El proyecto de Ley de Creación del Fondo de Avales y Garantías (21.144) recibió su aprobación legislativa en primer debate, con el respaldo unánime de los 40 legisladores presentes en el Congreso este 14 de diciembre.
La iniciativa permitiría al Gobierno disponer de $270 millones como respaldo crediticio de entidades financieras que ofrezcan créditos nuevos o readecuaciones para que empresas afectadas por la pandemia de COVID-19, a cambio de que estas mantengan o aumenten sus condiciones de empleo a la hora de invertir sus recursos.
El proyecto pretende destrabar unos $3.000 millones de financiamiento para unas 18.000 entidades, según las estimaciones iniciales del Poder Ejecutivo.
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El proyecto recibió su aprobación un año y cinco meses después de que entró en corriente legislativa, en agosto de 2020. En aquel entonces, el Gobierno de la República planteó la iniciativa como la principal herramienta de política pública para enfrentar el impacto del coronavirus en las cifras de desempleo.
No obstante, su trámite estuvo plagado de discusiones sobre el manejo de los recursos, provenientes de un empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $300 millones.
Inicialmente se iba a utilizar la totalidad de los recursos para el fondo de avales; sin embargo, finalmente un 10% se redirigió para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Crédito de “pérdida esperada”
Los recursos del fondo se utilizarán para cubrir avales de hasta 75% del saldo principal de los créditos que se otorguen a empresas afectadas por la pandemia que opten por ellos.
La idea es que las entidades financieras otorguen créditos potencialmente recuperables, durante los primeros 18 meses de la entrada en vigencia del fondo; sin embargo, se trabajará bajo la figura de “pérdida esperada”.
En otras palabras, parte de los recursos del fondo deberían utilizarse en casos de impago de las empresas beneficiarias.
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A cambio de las opciones de crédito del fondo de avales, las personas o entidades que accedan a sus recursos deberán comprometerse a cumplir con las obligaciones propias de sus contratos, y mantener o aumentar sus niveles de empleo al momento de la solicitar el financiamiento.
La vigencia del fondo y de los avales sería por un plazo máximo de 10 años. Por ese motivo, las operaciones crediticias no podrían superar esa magnitud.
El fiduciario de los recursos del fondo será el Fondo para el Desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (Fodemipyme), administrado por el Banco Popular; y el dinero solo estarán disponibles para operaciones de entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La presidenta legislativa, Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), fijó la votación en segundo debate para este próximo jueves 16 de diciembre.