Establecer una empresa para producir en Costa Rica es más caro que en el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), incluidos los países latinoamericanos en ella, como México, Chile o Colombia.
El cálculo lo realizó la propia OCDE para su más reciente informe de Estudios Económicos Costa Rica 2023, publicado este mes de febrero.
Mientras que en Costa Rica los trámites obligatorios para establecer una compañía con responsabilidad limitada pueden costar alrededor de unos $984, el promedio de la OCDE cae a solo $546, por poner un ejemplo.
Lo mismo pasa cuando se busca establecer una empresa personal, sin empleados. Estos trámites pueden costar hasta $320 en Costa Rica; mientras que en países como Chile o México no se requieren mayores inversiones.
¿Por qué ocurre este fenómeno?, las respuestas varían; sin embargo, el exceso de trámites y permisos requeridos es uno de las principales que menciona la OCDE. “Entre las barreras que dificultan la entrada, las cargas administrativas y el sistema de licencias y permisos son las más problemáticas”, dictaminó la entidad internacional.
Ventanillas únicas
A pesar de los anuncios gubernamentales de los últimos años, relacionados con reformas y reducción de trámites, la OCDE determinó que existen problemas de forma y de fondo persistentes, que hacen mucho más incómodo formalizar un negocio en el país.
En cuanto a la forma, la organización calificó como un “desafío pendiente” que las ventanillas únicas existentes no permiten resolver todos los requisitos administrativos en un solo lugar.
Además, señaló que existen carencias tecnológicas de peso y que “adoptar el gobierno electrónico puede ser un medio poderoso para facilitar el cumplimiento de los trámites administrativos a un costo mínimo”.
La OCDE también mencionó como un obstáculo para la digitalización de trámites la carencia de un sistema más accesible para la ciudadanía de la firma digital, la cual “se percibe como engorrosa” y a veces no es suficientemente validada por las propias instituciones públicas.
“Algunos países de la OCDE ejemplifican el efecto transformador que puede tener un mecanismo de firma digital ampliamente aceptado y fácil de usar para reducir la burocracia y facilitar el cumplimiento de los trámites administrativos”, anotó la entidad.
En cuanto al fondo de los procesos, la OCDE también indicó que las regulaciones existentes podrían estar mal calibradas.
En ese sentido, aseguró que se puede trabajar para “agilizar, eliminar duplicidades y regulaciones que ya no son necesarias y armonizar las regulaciones entre las diferentes entidades públicas”, lo cual requeriría de “un mayor diálogo público-privado, en el que el sector privado pueda señalar problemas y contribuir a la solución”.
La OCDE dijo reconocer esfuerzos por parte del Ministerio de Economía y del Banco Central en estas direcciones; sin embargo, son cuestiones que siguen pendientes de resolución definitiva.
Efecto sobre precios y competencia
Las dificultades para establecer negocios formales en Costa Rica limitan la productividad, la competencia, y, por ende, afectan negativamente a la fijación de precios en el país.
Según reseñó la OCDE en su informe, la competencia débil “tiende a traducirse en precios relativamente altos de los bienes para los consumidores y de los insumos para las empresas” lo cual “ha llevado a una categorización general de Costa Rica como un país caro”.
La medición del índice de Regulación del Mercado de Productos (PMR, por sus siglas en inglés) –que evalúa la eficiencia de las políticas y regulaciones para la promoción de la competencia en un territorio determinado– sitúa a Costa Rica en el peor puesto de toda la OCDE.
El país tiene un indicador de 2,3 de entre 6 (en la escala: 0 es el límite menos restrictivo y 6 el más restrictivo), mientras que el promedio de la OCDE es de apenas 1,4.
Además de las “altas barreras de entrada” para la creación y formalización de las empresas, la OCDE apuntó como otra de las posibles causas del problema a los altos niveles de participación estatal sobre sectores claves de la economía, como la electricidad, el transporte, la banca, los seguros y los productos derivados del petróleo.
“La gobernanza de las empresas públicas ha mejorado gradualmente, pero falta resolver desafíos importantes (...) En su conjunto, el sector de las empresas de propiedad estatal actualmente no presenta una pérdida significativa del presupuesto, pero algunas empresas de propiedad estatal desempeñan un papel dominante en sectores críticos y este desempeño tiene implicaciones críticas en toda la economía”, subrayó.
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Un ejemplo de esta implicación crítica sobre la economía es el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), según la Organización. Se trata de una entidad que presta todos los servicios de transmisión del país y es responsable del 44% de la distribución de energía eléctrica, en condiciones de dominio regulado por ley y que, sin embargo, tiene un desempeño operativo “mediocre” en comparación con instituciones pares de la región.
La OCDE también señaló el caso de la banca, altamente concentrada en el sector público, que cuenta con una serie de asimetrías que alientan ese fenómeno y, el mismo tiempo, restan inventivos para la eficiencia a las entidades estatales.
“Las asimetrías clave son la obligación legal de las instituciones públicas no bancarias de depositar el efectivo en bancos públicos o el requisito de que los bancos públicos paguen contribuciones a una serie de fondos estatales”, anotó el organismo.
También limita la competencia, según la OCDE, el establecimiento de cargas altas a la actividad empresarial y al empleo (mediante las planillas). Este factor limita la formación de empresas, pero sobre todo que estas puedan mantenerse temporalmente en el mercado u ofrecer mejores condiciones en el mismo cuando lo consiguen.
El informe de Estudios Económicos hecho por la OCDE para Costa Rica se presentó este 6 de febrero y es la actualización más reciente de revisiones periódicas que se suelen realizar cada bienio.