La administración Chaves Robles planteó una iniciativa para reestructurar 17 órganos desconcentrados que implicarían presupuestariamente un ahorro total aproximado de ¢17.000 millones anuales (datos al 2020) para el Gobierno Central.
Así se indica en el proyecto de Ley de Recuperación de Competencias y Fortalecimiento de las Jerarquías de los Ministros (23.105), presentado el 9 de mayo a la Asamblea Legislativa y que forma parte de la agenda del Poder Ejecutivo, para este primer periodo de sesiones extraordinarias.
Debido a que la iniciativa de ley apenas inicia su trayecto legislativo, esta fue recibida con cautela por las fracciones de oposición.
El Gobierno anterior, del ex presidente Carlos Alvarado, había anunciado desde 2020 un plan que pretendía reestructurar 23 órganos desconcentrados y ahorrar unos ¢16.000 millones anuales. Sin embargo, la idea chocó contra una realidad política que le fue desfavorable y se frenó desde hace dos años.
El proyecto
El expediente legislativo 23.105 —que aún no tiene comisión asignada— tiene como objetivo simplificar la estructura del Estado, eliminar duplicidades funcionales y devolverle a los ministerios rectores sus competencias.
“Se deben establecer algunas precisiones jurídicas que fueron mal concebidas en algunas leyes. Además, de ordenar la institucionalidad pública a fin de evitar tener una dispersión institucional sin claridad de competencias desconcentradas, o con órganos que no lograron operar con los elementos institucionales que las definieron”, se lee en el documento.
La receta del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para reducir el tamaño del Estado no es uniforme. El proyecto señala que: se eliminarían 11 órganos desconcentrados y sus funciones pasarían a las de su respectivo ministerio. En este caso, el Ejecutivo propone eliminar la desconcentración y la personalidad jurídica conferida a la institución, para que la competencia la absorba el ente rector.
Asimismo, se eliminarían dos órganos desconcentrados y sus funciones; se trasladaría un órgano desconcentrado de su ministerio actual a otro nuevo; se fusionaría un ente con otras unidades en razón de la especialidad; y se eliminarían las distorsiones legales de dos órganos, sin afectar sus funciones.
Por ejemplo, el Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem) y Dirección de Bandas Nacionales se fusionarían al actual Centro Nacional de la Música (CNM), donde entrarían a formar parte de su estructura organizacional. Así, el CNM permanecería como un órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura y Juventud.
Por otra parte, las funciones del Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica y el Parque Temático, y del Fondo Nacional de Becas de Solidaridad Social se eliminarían por completo. El Centro actualmente funge como museo, sin fines de lucro, que expone el patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su entorno sobre la reforma agraria de Costa Rica.
Por otra parte, el Fondo de Becas fue creado por el Ministerio de Educación Pública (MEP), para apoyar la Ley de Educación Superior y Técnica del Puntarenense (7.667), no obstante, se consideró como inactivo desde hace más de 10 años.
El proyecto inicial planteaba la reestructuración de 15 órganos desconcentrados, no obstante, en el expediente disponible en la página web de la Asamblea Legislativa, se añadió a la Dirección General de Servicio Civil, al Tribunal Administrativo del Servicio Civil y al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano.
El concepto de “desconcentración de la competencia” posibilitó la creación de instituciones que tienen implicaciones operativas y presupuestarias. Un modelo adoptado por el legislador en la Ley General de la Administración Pública (6.227).
Por otra parte, la “personalidad jurídica instrumental” le permite a estos órganos, administrar sus propios recursos, lo que a la vez les faculta a contar con un presupuesto independiente del ministerio del que son subordinados. Al eliminar esta característica, en algunos casos, existirá la supresión de Juntas Administrativas y Comisiones que tenían obligaciones de índole presupuestario y de manejo independiente de sus asuntos financieros.
Esta reestructuración también hace eco en un estudio hecho por el Ministerio de Planificación (Mideplán) en 2019, el cual apuntó elementos característicos de las instituciones públicas que versan en la normativa, su estructura organizativa, presupuesto, recurso humano y elementos de gestión identificados en índices de la Contraloría General de República y la Defensoría de los Habitantes.
Reacciones
Las fracciones de oposición consultadas por EF como el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Liberal Progresista (PLP) y el Partido Frente Amplio (FA), aún se muestran reacias a emitir una opinión y y precisan que lo deberán consultar con sus pares en los próximos días.
“Siempre vamos a estar anuentes a discutir proyectos que permitan la optimización del Estado y eliminar la burocracia, eso sí, sin que se afecte el funcionamiento de programas importantes en áreas sociales, de cultura, educación, y salud”, manifestó, Daniela Rojas, jefa de fracción del PUSC.
Asimismo, Jonathan Acuña, jefe de fracción del FA, precisó que han percibido preocupaciones por parte de ciertos sectores, por ejemplo, personas que los contactan para conocer el impacto que pueda tener la reorganización del Sinem en la población que recibe estos servicios.
Eliécer Feinzag, jefe de fracción del PLP comunicó por medio de su asesor de comunicación y prensa, que requería un poco más de tiempo para estudiar el proyecto, ya que no quería presentar una respuesta “apresurada”.
Por su parte, Pilar Cisneros, jefa de fracción del bloque oficialista (Partido Progreso Social Democrático), explicó que una ley anterior devolvió los presupuestos de estos órganos al ente rector; por lo que ahora, se pretende devolver la autoridad al ente rector.
“Esto no implica despidos ni recortes en presupuestos, sino que el ministro tenga autoridad para tomar decisiones”, afirmó Cisneros.
Anterior esfuerzo
Los intentos por reorganizar partes del enorme aparato estatal datan de muchas administraciones atrás. El gobierno de Carlos Alvarado trabajó en una propuesta para reestructurar 23 órganos desconcentrados pero la iniciativa quedó a la deriva en 2020.
El plan se incluyó dentro de la primera propuesta de ajuste fiscal que se planteó a la población para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a finales de ese año; la cual terminó en la basura luego de diversas protestas.
La reestructuración, también se basaba en el estudio hecho por el Mideplán hace tres años. La ex ministra de Planificación, Pilar Garrido aseguró que los tiempos políticos lo impidieron. “Ojalá (el proyecto) pueda ser retomado por otras autoridades, porque hay una discusión que parte de temas esencialmente presupuestarios y del tamaño del ahorro que genera, pero realmente la discusión de fondo debe ser otra: qué tanto se le aporta bienestar a la gente con eficiencia y eficacia”, había afirmado Garrido, en una nota publicada por este medio en marzo de 2022.
El andamiaje de las instituciones públicas costarricense incluye a 322 entidades, pero el margen de maniobra con ellas se reduce si se analiza ese número a fondo: un 33% corresponde a los ministerios, municipios y consejos municipales de distrito; un 11% a instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas; y otro 16% a entes públicos no estatales, principalmente representaciones gremiales y colegios profesionales.
La mayoría del 40% restante, aunque no todo él, corresponde a 84 órganos adscritos: 67 a ministerios y 17 a instituciones autónomas.