El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Mario Arce, quiere darle un giro de 180° a la estructura de la institución.
Para el próximo año, el Gobierno impulsará una serie de reformas para el Incofer, entre las que está la propuesta de convertirlo en una empresa mixta. La idea la adelantó el propio jerarca el 1.° de noviembre durante la presentación del master plan ferroviario, que propone construir una extensa red de transporte de carga en Costa Rica durante las próximos dos décadas.
Según Arce, en estos primeros meses en el cargo los cambios se han concentrado a nivel interno, relacionados a la visión institucional, una transformación conceptual y al modelo de gestión. Pero un paso más allá será rediseñar la naturaleza misma de la entidad agónica por rentabilidad.
LEA MÁS: Incofer da viraje y pone su mira en una red de carga de 1.100 km que une puertos con fronteras
Abierto a la inversión privada
Guiado por ejemplos a nivel internacional, Arce visualiza un Incofer abierto a la inversión privada. No obstante, el modelo específico se planteará en un proyecto de ley.
La intención es recapitalizar el Incofer, aprovechar el know how del sector privado y robustecer el músculo de inversión. El funcionario justificó la transformación en razón del alto costo de adquisición de materia prima y equipo ferroviario.
Renfe, el mayor operador de trenes de España, es uno de los ejemplos de entidades públicas ferroviarias que han establecido sociedades mixtas para diferentes objetivos. El diario español La Razón informó a mediados de octubre que Renfe creará una sociedad mixta con la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) para el suministro de 28 trenes eléctricos de media distancia, por un costo de 290 millones de euros.
Este modelo de mantenimiento a través de una sociedad mixta entre Renfe y el fabricante es habitual en las adjudicaciones de trenes desde el 2005, según el medio.
En Costa Rica, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y Correos de Costa Rica son dos ejemplos de entidades públicas que funcionan bajo un régimen mixto.
Además, la ley 8.828 autoriza y regula la actividad de las sociedades públicas de economía mixta (SPEM) entre privados y municipalidades. El artículo 3 indica que las SPEM se organizarán y funcionarán conforme a las normas que rigen a las sociedades anónimas, sin perjuicio de su sujeción al derecho público.
El paso de transformar al Incofer en empresa mixta requerirá de una reforma legal que significará un antes y un después para la histórica entidad.
“Uno entiende que hay una visión histórica institucional ligado al desarrollo del Estado empresarial en el siglo XX, pero esa visión bajo el estado actual financiero y fiscal no es viable ni rentable”, afirmó Arce.
Los alcances
La empresa mixta es una sociedad como cualquier otra constituida y regida con base en el Código de Comercio. En este modelo, la participación pública debe ser suficiente para permitirle a la administración controlar económicamente la sociedad.
Dependiendo de la configuración que se otorgue, la empresa será de propiedad pública pero compartida o no con inversionistas privados y el capital accionario puede conformarse solo con aportes públicos o también privados.
Según Guillermo Matamoros, profesor de Lead University, hay varias opciones que el Gobierno puede valorar para Incofer.
Una de ellas es constituir una empresa que sea propiedad del Incofer, lo que requiere una autorización legal para crearse, definiendo su finalidad y la composición de su capital accionario.
Otra posibilidad es transformar el Incofer en una organización de naturaleza empresarial, con un capital accionario y que una proporción de este pueda ser transado en bolsa para permitir la participación privada, pero seguiría siendo una empresa estatal.
LEA MÁS: Gobierno entierra tren eléctrico y propone línea 1 de tren rápido entre San José y Paraíso
Asimismo, la Ley de Fortalecimiento del Incofer (9.366) del 2016, creada también para promover el tren eléctrico, otorga a la entidad la posibilidad de suscribir alianzas estratégicas o cualquier otra forma de asociación, dentro y fuera del país, con entes nacionales o extranjeros, públicos o privados, para el cumplimiento de los objetivos del Instituto.
Incofer también cuenta con su propio reglamento para realizar asociaciones público-privadas, alianzas estratégicas y otras figuras similares.
No obstante, Matamoros acotó que la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contratación Pública (9.986) en diciembre podría cambiar las reglas del juego. Si bien en su artículo 3 excluye de su alcance las alianzas estratégicas autorizadas por ley, establece que esa excepción no podrá utilizarse como mecanismo para la contratación de terceros sin atender los procedimientos incluidos en la misma ley, algo que para el profesor resulta contradictorio.
Las empresas mixtas gozan de flexibilidad en los procedimientos de contratación pública. Además, al no estar sujetas a una serie de leyes tienen más libertad en su gestión.
“Estas empresas generan sus propios ingresos y son suficientes para sostener su funcionamiento y prestar los servicios a que están obligadas. Habrá que ver cómo el Incofer, como empresa, podrá lograr el equilibrio financiero que requiere”, comentó el docente.
Un punto que puede jugar en contra es que, aun cuando sea de capital mixto o esté organizada como sociedad anónima, no escapan de la injerencia política, especialmente en un tema polémico como el transporte de personas y de carga. También está presente el reto de que un privado que no tenga el control de la empresa quiera poner capital en ella.
Guillermo Santana, presidente del Incofer entre 2014 y 2016, considera válido el modelo mixto pero comentó que debe ser analizado con respecto al entorno de transporte de carga del que el país dispondrá a futuro y con el que el Incofer competirá. A pesar de su costo de mantenimiento, Santana cree que la red vial es extensa y omnipresente.
“En ese contexto, cuesta imaginarse cuál sería la ventaja para que el sector privado considere rentable la inversión en infraestructura sin que el Estado no le garantice una disminución en el riesgo financiero asociado”, dijo.
EF contactó a Elizabeth Briceño y Miguel Carabaguíaz, ambos expresidentes de Incofer, para conocer su criterio sobre esta propuesta. Sin embargo, por diferentes razones, prefirieron no opinar al respecto.
En busca de un respiro financiero
En el fondo, la propuesta de conversión busca la entrada de recursos frescos para una institución con las finanzas en rojo.
Incofer acumula al menos ocho años de cerrar sus estados financieros anuales en cifras negativas por miles de millones de colones, según los registros auditados disponibles, aunque los resultados mejoraron en 2020 y 2021.
El presidente ejecutivo quiere que Incofer diversifique sus fuentes de ingreso. Por esa razón, la entidad está desarrollando un proyecto denominado gestión inmobiliaria Incofer, que implica el levantamiento georreferenciado de sus más de 900 propiedades. Esta base de datos se lanzará en 2023 y pretende generar recursos a través del aprovechamiento comercial.
Además, se vislumbra que los futuros patios de trenes intermodales detonen desarrollos en sus entornos.
“Tenemos que funcionar bajo una visión de empresa privada en la que todo el capital tiene que ser aprovechado y estar produciendo, y no desde una visión de institución pública que tiene que vivir de la beneficencia del Estado”, aseveró el funcionario.
En el evento, Arce pidió respetar las transferencias que por ley le corresponden a la institución. La Ley Orgánica del Incofer, en su artículo 36, destina al Instituto $0.20 por cada caja de banano exportada, lo que representa $25 millones al año que la entidad no ha recibido, según Arce.