Después de catorce años como magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz se convirtió en el nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
“Soy optimista pero tengo un realismo crítico. Son momentos de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. (...)Tenemos que ver que los derechos fundamentales de las personas sean respetados y que siempre hay alguien que pierde el juicio”, manifestó Cruz tras su elección.
Durante su trayectoria Cruz ha enfrentado un camino largo, empedrado, y que estuvo aderezado de críticas, por las decisiones que tomó cuando se desempeñaba como Fiscal General de la República.
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En agosto de 2013 confirmó a La Nación que su nombramiento como magistrado se vio afectado durante años por el manejo que le dio al caso del capo mexicano Caro Quintero en 1985, cuando se desempeñaba como Fiscal General.
En ese entonces Cruz se encontraba vacacionando en Puntarenas, cuando se le informó que el mexicano se encontraba de manera ilegal en el país. Al no encontrar razones ni pruebas en contra de Quintero, decidió entregarlo a las autoridades para que lo deportaran.
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”En ese momento, Rodrigo Castro (entonces jefe interino del OIJ), me llama y me dice que no tenían nada contra él para poderlo acusar. Como estaba ilegal en el país, la práctica es que sea expulsado del país, aparte hubo coordinación con las autoridades mexicanas para llevárselo y juzgarlo en México. El Poder Ejecutivo lo entregó a las autoridades”, comentó Fernando Cruz a La Nación.
Días después Cruz se enteró que Quintero era uno de los capos más importantes de la época. Sin embargo, luego de analizar el informe de la Comisión de Narcotráfico, no encontró evidencias para hacer una acusación contra el mexicano.
Esta decisión fue objeto de críticas y cuestionamientos que, según Cruz, afectaron sus intentos por convertirse en magistrado. Fue un puesto que logró veinte años más tarde, cuando fue designado como magistrado en la Sala Constitucional.
Durante la entrevista a La Nación también comentó que además de la decisión que tomó sobre Caro Quintero, el haber investigado a un Presidente de la República también tuvo un costo en su trayectoria profesional.
“Eso era una cosa, pero me sacaban otras cosas, porque yo fui el primer fiscal general que investigó a un presidente de la República, a don Luis Alberto (Monge) por el Fondo de Emergencias. A un fiscal general que cuestiona presidentes o expresidentes, le cuesta mucho llegar a ser magistrado”, manifestó Fernando Cruz.
Momento de crisis
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia asume en momentos de crisis para el Poder Judicial, institución que se ha visto salpicada por las sanciones del expresidente de la Corte Carlos Chinchilla; la presidenta de la Sala Tercera, Doris Arias Madrigal; María Elena Gómez Cortés y Jesús Ramírez Quirós (miembros de la Sala Tercera); por desestimar una causa contra Otto Guevara y Víctor Morales Zapata por presunto tráfico de influencias en el caso de cemento chino.
La llegada de Cruz también se da en medio de críticas por las “pensiones de lujo” y el recorte equivalente al 0,4% de su presupuesto actual, en momentos donde el país enfrenta un alto déficit fiscal.
Tras la petición del Ministerio de Hacienda, la Corte anunció que quitará ¢2.073 millones de su plan de gastos del 2018, el cual es de ¢474.792 millones.
Cruz es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica y cuenta con un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. Inició su trayectoria en 1972 como agente de Faltas y Contravenciones en Alajuela.
Además se ha desempeñado como actuario, agente fiscal, fiscal general, juez superior, presidente del Tribunal de Casación Penal y magistrado constitucionalista.