toda su vida si les ofrece aprendizaje constante, buen ambiente, horarios flexibles y un balance adecuado entre la vida personal y profesional.
Está claro que existen dos grupos dentro de los millennials. La crisis económica mundial del 2008 tuvo efectos muy importantes en la elección de carreras profesionales de esta población y se impulsó un auge –que todavía no se consolida– por nuevas opciones ligadas con tecnologías de información, informática e ingenierías, muy de la mano con las actuales demandas del mercado laboral.
Este primer grupo de millennials y personas capacitadas logra conseguir mayor estabilidad económica y laboral, lo que les permite optar por empleos gig para ganar satisfacción profesional, ampliar sus experiencias y darle valor a sus conocimientos.
Para el segundo grupo de millennials, quienes tienen menor calificación para trabajar y estudiaron carreras técnicas o del todo no terminaron el sistema educativo, los empleos gig representan una oportunidad para llegar a fin de mes, sin que todavía hayan definido qué harán con su futuro en caso de que no coticen para una pensión.
Las empresas están lejos de ser indiferentes a las contrataciones por servicios profesionales y ahora estas personas son más fáciles de ubicar y contactar gracias a la tecnología. Es así como crece un nuevo modelo de empleo informal que con el tiempo ganará más terreno y traerá amenazas al sistema actual.
Correlatos de la informalidad
Los empleos informales son una respuesta ante una economía incapaz de generar puestos formales para toda la fuerza de trabajo de Costa Rica.
Al tercer trimestre del 2018, la fuerza laboral del país creció en 98.000 personas para llegar a los 2,38 millones de trabajadores, de los cuales 962.000 (el 45%) obtienen sus ingresos mediante empleos informales.
Dentro de este grupo de trabajadores informales, 519.000 ganan dinero cada mes mediante el trabajo que hacen para una persona o empresa pero no cotizan para la CCSS ni para los regímenes de pensiones.
El reporte de Perspectivas Económicas Globales publicado por el Banco Mundial en enero del 2019 hace un amplio análisis de los factores que subyacen ante el fenómeno de la informalidad en América Latina.
Costa Rica, por supuesto, no es la excepción y no escapa al fenómeno de la informalidad –ni a sus amenazas–. Los empleos gig en el país son una señal de esto. Por ejemplo, Uber registra 22.000 socios conductores que ofrecen servicios de transporte a través de la app.
La Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares (Enameh 2017), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en febrero del 2017, mostró un crecimiento de los micronegocios en el país que pasaron de 371.000 en 2015 a 418.000 en 2017.
Las microempresas de los hogares generaron 768.258 empleos durante el 2017, el 72,1% de estos puestos fueron permanentes y el 27,9% ocasionales.
Un menor ritmo de crecimiento económico, altas cargas fiscales, barreras para acceder a crédito, bajos niveles de productividad y problemas para abrir una empresa en el país son algunos de los factores que limitan la generación de empleos formales en la economía, según el Banco Mundial.
Estos síntomas de le economía de Costa Rica tienen una correlación directa con los altos niveles de informalidad que el Gobierno se propone reducir al 2022, ya que el 40,3% de las personas con empleo informal recibe menos de un salario mínimo.
La meta trazada por el Ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 gira en torno a sacar de la informalidad a 19.500 personas por año, hasta alcanzar la meta de 78.000 trabajadores al final del periodo.
Retos para el sistema
Existen varios retos para que el Gobierno logre reducir un creciente nivel de informalidad en el país, sobre todo en momentos en los que el boom de las startups y la economía colaborativa abre las puertas para generar opciones de ganar dinero en un país con una tasa de desempleo del 10,2%.
Pamela Jiménez, economista e investigadora del Programa Estado de la Nación (PEN), recordó que los hallazgos del último informe no son muy halagüeños, sobre todo para los millennials, quienes están asediados por el desempleo, reciben los salarios promedio más bajos del país en relación con otras generaciones y cargan sobre sus hombros la responsabilidad de sostener las pensiones de la población de adultos mayores más grande en la historia del país.
Del Informe Estado de la Nación 2018 se desprende que mientras entre 2006 y 2007, el desempleo de los jóvenes de entre 18 y 24 años disminuyó casi 1,4 puntos porcentuales porque la economía generaba suficientes puestos de trabajo, la situación ahora es muy diferente.
Entre 2016 y 2017, una década después, la economía registró una severa pérdida de puestos de trabajo, lo que generó presiones al alza en el desempleo (de 0,9 puntos porcentuales). En ese periodo la población de entre 18 y 24 años disminuyó y al mismo tiempo se redujo la disposición a trabajar, lo que terminó por generar un efecto de reducción en el nivel de desempleo.
El Gobierno anunció a finales del 2018 una serie de medidas para dinamizar la economía, generar empleo y reducir la pobreza en los próximos años. Algunas de las acciones coinciden con la ruta que trazó el Banco Mundial para los países que quieren cerrar la brecha de la informalidad.
Quizás los dos retos más grandes se centran en poner a caminar un sistema tributario ágil que elimine trabas para la apertura y atracción de nuevas empresas al país, máxime cuando está por ponerse en marcha la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En un segundo nivel, pero no menos importante, una mejor regulación del mercado laboral con inspecciones directas a los negocios informales permitiría encaminar a las pequeñas empresas del ecosistema de pymes a una ruta de acceso a financiamiento y facilidades para formalizarse.
A final de cuentas, cuando una empresa entra al sistema, sus trabajadores empiezan a aportar para la CCSS y para los regímenes de pensiones, que quizás deberían repensar los mecanismos de cotización para modernizarse y permitir a los empleados gig llegar hasta ellos con más facilidad y menos burocracia.