Variedad de candidatos proponen la titularización de proyectos de extracción minera como una forma de obtener recursos frescos, más rápidamente, que permitan financiar otras necesidades estatales en materia de infraestructura, servicios sociales o hasta el pago de deuda pública.
Entre otros, la idea ha sido mencionada por los candidatos José María Figures, del Partido Liberación Nacional (PLN); Rolando Araya, de Costa Rica Justa (PCRJ); y Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR); en debates y entrevistas.
Figueres ha dicho que esta sería una opción para aumentar la inversión en el país y en la Zona Norte (aprovechando los recursos existentes en la zona de Crucitas); Araya ha mencionado que serviría para inyectar recursos a la economía, alentar su crecimiento y generar empleo; mientras que Alvarado lo ha propuesto como una forma de reducir el déficit fiscal y mantener la estabilidad macroeconómica del país.
EF consultó a diversos especialistas en materia legal. Ellos coincidieron en que el problema con la titularización de proyectos mineros va más allá del tipo de mecanismo de financiamiento en sí mismo, sino en cuestiones que rozan con la legalidad de la explotación mineral y la capacidad de atraer inversionistas.
Por un lado, la titularización de este tipo se enfrentaría a la jurisprudencia costarricense, que suele ser bastante restrictiva y privilegiar la protección ante la duda en temas ambientales. Por otro, también tendría que proveer suficiente confianza a sus eventuales inversionistas.
Sobre la posibilidad de invertir en este tipo de iniciativas, la superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, señaló que impulsar o no este tipo de ideas depende de la política pública que se defina en cada administración; pero que el sector del pensiones (uno de los que más recursos podría invertir en títulos) tendría que sopesar si pueden o no invertir en ellas sin incumplir sus regulaciones internacionales sobre sostenibilidad en materia de valores.
Legalidad
La titularización de ganancias en proyectos mineros podría estar lejos de ser una posibilidad en el corto plazo, según explicó a EF el especialista en derecho administrativo de la firma Caoba Legal, Esteban Alfaro.
La jurisprudencia costarricense suele privilegiar la protección del ambiente y, según el criterio del abogado, explorar opciones en esa vía podría requerir de reformas legales e incluso de análisis por parte de la Sala Constitucional.
“En recursos naturales, el marco legal que tenemos y la jurisprudencia de la Sala en materia de protección al ambiente, existe un principio protector muy fuerte”, detalló.
LEA MÁS: Tramitomanía desincentiva fondos de inversión para construcción de obra pública
Costa Rica incluso se declaró libre de minería a cielo abierto desde diciembre de 2010, a través de la Ley de Reforma al Código de Minería (8.904). Esta se aprobó en medio de las discusiones en relación con la concesión minera que se pretendía efectuar en Crucitas, de San Carlos.
“Este es un tema con posiciones personales, pero el marco legal está y es restrictivo. (En Costa Rica) se utiliza el principio de in dubio pro natura, que implica que en caso de que exista duda de si una actividad humana tiene incidencia negativa en el ambiente esta se detiene, de manera similar a lo que sucedió con Crucitas”, subrayó Alfaro.
Más allá de las cuestiones de regulación ambiental, la titularización de proyectos mineros también requeriría de sortear otro reto que aún ni siquiera se ha podido despejar del todo en la generación de obra pública: ofrecer suficiente confianza a los inversionistas interesados.
Para que un esquema de este tipo funcione, quienes fondeen el proyecto deben estar convencidos del riesgo que asumen, y en esto es fundamental que la oferta sea de calidad y garantice la capacidad de respuesta de quien administre las operaciones; sea una empresa privada, el Estado o un fideicomiso.
Este es otro punto que podría complejizar la aplicación de este tipo de propuestas que ahora se manifiestan en campaña, mencionó el socio legal de la firma Grant Thornton, Rafael González.
“Este modelo tiene el riesgo implícito. Hay un público ahorrante que va a invertir sus recursos en una obra cuyo riesgo no es suyo (...) Por todo esto, ofrecer esta medida como una solución inmediata me parece aventurado”, subrayó.
La superintendente Aguilar señaló que esa falta oferta atractiva y bien formulada, principalmente en sus fases de preinversión, es la que hace que todavía no se utilicen en mayor medida este tipo de mecanismos siquiera para la construcción de obra pública, a pesar de los buenos resultados que han dado en otros países.
Titularización compleja
Las propuestas de titularización también se han mencionado insistentemente como una forma de financiar la construcción de obra pública, ante la escasez de recursos propios del Estado para este tipo de inversiones.
Actualmente, la principal apuesta de la administración se concentra en la generar su obra a través de contrataciones con recursos provenientes de créditos internacionales, según explicó el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
El jerarca aseguró durante la presentación del presupuesto nacional para el año 2022 que esta ha sido la vía de escape, ante la asfixia fiscal de las finanzas públicas y las medidas de restricción de gasto que se aplican actualmente.
LEA MÁS: Fideicomiso le gana terreno a la concesión en proyectos de obra pública
En este escenario, la emisión de títulos para la generación de obra pública es una posibilidad que se analiza como una posible salida desde hace ya varios años, comentó la superintendente de Pensiones.
Aguilar consideró que una mayor titularización de obra pública sería factible en el mercado de capitales y que existen suficientes mecanismos para implementarla.
“Para aprovechar la oportunidad de mercado, lo primero que es imperativo es tener proyectos que hayan completado el ciclo y hayan logrado resolver los problemas que normalmente solemos resolver en etapa de preinversión; es decir, que la preinversión sea una garantía, al igual que su estructuración (por concesión, fideicomiso o cualquier otra figura)”, comentó.
Pese a la baja oferta, Costa Rica ya ha desarrollado iniciativas en la materia. Por ejemplo, para proyectos hidroeléctricos o construcción de edificios.
Además de este tipo de titularización de obra pública, el Gobierno ya propuso en 2020 con un plan que buscaba crear un fideicomiso y titularizar las utilidades futuras del Instituto Nacional de Seguros (INS) en los próximos años. Con ello, quería acceder de manera adelantada a unos ¢288.000 millones.
La intención era utilizar los recursos para cubrir gastos relacionados con la pandemia de COVID-19 y sanear las finanzas públicas. No obstante, la propuesta no alcanzó a concretarse, pese a su presentación formal ante el Congreso.