El Gobierno de la República planteó desde 2020 un plan que pretendía reestructurar 23 órganos desconcentrados y ahorrar unos ¢16.000 millones anuales. Sin embargo, la idea chocó contra una realidad política que le fue desfavorable y se frenó desde 2020.
El plan se incluyó dentro de la primera propuesta de ajuste fiscal que se planteó a la población para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a finales de ese año; la cual terminó en la basura luego de diversas manifestaciones en las calles. En aquel entonces, el gobierno indicó que la propuesta permitiría el ahorro anual de un 0,05% del producto interno bruto (PIB) de ese año.
La reestructuración se basaba en un estudio hecho por el Ministerio de Planificación (Mideplán), que se realizó desde 2019. Ese documento también recomendaba cerrar el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y trasladar sus funciones al Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), lo cual finalmente se concretó en 2020 a través de otra reforma legal, para un ahorro de ¢1.000 millones anuales, según estimó el Ejecutivo.
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El resto de recomendaciones, por otra parte, se quedaron en solo en el papel hasta ahora. Según indicó la ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del gobierno, Pilar Garrido, se puso por encima la gestión política de la recién aprobada reforma al empleo público, cuya discusión se extendió casi tres años. La pandemia de COVID-19 redujo los tiempos para la discusión de reformas de peso y el Gobierno consideró necesario priorizar una reforma sobre otra.
En qué termine la reorganización ahora dependerá de la nueva administración que asuma el Gobierno a partir de mayo próximo. También dependerá, en alguna medida, de si el presidente Carlos Alvarado quiere someterla al Congreso en lo poco que queda de su mandato.
El proyecto
El Gobierno de la República describió sus planes de reorganización en un documento que se publicó en 2020, en conjunto con la primera propuesta de negociación con el FMI.
Aquel documento señalaba que: se eliminarían nueve órganos desconcentrados y sus funciones pasarían a las de su respectivo ministerio; se eliminarían cinco órganos desconcentrados y sus funciones; se trasladarían dos órganos desconcentrados de su ministerio actual a otro nuevo; y se fusionarían cuatro entes más en solo dos unidades.
Asimismo, se planteaba eliminar distorsiones legales en otras dos entidades.
Para llegar a sus conclusiones, la cartera de gobierno revisó la situación de hasta 68 entidades: todas las adscritas a ministerios bajo la figura de la organización pública.
En su informe, Mideplán justificaba la investigación con advertencias hechas en el pasado por entidades internacionales, que han sido críticas de la dispersión institucional costarricense, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Según redactó, se trata de un lastre que “impide mejorar la gobernanza pública e incide en la implementación efectiva de políticas públicas y servicios”.
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Plan interrumpido
A pesar de que el gobierno había anunciado esta reestructuración como una medida estructural dentro de su “ruta de consolidación fiscal”, desde 2020, al final nunca vio la luz.
La ministra Garrido aseguró que los tiempos políticos lo impidieron. Por un lado, la pandemia de COVID-19 acortó los márgenes de maniobra políticos y los tiempos para impulsar reformas y, en ese mismo sentido, el gobierno optó por priorizar el impulso de la recién aprobada Ley Marco de Empleo Público, cuyo impacto fiscal e institucional se consideró mayor.
Pese a ello, Garrido consideró que todavía no puede hablarse de un esfuerzo perdido. “Confío en poder por lo menos presentar (el proyecto) y que ojalá pueda ser retomado por otras autoridades, porque hay una discusión que parte de temas esencialmente presupuestarios y del tamaño del ahorro que genera, pero realmente la discusión de fondo debe ser otra: qué tanto se le aporta bienestar a la gente con eficiencia y eficacia”, afirmó.
Desde el punto de vista del ministro de Hacienda, Elian Villegas, la reorganización de los órganos desconcentrados es una necesidad que va más allá de la inclusión de 50 de ellos en el Presupuesto Nacional que se hizo en 2021.
“Algo que nos ha demostrado esa incorporación es que existen algunos ahorros que se podrían tener si no fueran propiamente órganos desconcentrados”, afirmó. “También existen algunas eficiencias operativas que se podría tener si trabajaran de forma unida a la administración y si se eliminaran algunas juntas directivas”.
El andamiaje de las instituciones públicas costarricense incluye a 322 entidades, pero el margen de maniobra con ellas se reduce si se analiza ese número a fondo: un 33% corresponde a los ministerios, municipios y consejos municipales de distrito; un 11% a instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas; y otro 16% a entes públicos no estatales, principalmente representaciones gremiales y colegios profesionales.
La mayoría del 40% restante, aunque no todo él, corresponde a 84 órganos adscritos: 67 a ministerios y 17 a instituciones autónomas.
Muchas de esas entidades representan armazones con sus propios departamentos de auditoría, administrativos y legales, recordó el ministro Villegas. “Esto incluso genera que algunas veces haya contradicciones entre órganos y sus ministerios, y eso viene a minar la administración pública”, subrayó.
Reforma del Estado
El presidente Carlos Alvarado afirmó el 6 de febrero de 2020 que los planes del Ejecutivo para fundir instituciones estaban “muy avanzados” para aquel entonces.
En esa fecha todavía no se registraba el primer caso de COVID-19. Tampoco se había iniciado la conversación con el FMI, para un acuerdo estructural.
“Hay mucha dispersión de instituciones y existe una posibilidad maximizar recursos”, dijo en aquel momento, en un espacio de atención a la prensa. “¿Cuáles? Ese es el ejercicio que estamos haciendo (...) ese es un trabajo que ya está muy avanzado y que se presentará tanto en acciones del Poder Ejecutivo como en el Congreso”, apuntó.
Alvarado mencionó que, entre otros flancos, se debía trabajar en la fusión de las superintendencias del Estado; pero finalmente no se avanzó mucho más en esa dirección.
El presidente luego dejó de lado ese tema, pero lo volvió a mencionar recientemente, dos años después de aquel episodio. En un nuevo espacio de atención a la prensa y a menos de tres meses de dejar su puesto en Zapote, dijo que le gustaría dejar en discusión un plan para fusionar las instituciones del sector vivienda antes del cierre de su mandato.
